Montevideo. La central sindical espera para los próximos días una respuesta del presidente José Mujica a su pedido de entrevista.

Mientras, el Instituto Cuesta Duarte y varios dirigentes en forma individual, analizan mecanismos para que los sectores altos aumenten su contribución impositiva.

Los dirigentes tienen previsto plantear al presidente un nuevo elemento que se suma a las medidas que manejan sectores del gobierno para aumentar la presión impositiva a los sectores de mayores ingresos.

Uno de los puntos que llevarán en agenda será revisar la ley de Inversiones y modificarla para que la renuncia fiscal del Estado sea menor.

"Hay que analizar si esa ley, hoy, es un instrumento idóneo. Es necesario discutir si la renuncia fiscal de US$600 millones por año, por la aplicación de la norma, corresponde en este momento", dijo a El Observador el coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira.

El dirigente señaló que a través de la disposición "se renuncia a recaudar impuestos para recibir inversiones", pero indicó que "hay que recordar que esa ley fue aplicada cuando Uruguay tenía un porcentaje de inversión muy bajo".

Lo que se analiza actualmente en la central, y será parte del planteo al presidente, es si esa renuncia fiscal "se corresponde con la situación nacional actual", dijo Pereira.

El dirigente advirtió que por el momento "no se dice que haya que eliminar la ley", pero por lo menos "introducirle modificaciones para que la renuncia fiscal sea menor".

El análisis que realiza el Cuesta Duarte sobre el tema llevará tiempo.

"Se lo está analizando con mucha rigurosidad para llegar a una definición concreta", dijo Pereira. Pero la decisión de planteárselo a Mujica está tomada.

La ley que dicta normas sobre el interés, la promoción y protección de inversiones establece una serie de beneficios fiscales para capitales nacionales y extranjeros en el país.

Para empezar, establece que el régimen de admisión y tratamiento de las inversiones realizadas por extranjeros será "el mismo" que se concede a los nacionales.

Además, el Estado se compromete a "no perjudicar la instalación, gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias" sobre esas inversiones.

En la norma se establecen beneficios referidos a exoneraciones del Impuesto al Patrimonio sobre determinados bienes, exoneraciones de IVA e Imesi (Impuesto Específico Interno) sobre la importación de bienes, exoneración total o parcial de impuestos, tasas o contribuciones, así como rebajas de tarifas o precios en servicios prestados por el Estado.

Estos beneficios se aplican específicamente en distintos sectores de inversión.

Por otra parte, el texto indica que las empresas podrán importar, exoneradas de recargos y del Impuesto Aduanero Único a la Importación, bienes originarios de los Estados miembros del Mercosur, "de la misma naturaleza y con el mismo destino económico que aquellos cuya producción discontinúan o reducen".

Estos descuentos se dan en el marco de la creación de un "régimen de aceleración de la adecuación" para facilitar la reconversión de las empresas durante "el proceso de integración regional".

En la central también se llevará al presidente la propuesta de aumentar la carga tributaria sobre el sector agropecuario.