La fusión de conocimientos y soluciones entre prácticas se impone en varios sectores profesionales. Para las firmas de abogados, la metodología del Legal Project Management puede procurar mayores niveles de eficiencia y la satisfacción de las demandas de un cliente global.

En búsqueda de mejorar la efectividad y competitividad, los ámbitos profesionales adoptan cada día nuevas metodologías, herramientas y soluciones. El entorno de los servicios legales no queda al margen de las innovaciones. Entre las más recientes que se implementan en oficinas de abogados de todo el mundo, se encuentra el Legal Project Management (LPM). 

En general, el LPM se entiende como la aplicación de conceptos de management de proyectos al control y manejo de casos o asuntos legales. No se trata de una nueva rama del Derecho, ni interviene en el diseño de los argumentos legales, sino se orienta a la parte comercial de la práctica, tratando de optimizar los mecanismos de negocio y de prestación de servicios en oficinas legales.

Precisamente porque inserta conceptos de administración en el trabajo de los abogados, algunas escuelas de negocio y otros institutos implementan programas de LPM para ofrecer a abogados que necesitan adquirir nuevas habilidades.

El aporte a la práctica

Según Anna Marra, directora del programa de postgrado en Legal Project Management en la española IE Law School, el concepto se centra en una “visión del caso jurídico como proyecto, lo cual permite dar a la gestión de los asuntos legales una dimensión estratégica, técnica y organizativa, alineada con los intereses tanto del abogado como del cliente”.

De hecho, IE fue una de las escuelas globales pioneras en ofrecer desde 2012 un programa especializado en LPM. La escuela optó por introducirlo en el catálogo “en su esfuerzo por ofrecer soluciones de formación innovadoras y de proponerse como laboratorio de ideas creativas”, dice Marra.

En el caso del Legal Project Management Institute en EE.UU., fundado por Susan Raridon Lambreth y Carla Landry, ofrece la certificación en esta metodología a través de cursos virtuales. Para Lambreth, los objetivos del LPM se encaminan a facilitar a los abogados a “planear, presupuestar y administrar asuntos de manera más efectiva, para así satisfacer las necesidades de los clientes y las metas de la organización”. 

Al enumerar las habilidades y herramientas que brinda el LPM a los profesionales, Lambreth incluye:

-Comprender las necesidades del cliente, sus expectativas y objetivos – a través del análisis de sus stakeholders una comunicación efectiva.

-Desarrollar un proyecto que defina un acuerdo sobre el alcance del trabajo que se realizará sobre un tema.

-Ser capaces de desarrollar un presupuesto o estimado para un asunto legal – en muchos casos ser capaz de hacerlo con una tarifa fija.

-Analizar los riesgos asociados con el proyecto.

-Ser capaces de manejar el trabajo legal de acuerdo a lo presupuestado.

-Monitorear el caso o asunto a lo largo de su desarrollo para determinar cuándo hay cambios en sus stakeholders, alcance, riesgos y otros elementos críticos.

-Evaluar el caso o asunto al cierre del mismo para determinar las lecciones aprendidas y ser capaces de tomarlas en cuenta para el futuro.

Marra observa que “frente a la evolución del entorno y de los clientes, el abogado también necesita evolucionar hacia el nuevo perfil profesional de “legal project manager”, que a los conocimientos técnicos jurídico añade la capacidad de ofrecer soluciones de calidad superior, con una asignación y uso óptimo de los recursos humanos, económicos y de tiempo”.

En relación a la práctica legal en América Latina, y la adopción de metodologías como el LPM, los profesionales comienzan a conocer y emplear los nuevos recursos. Daniel Santiago Acevedo, abogado de la colombiana Universidad Icesi y consultor en Gestión Estratégica para firmas de abogados y departamentos jurídicos en Colombia, argumenta que “el cambio más radical que aportará el Legal Project Management a las firmas de abogados latinoamericanas será el cambio de mentalidad de los abogados para que empiecen a considerarse como verdaderos empresarios y desarrollen las habilidades directivas y gerenciales que, normalmente, no se enseñan en los pregrados en Derecho de las universidades radicadas en América Latina”. 

La consideración del contexto

Los cambios que se operan a tremenda velocidad son el eje de las nuevas oportunidades pero también la fuente de los desafíos. Con el surgimiento de innovaciones tecnológicas, los profesionales del derecho pueden demostrar más eficacia, pero también están obligados a aprender a usar las nuevas herramientas. Con la internacionalización de las compañías, la firma de pactos de libre comercio, las transformaciones de los marcos regulatorios en distintos países, las organizaciones muestran otras necesidades y buscan soluciones. Desde el punto de vista de los servicios legales, las firmas deben resolver cuestiones cada vez más complejas que entrelazan varios marcos legales. 

Por supuesto, cada contexto es distinto, y la introducción de nuevos métodos y herramientas no ocurre de forma igual en todas partes. Acevedo considera que “el entorno de los negocios en América Latina está preparado para la adopción de estas tendencias, y hoy por hoy exige a los proveedores de los servicios legales la implementación de estas nuevas metodologías”. 

El abogado colombiano advierte que las dinámicas económicas regionales son las que “presionan, de manera positiva, la evolución de los servicios legales en la región, al obligar a firmas locales a adaptarse e las más recientes tendencias”. 

Efectivamente, a pesar de los efectos de la crisis económica y financiera internacional a niveles macro, que resultó en un decrecimiento de la facturación dentro del mercado de los servicios legales en América Latina, también es cierto que en determinados países como Colombia la inversión extranjera directa se ha elevado.

La entrada de compañías multinacionales, incluso la llegada de emprendedores de todas partes atraídos por el apoyo de varios países a la actividad de las startups, supone para las firmas de abogados no sólo un crecimiento en la demanda de su servicios, sino que les impone ajustar estos a estándares globales. “En una economía cada día más globalizada e interconectada, las firmas de abogados locales deben mutar al concepto de empresas de servicios jurídicos, so pena de no responder con la suficiente rapidez y eficiencia a las nuevas necesidades de los clientes. No cambiar generaría un anquilosamiento y la exclusión final del mercado de servicios legales de las firmas locales no competitivas”, señala Acevedo.

Para Marra, la evolución continua del mercado está girando alrededor de los conocimientos, y de las personas, las redes de contacto. Son los dos ejes principales que la escuela quiere reforzar en los profesionales que eligen este programa. “Desde IE esperamos formar profesionales del sector legal capaces de ofrecer soluciones más que servicios, de adaptarse a los cambios y a la velocidad del entorno, de apostar por perspectivas innovadoras, de aprender nuevas y mejores técnicas de gestión, de transformar los objetivos en resultados, orientados permanentemente al cliente y su negocio”.

Desde la mirada de Acevedo, en todas partes, pero especialmente en América Latina, “es necesario que aquellos abogados dedicados a la administración de las firmas legales, sean propias o no, empiecen a tener una verdadera formación en Ciencias Administrativas que les permita asumir, con éxito, las exigencias del nuevo orden mundial dentro del mercado de servicios legales”.