Los indígenas colombianos están hartos. Con los grupos guerrilleros que de izquierda sólo quedan las AKA 47, los grupos de autodefensa que superan el terror de los guerrilleros, las asociaciones de criminales que se alían con unos y otros para lucrar con la cocaína o proteger barones agrarios locales y, claro, con el ejército. Y han comenzado a expulsar a todos estos criollos alucinados de sus tierras y pueblos. No se trata sólo de agotamiento:  el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reveló –a mediados de agosto pasado– que un niño indígena es 647 veces más probable que sea obligado a reclutarse por cualquiera de los bandos en pugna o sea afectado por un crimen o despojo. De hecho “no son menos de 18.000” los pequeños que ya son parte de las entidades armadas, sean las FARC, el ELN o las mafias. Así, el asunto ha pasado a tener una dimensión que llega al núcleo mismo de la supervivencia de algunas etnias o tribus.

Según el ICBF, el 57% de éstos son varones, pero la demanda de mujeres crece a pasos agigantados. Y la edad promedio es de 12 años. Con “sectores de la economía ilegal directamente controlada por grupos armados ilegales y organizaciones criminales”. Con 47 millones de habitantes, 18.000 mil niños podrían parecer pocos a algunos ojos. El mismo ICBF se encarga de dramatizar la proporción indicando que ésos son los exclusivamente miembros de grupos armados, pero que hay cerca de 100.000 niños y adolescentes vinculados a “sectores de la economía ilegal directamente controlada por grupos armados ilegales y organizaciones criminales”. Y no estamos hablando de vendedores callejeros, se trata de la generación de recambio que, finalmente, nutre la reproducción de las subculturas del delito en Colombia y dificultan que sus tasas de asesinatos y otros crímenes desciendan de manera más compatible con su nivel de desarrollo económico y sociocultural.