La decisión del mandatario Guillermo Lasso tienen lugar después de que la Asamblea Nacional no aprobara la semana pasada un proyecto de ley que los opositores a su mandato denunciaron como una privatización de los derechos públicos de la nación.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, informó este martes que utilizará decretos, consulta popular y otras herramientas constitucionales para cumplir su promesa de reactivar la economía asequible del país, sin pasar por la Asamblea Nacional, donde los legisladores han rechazado todas sus propuestas.

Los comentarios del exbanquero conservador tuvieron lugar cuando la Asamblea Nacional no aprobó la semana pasada un proyecto de ley que los opositores a su mandato denunciaron como una privatización de los derechos públicos de la nación.

“Lo que demuestro es que tengo que gobernar desde aquí de antemano sin considerar que existe la Asamblea Nacional”, dice Lasso en su entrevista radial semanal. “Está claro que lo que quieren es bloquear al Gobierno Nacional”.

La Constitución permite el uso de decretos y reglamentos para gobernar, dice Lasso, e incluso pone directamente a consideración de la población en consulta popular los proyectos de ley rechazados por los legisladores.

Los legisladores se han negado a procesar cinco importantes propuestas gubernamentales, incluidas reformas relacionadas con la seguridad y la educación superior, desde que Lasso asumió el cargo en mayo.

“Es claro que el gobierno tiene que encontrar su camino, su propia causa para buscar la buena voluntad de los ecuatorianos y no perder el tiempo en enviar más leyes a la Asamblea Nacional”, agregó.

Las relaciones entre el presidente y los legisladores se estrecharon el fin de semana, cuando Lasso pidió a Hacienda investigar a cinco legisladores ya un asesor del partido indígena Pachakutik por supuestamente buscar beneficios a cambio de su apoyo a la ley de inversiones.

Lasso busca atraer miles de millones de dólares en inversiones en telecomunicaciones, energía, minería y petróleo, que, en segundo lugar, son claves para encarar las finanzas del país y crear durante su mandato los dos millones de empleos que prometió en campaña.

También ha prometido una reforma laboral, que forma parte de un proceso de socialización con los sindicatos.