El cambio climático provocado por el calentamiento global alterará la economía de todos los países de la región. Migraciones de industrias enteras, la escasez de agua y el alza de las mareas impulsará la ruina de algunas y podría cambiar la geometría del poder.
Latinoamérica es un lugar curioso. Si a un país de la región le dicen que no sobrecaliente su economía para crecer continuamente en el tiempo todos lo encuentran, más que razonable, obligatorio. Pero si a ese mismo país le sugieren que sacrifique parte de su crecimiento actual –cambiando agresivamente su matriz energética– en busca de asegurar así un crecimiento futuro sustentable (y no sobrecalentando el planeta), los partidarios de la idea son tratados de locos. El drama es que hacerse los tontos hoy sale gratis, pero en 2050 la factura regional de seguir haciendo negocios como siempre será de US$ 100.000 millones (el 2,2 por ciento del PIB regional de 2010) por año, según el informe El Clima y el Desafío del Desarrollo para América Latina y el Caribe: Opciones para un Desarrollo Adaptativo Bajo en Carbono, presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo en la Cumbre de Río + 20. Es el costo proyectado de los perjuicios que causarán algunos de los efectos del alza, originada por la acción humana, de 2 °C de la temperatura para mediados de este siglo. Ello si es que la suba es de sólo ese par de grados. De hecho, “bajo la tendencia actual de las emisiones, 6°C es más probable que 3°C para fines de la centuria”, anticipa el trabajo Mundos Alternativos, tendencias globales 2030, del National Intelligence Council de EE.UU.
El cambio climático no sólo impactará en los números (productividad y rentabilidad) de la agricultura, salud, pesca y demanda de energía; pondrá además en peligro la supervivencia de algunos de los países tal como los conocemos. Dado que hoy la energía es relativamente barata, flota la idea de que poniendo más aires acondicionados, construyendo acueductos y plantas desalinizadoras de agua no habrá más que efectos secundarios molestos. No es así. Nuestros hijos verán la ruina de regiones enteras, muchas industrias se moverán hacia el frío. Detrás de ellas, millones de personas migrarán hacia zonas altas en las montañas, el extremo norte y el extremo sur, (o, al menos, hacia donde haya agua) provocando tensiones políticas y militares. De no haber una coordinación y generosidad regional de alto nivel, las naciones del Caribe y Centroamérica verán su infraestructura dañada permanentemente. Zonas agrícolas enteras del centro de Chile, sur de Brasil y norte de Argentina podrían perderse o volverse marginales.
¿Mitigar qué?
En el caso de la agricultura, en particular, “no existen estimativos para un incremento de 4 grados, laguna preocupante, considerando que la probabilidad de limitar el cambio climático a un incremento de 2 grados disminuye con cada día y semana que pasa”, dice Antonio Hill, asesor de Política Ambiental para el cambio Climático de Oxfam. En el caso de un aumento suave, lo que sí se sabe, agrega, es que la adaptación del sector agrícola “requiere una inversión pública adicional de aproximadamente US$ 1.200 millones anuales hasta el 2050”. De muestra un botón: el Centro Internacional de Agricultura Tropical advierte que, a ese año, con un aumento de sólo 2,5 °C, El Salvador perderá el 81 por ciento de su producción de café, Nicaragua el 60 y México el 50. El último de los tres países, pese a tener US$ 17.000 millones de exportaciones agrícolas (2010), planea invertir apenas US$ 138 millones en el tema de la adaptación al cambio climático en los próximos diez años.
La cruda realidad es que Latinoamérica no está haciendo nada para mitigar el calentamiento global; esto es, para dejar de emitir los gases que lo provocan: el dióxido de carbono (CO2) y el metano. Y menos para adaptarse a tal calentamiento. Continuando una tradición de 500 años, parece esperar que las soluciones tecnológicas y el financiamiento arriben desde el exterior. Vienen, pero con cuentagotas: “En los últimos tres años la región entera ha recibido de la comunidad internacional apenas US$ 49 millones para la adaptación al cambio climático en todos los sectores", pone el dedo en la llaga Hill. En su mayor parte provienen del Fondo de Adaptación que estableció el Protocolo de Kyoto. Una billetera más grande es la tiene el Global Environment Facility (GEF), que ha gastado US$ 40 millones en el Caribe desde 1998. Y otros US$ 35 millones en el tema de la retirada de los glaciares andinos en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia.
Bajo el paraguas de una entidad “prima”, el Programa Piloto de Adaptación Climática (PPCR, en inglés), un derivado del Climate Investment Funds (CIF), se financia la realización de diagnósticos para la adaptación en Jamaica, Haití, México y Chile, más otro a nivel regional.
Las cifras que invierten los países por sí mismos no son mayores. Colombia lanzó en 2005 un Programa nacional de adaptación, focalizado en sus hábitats montañosos, costeros, insulares y en el sector salud. ¿Presupuesto total? US$ 30 millones.
