El acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con el grupo rebelde más grande del país prometió que el activismo sería una empresa segura.
"Tenemos que desterrar la violencia como una forma de hacer política. No pueden seguir matándonos porque tenemos ideas diferentes", dice Cristian Delgado, quien ha enfrentado amenazas por su activismo desde que era un líder estudiantil hace más de una década: "En Colombia estás en riesgo por tan solo defender algo como la educación pública".
El acuerdo de paz que el Gobierno firmó en noviembre de 2016 con el grupo rebelde más grande del país, las FARC, prometió que el activismo sería una empresa segura. Sin embargo, unos 300 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados desde entonces, según las cifras recopiladas por Marcha Patriótica, un movimiento social y político en el que Delgado es coordinador de derechos humanos. Los miembros de la organización aparecen con frecuencia en la lista de víctimas.
Muchos han sido asesinados porque se opusieron los intereses del crimen organizado o la poderosa elite rural. Defendieron la sustitución de la coca, la materia prima de la cocaína, y la devolución de la tierra secuestrada durante el conflicto, como también denunciaron la tala ilegal o se opusieron a los megaproyectos de minería.
Marcha Patriótica reúne a cientos de organizaciones que representan a sectores de la población tradicionalmente excluidos, como campesinos, mujeres, negros, indígenas y homosexuales. Su objetivo es reclamar los derechos sociales, económicos y culturales básicos.
Muchos miembros han recibido amenazas de muerte y han sido llamados "castrochavistas" y "guerrilleros haciéndose pasar por defensores de los derechos humanos".
"Marcha Patriótica solía ser estigmatizada como el brazo político de las FARC", dice Delgado. "Con las negociaciones con el ELN, esta táctica ahora se usa contra el Congreso de los Pueblos y el Proceso de Comunidades Negras. Esto es como poner un arma en la cabeza de sus miembros".
Su participación en el controvertido proceso de paz es para algunos una prueba más de que los líderes sociales son guerrilleros marxistas disfrazados. "Es por eso que nos han estado matando", dice Delgado. "La violencia aumenta cada vez que hay un avance hacia la paz", agrega.
La sede de Marcha Patriótica en Bogotá está cubierta con cámaras de seguridad. El movimiento ha perdido 166 miembros desde sus inicios en 2011, mientras que otros 389 están en alto riesgo, según una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que insta a Colombia a protegerlos.
El think tank Indepaz ha advertido que existe el riesgo de que se repita el "genocidio" de la Unión Patriótica (UP). Más de 3.000 líderes de este partido de oposición de izquierda, fundado durante las negociaciones de paz entre las FARC y el presidente Belisario Betancur en 1985, fueron asesinados por los paramilitares de derecha y las fuerzas de seguridad en los años 80 y 90.
El gobierno se esfuerza por cumplir la promesa del acuerdo de paz de proteger a los activistas. Miles, incluyendo 72 miembros de Marcha Patriotica, tienen programas de protección. La Policía y el Ejército han sido desplegados en regiones donde previamente no había presencia estatal. Pero eso no es suficiente.
Los asesinatos tienden a ocurrir en los antiguos territorios de las FARC que han sido tomados por otros grupos armados. En 2017, se formó la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para desmantelar dichas organizaciones. Está integrado por el presidente y los ministros del Interior, de Defensa y de Justicia, entre otros. Pero todavía no ha comenzado a funcionar apropiadamente.
Pocos dudan de la buena voluntad del presidente Juan Manuel Santos, quien ganó el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo con las FARC. Sin embargo, la falta de apoyo de parte de la elite política y empresarial la obstaculiza. También hace difícil establecer quién está detrás de los asesinatos de activistas.
"Hubo arrestos de asesinos, pero ninguna de las personas que ordenaron los asesinatos", dice Ariel Ávila, un analista político de la Fundación Paz y Reconciliación. "Estamos hablando de gente que financia campañas electorales presidenciales y de gobernadores".
Aún así, han mejorado las condiciones para que los movimientos de izquierda participen en la política.
Los electores del derrotado candidato presidencial izquierdista, Gustavo Petro, han recibido amenazas de un hombre tan peligroso como el asesino en jefe del difunto narcotraficante colombiano Pablo Escobar: "Lucharemos contra ellos por cualquier medio. 'Cualquier medio' significa 'cualquier medio'", tuiteó John Jairo Velásquez, alias "Popeye”.
Velásquez es un fiel defensor del derechista Iván Duque, quien finalmente se quedó con la presidencia tras derrotar en las urnas a Petro.
La ansiedad entre los activistas de izquierda es palpable. "Es el candidato de Álvaro Uribe Vélez, cuyo gobierno tuvo la mayor cantidad de víctimas en la historia reciente. Al ganar, el riesgo aumentará a niveles exorbitantes", sostiene Pavel Santodomingo, miembro de UP.
