Duele como un parto, pero al final no hay relajamiento ni alegría. En eso se ha convertido hacer negocios en Venezuela para las grandes empresas brasileñas. En especial para las constructoras, cuyo portafolio de obras estimado llega a US$20.000 millones, según la consultora Ecoanalítica. ¿Cómo se llegó a esto? Todo comenzó en 2005, cuando Lula Da Silva y Hugo Chávez bendijeron la construcción, por parte de la compañía Andrade Gutierrez, de una acería bautizada como “Empresa Básica Socialista Siderúrgica José Inácio de Abreu e Lima”. El nombre del proyecto estaba lejos de ser un capricho: Nacido en Brasil, José Ignacio de Abreu y Lima secundó a Simón Bolívar en dos batallas fundamentales de las guerras de independencia de Venezuela y Colombia en 1817.

Como todo romance, partió bien. Para el economista Fernando Portela, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Venezolana-Brasileña, las empresas contratistas fueron las más beneficiadas por esta nueva proximidad bilateral. “Muchos emprendimientos fueron al área social, construcción de hogares, desarrollo agrícola, saneamiento básico y energía”, afirma.

Quien mucho abarca...

Una década después, sin embargo, el deterioro de la situación económica del país y la agudización del desorden administrativo bajo la presidencia de Nicolás Maduro hacen crujir el idilio. Empresas como Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvão –gigantes de la construcción– sufren buscando cumplir con sus contratos, y también garantizarse los pagos por los servicios prestados.

Entre ellas, la más comprometida es Odebrecht. Fuentes del sector estiman que el 70% del endeudamiento del gobierno venezolano con las constructoras brasileñas corresponde a servicios prestados por la empresa con sede en Salvador, Bahia, la que posee al menos nueve obras en ejecución en este momento. En un aspecto involuntariamente cómico, una de las obras que estarían detenidas es el Proyecto Agrario Integral Socialista José Ignácio de Abreu e Lima (quien también da su nombre a la siderúrgica antes citada y a una refinería de Petrobras, en Pernambuco). Parte de los terrenos, según líderes locales que prefieren el anonimato, se encuentra abandonada, de la misma manera que las máquinas y las semillas.

El proyecto fue cerrado en 2009, con una inversión de cerca de US$640 millones por parte de la contratista y la previsión de una cosecha de 13.000 hectáreas de soja. Hoy –según fuentes sindicales– el proyecto, ubicado en Monagas, en el este del país, funciona a un 18% de su capacidad. Datos del Ministerio de Agricultura y de Tierras revelan que, el año pasado, las obras avanzaron en un 23%, pero el rendimiento es uno de los peores del mundo: 0,15 tonelada por hectárea.

Por su parte, el sistema de silos para el almacenamiento de grano llegó a guardar 2.498 toneladas, apenas el 2% de lo previsto. Es un fracaso emblemático. El convenio se articuló con la meta de imponer una política de seguridad agroalimentaria “y mire dónde estamos”, dice una fuente cercana al tema y que pide reserva de identidad.

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Este deseo de anonimato es universal cuando se buscan fuentes que hablen de la situación. “La situación nunca estuvo peor. Es muy caótica y hay mucha incertidumbre. Hay pagos que no se completaron, obras asignadas que ni siquiera salieron del papel, contratos no reconocidos; pero sería un suicidio si un empresario diese nombres y apellidos”, afirma un ejecutivo.

Otra obra de Odebrecht atrasada es un puente sobre los 11 kilómetros de extensión del río Orinoco, cuya entrega debería ser en 2016. Según José Espina, del Sindicato de Trabajadores de la Construcción del estado de Bolívar, “las obras están semiparalizadas por falta de recursos de la empresa Odebrecht y por fallas en el abastecimiento de concreto”.

La falta de recursos es lo que afecta a otro proyecto de la empresa en el estado de Maracaibo, fronterizo con Colombia: la Empresa Socialista de Irrigación de la Planicie de Maracaibo (ESRPM). La inversión anunciada que debía materializar Odebrecht era de cerca de US$3.350 millones para el desarrollo de 20.000 hectáreas de agricultura y ganado, para beneficiar a 1.800 familias en la localidad de “El Diluvio”. Según un informe del Ministerio de Agricultura y Tierras de 2013, la empresa plantó 2.332 hectáreas y produjo 3.157 toneladas de hortalizas, frutas, legumbres y cereales. Hoy se encuentra en conflicto por el plan para despedir a 600 de sus más de 900 empleados. Líderes rurales denuncian su fracaso.

Aun así, Odebrecht insiste en nuevos negocios en Venezuela. Gracias a un fondo chino la empresa habría recibido un adelanto de US$200 millones para construir un puente en Maracaibo. Es parte del portafolio de obras de la constructora en Venezuela que, entre otras, incluye también la construcción de líneas del metro de Caracas y las de Los Teques. En el caso de Los Teques, el balance anual del Ministerio de Transportes afirma que, de los US$1.240 millones aprobados para la obra, sólo el 23% de los recursos fueron transferidos. Debido a ello, la obra habría avanzado apenas un 18%. El tramo de 13 kilómetros previsto debería haber estado listo en el 2012, dicen en el ministerio.

Pero la empresa sigue apostando por Venezuela. En abril, por medio de su subsidiaria Braskem, ratificó un acuerdo de 2013 con la Petroquímica Venezolana (Pequiven) para establecer una fábrica de amoníaco y de urea con una inversión de US$1.400 millones para abastecer los mercados del Mercosur.

Odebrecht no quiso comentar los problemas que está atravesando en Venezuela. Por medio de un escueto comunicado, la compañía afirmó que “nuestras obras están en curso y el cronograma sigue el ritmo acordado con nuestros clientes”.

Otras constructoras

Odebrecht no está sola. Otras compañías también poseen contratos relevantes. Andrade Gutierrez construye un astillero y dos barcos para PDVSA y una supuesta “Ciudad del Acero” en el estado de Bolívar, fronterizo con Brasil, obra que ni siquiera comienza a construirse. La razón es que la estatal Sidor, por sucesivas huelgas de sus trabajadores, no está en condiciones de cumplir su parte incrementando la inversión en acero.

Por su parte, Camargo Corrêa realiza obras fluviales y la construcción de una represa para suministrar agua a Caracas. La inversión habría rondado los US$600 millones y más de 1.600 trabajadores fueron contratados. Inicialmente el proyecto debía estar operativo en 2012, pero apenas el 30% se encuentra en pie. En Lara, estado agrícola en el oeste de Venezuela, Queiroz Galvão es la empresa encargada de completar el Proyecto Agrario Socialista del Valle de Quíbor, que tiene cerca de 30 años de atraso por parte de gobiernos sucesivos e incluye el desvío de un río, a un costo de US$1.200 millones. Sería el mayor emprendimiento de la empresa fuera de Brasil. Se espera que esté listo en seis años más.

Al igual que Odebrecht, ni Andrade Gutierrez ni Camargo Corrêa ni Queiroz Galvão quisieron comentar la situación de sus operaciones venezolanas. ¿Cómo terminará todo? En el mejor de los casos, con renegociaciones de plazos. Y en el peor, con un gran dolor en los balances.