En Ecuador no existe plena libertad de expresión ni de información, y el gobierno ha tomado decisiones que las deterioran cada vez más, informó el representante ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

Así se dio a conocer este domingo en la 68ª Asamblea General del organismo que se celebra en Sao Paulo, Brasil.

El régimen de Rafael Correa, señala el informe, sigue utilizando fondos públicos para atacar y “desmentir” sistemáticamente lo que publican los medios, los periodistas y la gente que opina diferente.

“Correa promueve la idea de que los medios privados deben ser rechazados porque buscan el enriquecimiento de sus dueños y por ello mantiene la prohibición a sus ministros de dar entrevistas a los que el llama ‘medios mercantilistas’”, señaló el representante.

Asimismo, la Asamblea Nacional continúa con el trámite de varias leyes; entre ellas la de Comunicación, que –de aprobarse– agravarán el marco legal vigente.

Otro hecho preocupante, según el informe, tiene que ver con que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones emitió un reglamento que ordena a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones remitirle las bases de datos de las IP de sus clientes. “Los entendidos aseguran que esta es una forma de violación a la privacidad y posible control sobre las redes sociales”, expresó.

La autocensura también va ganando terreno en Ecuador. Según el informe, varios propietarios de medios han preferido cerrar programas que pudieran incomodar al Gobierno. “La institucionalidad está tan golpeada y controlada por los políticos y las bandas delictivas, que sus perseguidos prácticamente quedan en estado de indefensión”.

Este domingo también se oficializaron los informes que señalan que la intolerancia en Venezuela llega a niveles extremos, con denuncias por agresión, intimidación y amenazas.

También se informó sobre el aumento de la hostilidad contra la prensa en la Argentina. Daniel Dessein, del diario La Gaceta de Argentina, denunció ante la SIP varias resoluciones del gobierno, maniobras judiciales, declaraciones ofensivas y amenazadoras contra los funcionarios públicos y contra los periodistas, e incluso agresiones físicas.