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Solicitan condenar a El Salvador por desaparición de niños a comienzos de los años 80
Martes, Abril 1, 2014 - 16:52

Esto a pesar que el Estado reconoció su responsabilidad en los hechos y pidió perdón a los familiares de las víctimas.

San José. Representantes de las víctimas solicitaron hoy a la Corte Interamericana de Derechos (CorteIDH) una condena contra El Salvador por la desaparición forzada de cinco niños entre 1980 y 1982 durante el conflicto armado interno, mientras el Estado reconoció su responsabilidad y pidió perdón.

La Corte, con sede en Costa Rica, realizó hoy la audiencia por este caso en la que escuchó el testimonio de María Rochac y José Bonilla, hermanos de dos de los niños desaparecidos, así como de la perita Marta Cabrera y los alegatos orales de las partes.

La representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Silvia Serrano, expuso el caso ante los jueces y pidió una sentencia por la desaparición forzada de los niños José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Manuel Antonio Bonilla Osorio, Ricardo Ayala Abarca y Emelinda Lorena Hernández.

Afirmó que los menores tenían al momento de su desaparición edades entre los 9 meses y los 13 años, y que fueron vistos por última ocasión custodiados por las fuerzas armadas sin que hasta hoy hayan sido localizados.

"No existe una respuesta judicial y los familiares no han sido reparados. Esperamos que la Corte establezca los parámetros para una respuesta integral", expresó Serrano ante los jueces.

Agregó que una sentencia del tribunal debe tomar en cuenta la "impunidad generalizada".

Por su parte, la representante del Estado, Tania Camila Rosa, dijo ante los jueces que El Salvador asume la responsabilidad por las desapariciones forzadas de los menores y pidió perdón.

"El Estado expresa a los familiares de los niños (...) un sincero pedido de perdón porque en el pasado el Estado alego la inexistencia de estos hechos que formaron parte de un patrón de violencia que tuvo lugar en El Salvador durante el pasado conflicto armado" que se extendió de 1980 a 1991, declaró Rosa.

Admitió que las desapariciones ocurridas durante la guerra siguen siendo "causa de un profundo sufrimiento para muchas familias".

"El Estado ha reconocido los hechos objeto de esta audiencia y además ha reconocido su obligación de garantizar los derechos que corresponden a las víctimas", manifestó.

Por su parte, la funcionaria de la Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, Doris Alvarado, que actúa como representante de las víctimas, dijo a Efe que "se toma a bien el reconocimiento de responsabilidad del Estado" pero que es necesaria una "reparación estructural".

"No podemos quedarnos solo con el reconocimiento del Estado. Hay familiares que están viviendo los hechos como si fueran hoy y por lo tanto necesitamos un acompañamiento más estructural", expresó Alvarado.

Ese acompañamiento consiste en una atención médica y psicológica especializada e individualizada, apegados a estándares internacionales, comentó.

Alvarado dijo que su organización tramita 926 casos de niños desaparecidos durante la guerra, pero aseguró que fueron "muchísimos más", de los que no se tienen registros debido a que sus familias no presentaron denuncias.

Comentó que las investigaciones de la organización han determinado que los soldados de las fuerzas armadas tomaban a los niños para criarlos como hijos y otros para utilizarlos como sirvientes.

Otros menores eran entregados a orfanatos, pero también se han descubierto casos de tráfico y adopciones ilegales, incluso a personas en el exterior.

En la audiencia celebrada hoy en la CorteIDH los jueces escucharon el testimonio de José Aristides Bonilla y el de María Rochac, quienes relataron su experiencia cuando miembros de las fuerzas armadas se llevaron a sus hermanos como parte de los operativos conocidos como "contrainsurgencia".

Ambos manifestaron que la mejor forma de reparación que les puede ofrecer el Estado es esclarecer el paradero de sus hermanos.

Después de esta audiencia, la CorteIDH, encabezada por su presidente, el juez colombiano Humberto Sierra Porto, da un plazo de un mes para que las partes entreguen sus alegatos finales escritos y a partir de allí analizará la posibilidad de dictar una sentencia.

Autores

EFE