El gobierno chileno anunció el alejamiento de funcionarios públicos por sospechas de soborno en el Servicio de Impuestos Internos. Hace justo una semana se filtraron audios que identificaban a un empresario y dos abogados conspirando para comprar voluntades en este organismo estatal, indicando además que era una práctica común en su entorno. Si la corrupción está instalada en Chile, la pregunta es si puede combatirse efectivamente…

La tarde del martes el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile informó que decidió apartar de sus funciones a cinco de sus funcionarios, en uno de los más recientes acontecimientos en torno a uno de los casos de corrupción más notables del último tiempo.

El SII suspendió a Christian Soto, director de su área de "Grandes Contribuyentes" –es decir, el departamento que supervisa los movimientos de las grandes empresas– junto a otras cuatro personas de esa misma división, las que están apartadas de sus funciones, pero no despedidas.

Todos ellos habrían perdido la confianza de la institución fiscalizadora, luego de que la opinión pública del país sudamericano quedase sorprendida por la filtración de un largo audio, donde dos abogados chilenos y un empresario bajo investigación por irregularidades en su firma de factoring buscan sobornar a personas de ese servicio y de la otra entidad supervisora, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), y así librarse de cualquier persecución penal y civil derivada de la entrega de facturas falsas.

La desvinculación de personal se dio gracias a un proceso de trazabilidad dentro de los sistemas informáticos del mismo SII.

Y aunque alejar para investigar no es equivalente a condenar, “yo no descarto nada, ni asevero nada. Estamos en un proceso que se inicia, y esperamos que funcione de la mejor forma posible”, afirmó el director del SII, Hernán Frigolett. Pero también reconoció que “no podemos operar sobre la base que somos infalibles”.

El caso llegó rápidamente a la máxima autoridad del país. “Delitos como los que se sugieren en el reportaje son gravísimos y dañan profundamente a Chile”, indicó el presidente Gabriel Boric. 

“No escatimaremos esfuerzos en esclarecer los hechos, investigar y sancionar a quien corresponda. Paralelamente, seguiremos avanzando en proyectos como el de Anti Evasión y el de inteligencia financiera, que levanta el secreto bancario en casos de conductas eventualmente delictuales. Combatir la corrupción es tarea de todos y debemos ser implacables en enfrentarla”, dijo el mandatario por redes sociales.

Distintos sectores se han sumado a la condena pública del caso.

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la entidad que agrupa al gran empresariado, Ricardo Mewes, señaló que “no nos podemos acostumbrar ni a este ni a otro tipo de delitos”.

“Si no somos cuidadosos, si no reforzamos, si vemos que no hay sanciones, claramente vamos a haber retrocedido en todo lo que el país requiere para evitar estos delitos graves que fueron denunciados”, reiteró.

El diputado Luis Cuello (PC), anunció su intención de confirmar una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. 

Además, el parlamentario sostuvo que, en estos casos, “hay un doble discurso muchas veces de parte de la oposición, puesto que se escandaliza cuando ocurren hechos como estos, pero, cuando llega la hora de votar por herramientas que otorguen al Estado facultades para combatir la corrupción y la evasión, llegado el momento de votar, la decisión siempre favorece a los más ricos y a los tramposos”, denunció.

¿CORRUPCIÓN INSTALADA EN CHILE?

El audio en cuestión dura más de una hora y se entregó desde Reino Unido a la Fiscalía chilena el lunes de la semana pasada. 

Pero su alcance recién empezó a dimensionarse cuando la empresa de investigación periodística Ciper dio a conocerlo mediante un reportaje denuncia, que contenía la transcripción de una conversación entre Luis Hermosilla, quizás uno de los abogados más famosos del país, por su cercanía con todo el espectro político y las empresas más relevantes chilenas.

En esa grabación se indica que el empresario presente, Daniel Sauer, dueño de la suspendida corredora de bolsa STF y del factoring Factop, evalúa con Hermosilla y la abogada Leonada Villalobos cómo sobornar a funcionarios del SII y de CMF para que el caso que lo involucra no pueda avanzar.

En los audios se habla de pagos por 10 millones de pesos (unos US$ 1.140), hasta la posibilidad de que alguna oficina fiscalizadora se incendie para que así se pierda evidencia.

Lamentablemente, dos oficinas del SII se han quemado en años recientes, por lo que esta declaración osada podría llegar a tener asidero.

