La Paz. Una larga disputa por un voto indígena derivó este jueves en un nuevo enfrentamiento entre el gobierno izquierdista de Evo Morales y la oposición conservadora afincada en el distrito oriental de Santa Cruz, que llamó a luchar contra lo que describió como "dictadura centralista".

El voto en disputa es el de una representante del pueblo mojeño-yuracaré, elegida según "usos y costumbres" y reconocida por el Tribunal Supremo Electoral y la justicia ordinaria, pero rechazada por la directiva opositora de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz.

El presidente de la asamblea cruceña, Alcides Villagómez, sostuvo el mes pasado que el pueblo mojeño-yuracaré no existe, y se negó a tomar juramento a la representante indígena Rosmery Gutiérrez, pero líderes indígenas replicaron que ella tenía representación avalada por la Constitución y el Código Electoral.

El gobierno defendió también el mandato de Gutiérrez, en tanto que autoridades y líderes cívicos de Santa Cruz cerraron filas en defensa de Villagómez, quien estaba a punto de ser enjuiciado por desacato a autoridades electorales y judiciales.

Un juez envió este jueves a la cárcel a Villagómez, para enjuciarlo por negarse a tomar juramento a la asambleísta Gutiérrez, desatando la ira de la oposición derechista, según reportaron cadenas de televisión.

"Esta es una muestra más de la dictadura centralista (...) nos quieren cazar a los cruceños uno a uno", dijo el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Herland Vaca Díez, al comparar a Villagómez con varios activistas pro autonomía que salieron de Bolivia en los tres últimos años acusados de separatismo y delitos económicos.

Vaca Díez convocó para el viernes en la tarde a una concentración de protesta en Santa Cruz, que prometió será igual a las masivas manifestaciones autonómicas que hace tres años hicieron tambalear a Morales, quien fue reelecto a fines del 2009 y es especialmente fuerte entre los indígenas del occidente.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, calificó a la detención de Villagómez como "un golpe de estado a la Asamblea Departamental", aunque medios locales señalaron que la eventual incorporación de la asambleísta indígena no impediría que la oposición siga en control de ese cuerpo legislativo.

Entretanto, varios centenares de indígenas mojeño-yuracarés marchaban hacia Santa Cruz, en respaldo a su representante.

"La marcha continúa, esto no va a parar hasta que se reconozcan nuestro derechos como pueblos indígenas", dijo el representante indígena Carlos Moye.

Las autonomías rigen desde mediados del año pasado en los nueve departamentos bolivianos, tras la elección de los primeros gobernadores y asambleas legislativas regionales.

En varias de esas asambleas, los pueblos indígenas tienen derecho a por lo menos un representante elegido no en comicios regulares, sino según sus propias normas.