Esto a pesar de que, según el informe del BID, gastar en prevenir es negocio: “Los costos totales necesarios para adaptarse económicamente a los inevitables impactos del cambio climático, con independencia incluso de reducciones drásticas de las emisiones, se han estimado en el orden de US$ 17 millones a US$ 27.000 millones. O aproximadamente un cuarto a un sexto de los costos de los impactos”. Visto así, “la implicación es que las medidas de adaptación son claramente rentables. Gran parte del impacto económico adverso puede evitarse o ser compensado al dedicar suficientes recursos financieros a las actividades de adaptación”.
Aunque actualmente la región es la responsable sólo de un 11 por ciento de las emisiones de C02, también tiene que hacer un esfuerzo para bajar su aporte a la atmósfera. Pero, en una mezcla de patetismo e ignorancia, que afecta tanto a gobiernos de derecha como de izquierda, dado que el calentamiento es el resultado de dos siglos de emisiones de Europa, Rusia, Japón y EE.UU. (más las recientes de China), Latinoamérica cree que puede poner este tema en el fondo de las prioridades y financiamiento. ¿El resultado? Llegaremos a 2050 emitiendo cinco veces más que la cantidad requerida para estabilizar el clima planetario.
En esta irresponsabilidad también tiene culpa la población. “Hay una muy baja conciencia de los riesgos de esta tendencia al calentamiento global”, dice Fernando Eguren, presidente Centro Peruano de Estudios Sociales (CEDES), en Lima. “Acá se considera positivo el crecimiento de 10 a 15 por ciento anual en autos importados. No hay cuidado del impacto de esto. Debería de haber un debate sobre los modos de producción y consumo”, agrega.
Economía biofísica
La discusión sobre el modo de generación de energía es central para Jesús Ramos Martín, catedrático del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Barcelona: “Las naciones centroamericanas, junto con algunas caribeñas, son las que están en una situación de mayor riesgo en la región”. ¿La razón? “Su alta dependencia energética (de hidrocarburos importados) no se corresponde con recursos existentes, lo que las hará todavía más dependientes en un futuro inmediato de precios altos. Esto impondrá sin duda nuevas presiones exportadoras (para obtener divisas) que agravarán la presión sobre sus recursos naturales nacionales”. Es por ello que “en estos países es más urgente hacer una transición energética hacia fuentes renovables, aunque sea a costa de unos menores niveles de crecimiento en el corto plazo”.
Ramos Martín es protagonista central de una nueva escuela económica, la economía biofísica o economía ecológica, la cual entiende que toda economía “requiere el mantenimiento de la base material (la naturaleza) que sirve los inputs a la actividad económica”. Los economistas biofísicos dejan atrás la idea, que une tanto a los economistas neoclásicos, keynesianos y marxistas, de que los recursos son infinitos y que el ingenio humano y el mercado encuentran siempre reemplazo cuando no lo son. En su reemplazo ponen el foco en medir “el perfil metabólico de una economía”, es decir, su patrón de consumo de recursos naturales. “Los perfiles metabólicos nos sirven para poder definir tipologías de consumidores y poder hacer escenarios de desarrollo futuro”, dice el experto. Y diversos trabajos anticipan problemas para las economías de Argentina, Chile y Brasil, relata, a menos que se organicen para hacer “una transición de su sistema energético hacia fuentes renovables. Al menos para la electricidad”.
Igualmente grave es el tema de la disponibilidad de alimentos. No hay un banco de alimentos regional como en la India o Indonesia. Tampoco reservas de granos o carne de cerdo para medio año, como en China. Ello en una región con cada vez más países importadores netos de alimentos, lo que incluye a Venezuela y Chile. “Los bancos de alimentos pueden ser una parte imprescindible de la solución, pero la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios frente al cambio climático requiere acciones urgentes en otras áreas también, como por ejemplo regulación de los mercados de commodities", pide Hill, de Oxfam.
Perú adelante
La nación andina muestra una actitud algo más proactiva que el promedio de la región. Lo corrobora el Plan de Gestión de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agrario, período 2012-2021. Éste contempla una inversión de algo más de US$ 74 millones. “Su objetivo es reducir los impactos del cambio climático en la actividad agropecuaria, tomando medidas adecuadas para reducir dichos efectos como las inundaciones, heladas, friaje y sequías”, explica Javier Perla Álvarez, Gerente de Negocios Sostenibles de Libélula, consultora que participa en la coordinación del que quizás es el esfuerzo de preparación más completo de la región. Se trata del Proyecto Planificación ante el Cambio Climático (PlanCC). “Ha sido diseñado con la participación de instituciones públicas, privadas y no gubernamentales bajo el liderazgo de un Comité Directivo Gubernamental, presidido por el Ministerio del Ambiente e integrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)”, dice Perla. Su objetivo es “generar evidencia cuantitativa sobre los posibles escenarios de mitigación del cambio climático en el Perú”, a la vez que “sentar las bases para un crecimiento económico bajo en carbono, en el largo plazo”.