Daniel Sauer creó con su hermano Ariel la empresa Factop S.A. hace casi 20 años, aseverando que tenía tanto capital que perfectamente podrían fundar un banco, pero no lo hacían porque era mucho trámite. Así tentaban a sus posibles inversionistas aseverando que en realidad era un negocio cerrado, que generaba un 1% de interés mensual, al que solo muy pocas personas podían acceder.

A esto se sumaron distintos acreedores que abrieron causas contra ellos.

Pero lo cierto es que en agosto pasado la CMF anunció la cancelación en los registros de la corredora y la multó en 486 millones de pesos (unos US$ 557.000). A ambos hermanos se les castigó con US$ 754.000 y la inhabilidad temporal por cinco años para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de cualquier empresa que fiscalice la CMF.

Factop, por su parte hoy enfrenta unas 14 querellas presentadas ante distintos tribunales chilenos. De hecho, solo en una causa que se inició el 10 de noviembre pasado que busca la reorganización del factoring Factop, se cifra casi en 60 mil millones de pesos (US$ 68,8 millones) la deuda que dicha empresa mantiene con distintos acreedores, muchos de la comunidad judía, incluyendo una deuda de 200 millones de pesos (US$ 229.000) en honorarios con el propio abogado Luis Hermosilla.

“Aquí estamos haciendo una huevá (cosa, en jerga chilena) que es delito”, dice en otro momento de la grabación el abogado Hermosilla, quien era calificado como el abogado preferido de la élite.

La captura subrepticia del audio fue hecha por una de las tres personas presentes, la abogada Villalobos, como se sabría la semana pasada, tras sus declaraciones a la justicia. Pero se desconoce si fue ella misma quien la entregó anónimamente a la justicia. 

Como dato curioso, la profesional asistió a la reunión con una oreja ensangrentada, ya que había sido víctima de un robo en el centro de la capital, de modo que inició la reunión quejándose de un ‘peligroso auge de la delincuencia en el país’. 

“El caso me parece de la máxima gravedad. Se socava directamente nuestra institucionalidad y la confianza, que es tan difícil de ganar y tan fácil de perder. Me parece que este será un caso de estudio que marcaría un antes y un después en la historia de nuestro mercado de capitales", indica a AméricaEconomía Hugo Aravena, presidente de CFA Society Chile, una entidad que aboga por la ética en los negocios.

El profesional indica que los mercados financieros se fundan en base a la confianza entre las partes. “Un caso como este, donde se mencionan múltiples ilícitos de máxima gravedad, se involucra a grandes empresas y reguladores, sin duda que merma la confianza y el funcionamiento del mercado de capitales”.

Y si bien el audio filtrado muestra posibles delitos, Aravena es enfático en decir que primero estos se tienen que comprobar, y hay que revisar en caso de que aparezcan otros delitos producto de la investigación.

“Que se investigue de la manera más rápida y exhaustiva posible todas las aristas que se presentan, tanto en lo relacionado a entes públicos como privados, y que se sancione de acuerdo con la gravedad que implican los hechos que se comprueben”, recalca. 

Hasta el momento es así, ya que se investigan cuatro aristas: el supuesto soborno del que se habla en el audio -lo que se tiene que comprobar a través de declaraciones y movimientos de dinero-; delitos contra la vida y privacidad de las conversaciones, donde cabe la infracción al haber grabado y divulgado el audio; infracción a la Ley de Mercado de Valores, por la supuesta entrega de documentos adulterados a la CMF; y, también, el ilícito de estafa.

Además, los tres implicados de los audios están en calidad de imputados de conformidad al artículo 150 del Código Penal, por delito de soborno.

El abogado defensor de Luis Hermosilla, su hermano Juan Pablo Hermosilla, reconoció la semana pasada que sí pudo haber delito de cohecho. “Nosotros no vamos a desmentir la grabación, la información está ahí y es un elemento de prueba”. Además manifestó que cree que los sobornos sí se realizaron, agregando que el supuesto delito se habría cometido antes de la grabación, según su opinión, y que eso lo deberá determinar la Fiscalía.

PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN

En Chile suele decirse que el país ha sido menos corrupto que sus pares de Latinoamérica, como Argentina, Venezuela o México. Se tiene cierto respeto por la incorruptibilidad de la fuerza policial, conocida como Carabineros, por ejemplo, porque acostumbran a detener a las personas que les ofrecen dinero a cambio de no aplicarles multas de tránsito.

Pero esa percepción va quedando atrás con recientes casos de corrupción en niveles empresariales y de gobierno.

Una encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) dada a conocer este lunes muestra que el 59% de los ciudadanos cree que corrupción en Chile es "mayor" que hace cinco años y 68% apunta al Congreso.

