Las protestas sociales han sacudido a varios países de América Latina en los últimos años. ¿Le toca el turno ahora a Uruguay? Productores agrícolas sorprendieron al país en pleno verano con un movimiento de los "autoconvocados”, que cobró fuerza en pocas semanas a través de las redes sociales y desembocó en protestas pacíficas en diversas localidades, la mayor de las cuales tuvo lugar en el departamento de Durazno.

Sus demandas son variadas, pero, en lo medular, exigen medidas para rebajar sus costos de producción y superar el problema de endeudamiento que sufre parte del sector.

¿Gobierno en apuros? ¿Podría ser la génesis de un movimiento social que ponga en apuros al Gobierno de Tabaré Vázquez? "De ninguna manera”, responde categóricamente el politólogo uruguayo Adolfo Garcé, investigador de la Universidad de la República. La misma convicción manifiesta Robert Grosse, un sociólogo oriundo de Berlín y radicado desde hace años en el país sudamericano. "Tenemos acá una leve crisis, no es nada para alarmarse y no se puede comparar con lo que ha pasado en América Latina en los últimos años, en que hubo protestas masivas en Argentina, y también en Brasil, con una fuerza política tan grande que llegaron a poner bajo mucha presión a los gobiernos de aquel tiempo, de Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff, respectivamente”, indica, subrayando: "Acá en Uruguay el gobierno es muy estable, el sistema político permite negociar ante este tipo de conflictos”.

Pone igualmente de relieve que tiene gran estabilidad económica, una inflación relativamente baja en comparación con la región y que la inversión extranjera directa está en pleno aumento, aunque reconoce que es también uno de los países más caros del área.

Escenario complicado. Es uno de los aspectos que  subyace al malestar de los productores rurales: "Comparado con los años anteriores, la situación no es buena” afirma Garcé y explica el escenario: "El agro tuvo 10 años de extraordinaria prosperidad, de la mano del boom de las commodities, pero ahora los precios han caído, la presión fiscal ha aumentado, porque hay un déficit fiscal importante y el gobierno está tratando de reducirlo,  las tarifas públicas son altas, porque son utilizadas también como mecanismo de recaudación por parte del Gobierno, y el tipo de cambio del dólar es bajo, lo que  naturalmente no favorece a los exportadores”.

En suma, los productores han perdido rentabilidad, y algunos sectores del agro están en problemas. Pero el politólogo aclara que no se puede hablar de una crisis general del sector ni de una situación dramática. A su juicio, algunos factores contextuales ayudan a entender la intensidad de la protesta, como el que se haya instalado en Uruguay la idea de que el Gobierno no maneja con prudencia el gasto público.

Robert Grosse percibe también ciertas motivaciones políticas. "También en Uruguay hay cierto descontento político tras muchos años de gobierno del Frente Amplio, y por supuesto se articulan ciertas formas de protesta y descontento. Pero no tienen una dimensión muy grande”, afirma el sociólogo alemán, puntualizando que no hay detrás un movimiento social.

Capacidad de diálogo. Pero no se teme que el asunto pueda pasar a mayores. "El gobierno está perfectamente a tiempo de manejar este problema. Yo no considero que tenga ninguna gravedad desde el punto de vista institucional. Yo creo que es algo propio de una sociedad libre como la uruguaya”, apunta Garcé.

Ambos entendidos se muestran confiados en que el diálogo permitirá encontrar soluciones y disipar tensiones. "Uruguay es un país de negociaciones”, subraya Garcé, quien considera que en ello radica su estabilidad: "Cuando el poder está dividido, la negociación es imprescindible. Lo que genera inestabilidad, y lo explicó Aristóteles hace casi 2500 años, es la concentración de poder”.