Con el 90 por ciento de la población habitando en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas, Perú es un candidato serio a la crisis. Perla recuerda que para “el año 2030 se prevé un aumento de la temperatura mínima del aire entre 0.4 y 1,4° C, en especial en la costa y selva norte, selva central y parte del sector sur andino”. Además, “las precipitaciones anuales se reducirían principalmente en la sierra, entre –10 por ciento y –20 por ciento, y en la selva norte y central hasta en –10 por ciento, mientras que los incrementos más importantes se darían en la costa norte y selva sur entre +10 por ciento y +20 por ciento”. El país podría perder más del 20 por ciento del PIB proyectado a 2050 (el 6 a 2030).
Santiago caliente
Donde también va a faltar agua es en Santiago de Chile. Usando un modelo llamado PRECIS, las estimaciones para 2071 a 2100 indican que las temperaturas medias se incrementarán 3 a 4 Cº (incluso 5 en algunas zonas) de la ciudad, respecto de las actuales. Entre Marzo y Mayo las lluvias serán 40 a 60 por ciento menores. Y entre Junio y Agosto 70 a 80 por ciento bajo el promedio histórico. Más calor supone más necesidad de agua, así que la cosa pinta oscura. Para Kerstin Krellenberg, del Centro Helmholtz Para la Investigación Ambiental, coordinadora del Proyecto CAS (Climate Adaptation Santiago) “es de suma importancia encontrar nuevas medidas para garantizar el suministro oportuno de agua en años secos”. Santiago muestra también una realidad dual: “mientras el calor extremo es mayoritariamente un problema de los estratos socio-económicos bajos, los estratos altos se encuentran más expuestos a inundaciones” por torrentadas. Para conjurar ambos peligros, “se requiere la detención de la disminución de áreas verdes existentes, así como el aumento de áreas verdes en nuevas urbanizaciones y zonas vulnerables”.
En paralelo, durante el resto del siglo, en un contexto de aumento de demanda de energía y disminución de agua disponible para generar energía, Santiago verá “aumentar el riesgo de una falla en el sistema de electricidad”, lo cual impone políticas de ahorro y de diversificación
En Buenos Aires, en cambio, agua va sobrar. “El aumento es de 49 mm por década. Es casi un 30 por ciento más de lluvia ahora que a finales de 1950”, dice Inés Camillioni, profesora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires. La temperatura media ha estado creciendo dos décimas de grado por década. Una parte se debe al “efecto isla urbana de calor”, el resto al impacto regional del calentamiento. Camillioni es también coautora del informe de evaluación del IPCC. Para ella, en Argentina el tema está instalado. “De ahí a que haya políticas fuertes”, afirma. Los modelos vigentes anticipan que habrá subas de temperatura en el norte y aumentos de lluvia hasta un 50 por ciento en la Pampa Húmeda. Ambas cosas impactarán en la agricultura. Para cuantificar, el país llevó a cabo un diagnóstico oficial (que se conocerá en pocos meses).
“Se trató de medir el costo de no actuar”, cuenta al respecto Leónidas Osvaldo Girardin, Director del Programa Medio Ambiente y Desarrollo de la Fundación Bariloche. Usaron un modelo climático provisto por el Instituto de Pesquisas Espaciales de Brasil (INPE). En la práctica, reconoce, sólo el sector agropecuario está siguiendo el tema. “Es muy consciente porque es muy clima intensivo, pero otros recién están despertando”.
Para Girardin, en Latinoamérica la pelea se viene brava porque ya “hay países y regiones que hoy tienen déficit de adaptación al cambio climático”. Y puntualiza que “no sé si Río de Janeiro, al igual que algunas ciudades de Colombia, esté muy preparada”. Y aclara algo que suena obvio, pero no lo es: mejorar los niveles de educación, salud y la disponibilidad de energía sustentable, “es mejorar las condiciones de base para adaptarse a lo que sale de lo normal”.
Los gigantes de la región están bajo un gran riesgo. México, sin agua en el centro-norte, golpeado por súper huracanes y bajo la presión de migraciones masivas desde Centroamérica, prácticamente vive en un estado de negación del fenómeno, pese al vistoso discurso ambiental que desplegó el gobierno de Felipe Calderón. Pero Brasil es quien podría ser sacudido de la manera más sorpresiva. El National Intelligence Council de EE.UU. advierte que el fenómeno de die-back, o “apagamiento” automático e incontrolado del Amazonas, puede concretarse “cuando la deforestación llegue al 20 por ciento”. Hoy se encuentra en el 18 por ciento. Esto llevaría a la disrupción del ciclo de agua de la región “de una manera que podría devastar la agricultura de Brasil y mucho de la de Argentina”. Ninguna de las dos economías resistiría el golpe, con la diferencia de que la Argentina podría reorganizar su producción más al sur. La ironía es que, para que esto no ocurra, el BID anticipa que la región debería invertir US$ 110.000 millones anuales por cuatro décadas. Parece mucho dinero, pero no lo es: hacerlo convertiría a la región en líder, se crearían empleos e industrias nuevas con una floreciente economía baja en carbono. Sólo hacen faltan líderes y poblaciones que dejen de mirar el retrovisor, se pongan loción solar y pongan manos a la obra.
