La investigación de la ONG humanitaria Cristosal -cuyos registros van desde el 27 de marzo hasta el 18 de octubre de 2022- afirma que tiene denuncias que representan a 2.987 personas "vulneradas en sus derechos". El 97,7 % de ellas son por detención arbitraria, el 25 % por allanamientos ilegal de morada y el 10,9 % por malos tratos.

La organización humanitaria Cristosal registra, desde el inicio del régimen de excepción en El Salvador, al menos 2.878 denuncias de violaciones a los derechos humanos y la muerte bajo custodia estatal de unas 80 personas, según un informe brindado el miércoles 19 de octubre.

La investigación de Cristosal -cuyos registros van desde el 27 de marzo hasta el 18 de octubre de 2022- afirma que estas denuncias representan a 2.987 personas "vulneradas en sus derechos". Detalla que el 97,7 % de las denuncias son por detención arbitraria, el 25 % por allanamientos ilegal de morada y el 10,9 % por malos tratos.

La mayoría de las personas afectadas, de acuerdo con la fuente, son jóvenes de entre 18 y 30 años, con el 59,1 % de los casos, principalmente hombres. Las denuncias apuntan como principal "victimario" a la Policía Nacional Civil (PNC) con 75,9 %, seguido de la Fuerza Armada con 6,1 % y 16,2 % a ambas instituciones.

Cristosal -una organización de derechos humanos que trabaja para promover los derechos humanos en Centroamérica, mediante la investigación, aprendizaje y la programación basada en los derechos- advierte en su informe que al menos 80 personas detenidas durante esta "guerra contra las pandillas", como la llama el Gobierno, han fallecido en custodia del Estado.

La organización asegura que el Estado no "asume la responsabilidad por estas muertes ni desarrolla investigaciones para su esclarecimiento". Agrega que "los cuerpos presentan signos de violencia cuando la muerte se produce al interior de un centro penal".

Tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas a finales de marzo pasado, la Asamblea Legislativa aprobó a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele la suspensión de garantías constitucionales y, después, siete prórrogas.