Respecto a cuán extendido está el fenómeno en el servicio público, un 73% considera que "mucha gente o casi todas las personas están involucradas".

Globalmente el país no está peor que sus pares. Hacia 2022 Chile obtenía 67 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción que publica la organización para la Transparencia Internacional, lo que mantiene a esta nación en el lugar 27 de 180 países supervisados.

Aun así, no son difíciles de citar los episodios más recientes en la memoria. 

Los dos más recientes el caso Fundaciones, por las que el gobierno chileno entregaba fondos a fundaciones u ONGs para ejecutar presupuesto mediante programas especiales, los que luego nunca se hacían. La otra es el llamado caso Penta, un fraude tributario millonario llevado a cabo por empresarios de renombre y que fue sancionado con bajas multas y la obligación de los involucrados por asistir a clases de ética.

“Con los años [se] confirmó que la corrupción no solo había llegado, sino que está bien instalada”, indicó en prensa el presidente del Colegio de Abogados chileno Ramiro Mendoza, quien también fue Contralor General, liderando por varios años a la institución que controla y denuncia irregularidades del aparato público chileno.

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Adolfo Silva Walbaum, abogado y cofundador de la firma legaltech Contraloría Privada, se especializa en temas de compliance. 

Este concepto, con su equivalente en castellano ‘cumplimiento normativo’, está ligado básicamente con cambios que se producen en el mundo después de la década del 90 del siglo pasado. 

“Tiene que ver con la multiplicación de Internet y básicamente la puerta de la transformación digital. Cuando se multiplica Internet, el mundo se transforma en un mundo hiperconectado e hipertransparente”, dice Silva a AméricaEconomía. 

Dentro de esa lógica está justamente el hecho de que se tiene que fomentar la transparencia en Internet. “Hay que tener una definitiva información para los grupos de interés, lo que se denomina como los stakeholders, que son no solamente los dueños de la empresa, sino las comunidades, los trabajadores, las personas con capacidades diferentes” señala el abogado.

Chile abordó esto en2009, con la ley 21.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y también recogiendo los estándares internacionales que se le piden al país junto con su ingreso a la OCDE en 2007.

“Después del año 2018, y hasta ahora hemos recibido un aumento importante del catálogo de delitos. Y estamos, más o menos, rodeando los 20 delitos en esta ley. Luego la [reciente] ley de delitos económicos, lo que hizo fue venir a engrosar la base de los delitos. Y transformando, además, el sistema de responsabilidad, la cantidad de sujetos que están obligados por ella. Y generando, también, tremendos desafíos, sobre todo en las organizaciones. Porque es muy difícil pasar de gestionar 20 posibilidades de delito, a gestionar más de 200 posibilidades de delito”, explica Silva.

A través de su firma, Silva genera una metodología que se llama Tech & Law, que permite justamente poder gestionar, identificar e incluso mitigar el riesgo dentro de una organización.  

“Las cosas ahora tienen que hacerse de una manera distinta. Cosas que antiguamente se hacían, ahora ya no se pueden hacer. La tecnología yo creo que puede ser un buen aliado para poder favorecer el compliance”, recalca Silva.

Sin embargo, el abogado reconoce que más relevante que cualquier normativa es el compromiso de las autoridades, públicas o privadas. “Si tú generas una cultura en la cual tú dices que vas a hacer las cosas correctas y realmente te preocupas porque así sea, el que no está haciendo las cosas correctas queda fuera del grupo. Por eso es tan importante tener el compromiso ‘desde arriba’”, señala.

COMBATIR LA CORRUPCIÓN

Esta semana, el ministro de Hacienda chileno Mario Marcel resucitó un proyecto de ley, llamado de "Inteligencia económica”, que propone, entre otros aspectos, el levantamiento del secreto bancario cuando exista sospecha de actividades ilícitas. 

"Qué diferencia haría, probablemente, si es que hubiéramos aprobado dentro de tres o cuatro meses el proyecto de inteligencia económica que sigue sin votarse", indicó Marcel por la prensa.

Aunque el tema de los audios filtrados sigue en el tope de las noticias, ya se han destapado nuevos casos de corrupción para indignar a la opinión pública.

Tan solo el martes se conoció que José Yáñez, el alcalde de un partido de derecha de Algarrobo, una zona costera chilena que es destino preferido vacacional de la clase media, desfalcó a su municipio en unos US$ 1,14 millones, luego de meses de tener en la nómina de pago de la alcaldía a su expareja y a familiares directos. 

Tras estar cerca de dos días prófugo, durante la madrugada de este jueves el edil fue finalmente detenido por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).