Santiago. Un 70,1% de los chilenos desconfía de los organismos estatales y el 63,9% cree que éstos ocultan información, según un sondeo sobre transparencia divulgado este jueves.

La IV Encuesta Nacional, realizada por el oficial Consejo para la Transparencia, mostró un alto nivel de desconfianza de los chilenos hacia sus instituciones públicas.

Según el estudio, que se aplicó a 2.241 personas de septiembre a noviembre de 2012, 61% cree que las instituciones públicas son corruptas, contra el 67,2% que en 2011 tenía esta opinión, según la encuesta del organismo público autónomo, creado por la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información del Estado chileno.

El Consejo indica en ese sentido que hubo avance en la confianza en el sector público, pues en 2011 sólo 22,8% de los chilenos confiaba "mucho" en él y en 2012 el indicador remontó hasta 29,9%.

Además, arriba de 80% de los consultados no conocen ni la ley ni al Consejo para la Transparencia, entidad que supervisa la entrega de información a la ciudadanía.

Ante esto, el presidente del Consejo, Alejandro Ferreiro, señaló que, "al identificar quiénes son las personas que no conocen la Ley ni al Consejo, vemos que se trata principalmente de mujeres, amas de casa, con educación media e ingresos bajos".

Por otra parte, 51% confía en los sitios webs de los organismos, pero hay un 49% que no, porque consideran que le "ocultan información" o es "poco clara".

En este rubro, hay un avance, porque la confianza en 2009 era de 27,2%, en 2010 de 33,9% y en 2011 de 37,3%.

Un 77,7% indica que es complicado solicitar información, y un 80,3% opina que se informa lo que los organismos desean informar.

Pese a los resultados, Ferreiro consideró que "Chile es mejor país de lo que los chilenos creen" y anunció una campaña de difusión para mejorar el conocimiento de la institución y la normativa.

"Estas son opiniones generales, espontáneas, iniciales. Probablemente si uno hiciera un doble clic y preguntara por la experiencia que han tenido con funcionarios corruptos, a muchas de esas personas les costaría encontrar un ejemplo, pero esa es la primera impresión que aparece en la encuesta", precisó Ferreiro en la presentación del sondeo.

En su opinión, "Chile es mejor país de lo que los chilenos creen", y dijo que las instituciones no funcionan a partir del momento en que la ciudadanía no sabe ejercer sus derechos.

"Hay desconfianza instalada respecto del funcionamiento del sector público, que se acompaña de un desconocimiento de la Ley de Transparencia y del Consejo para la Transparencia, como organismo que puede garantizar este ejercicio de acceso a la información", precisó el funcionario chileno.

Comentó que "esto nos preocupa porque con estos niveles de confianza y de ignorancia no estamos mejorando la democracia y contribuyendo a una cultura que mejore las relaciones entre las personas y el Estado".

Al respecto, el viceministro de la Presidencia, Claudio Alvarado, adelantó un plan de información respecto al acceso a datos de interés nacional.

"No es grato conocer esas percepciones ciudadanas. Muchas veces éstas no reflejan la realidad como tal. Nos lleva a comprometernos con un trabajo mucho más profundo, más sistemático para ir cambiando esa percepción que es fruto de una realidad que hoy existe", agregó.

Aseguró que para que los chilenos no consideren a sus instituciones corruptas, "tenemos que hacer que la burocracia sea menor y que la atención a las personas sea mejor".

Según expertos, los datos del estudio muestran un retroceso según la medición del año pasado, pese a los avances desde la implementación de esta ley en 2006.

El presidente de la Fundación Ciudadano Inteligente, Felipe Heusser, subrayó la necesidad mejores campañas de información del gobierno.

"Hay un déficit de confianza respecto de las instituciones públicas que es súper preocupante. Hay un porcentaje significativo de personas que además no conoce la existencia de su derecho al acceso a la información pública y tampoco a la existencia de los organismos que cooperan con esto", indicó.

También dijo que "hay una potencialidad enorme de personas que hoy no están ejerciendo su derecho y si queremos que la Ley de Transparencia funcione, necesitamos un trabajo de educación y difusión mucho más grande que el que hemos visto hasta la fecha".

Por su parte, Miguel Paz, director de la organización civil Poderopedia, destacó que el lenguaje en torno a transparencia excluye al ciudadano común, y los reales usuarios de esta información acceden a ella independiente de la ley, ya que acceden mediante influencia económica o por contactos fuera de la burocracia.