Los incentivos para que los ejecutivos maquillen los estados financieros al alza. Sepa si su empresa puede estar entre las víctimas. Ximena Bravo Pou, Santiago

Los profesionales de la unidad que investiga delitos económicos de la Fiscalía Nacional de Chile están atiborrados de trabajo. “La delincuencia económica ha aumentado”, dice Mauricio Fernández, director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, basada en Santiago. “Y es cada vez más sofisticada”.

Lo que sucede en Chile, el mercados más avanzado en la supervisión financiera de América Latina, se extiende también por el resto de América Latina. “Las consultas de empresarios preocupados por la posibilidad de algún fraude contable han aumentado en 20% en los últimos dos años en mi empresa”, dice Miguel Ángel Díaz, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y socio de la consultora Mindfield.

Las dificultades para supervisar a las empresas siempre han existido. No obstante, ahora hay que sumar una serie de innovaciones en la gestión que incrementan los incentivos para falsear los resultados: bonos por desempeño, normativas contables más flexibles y un mercado dinámico de fusiones y adquisiciones que tientan a los ejecutivos a presentar sus informes financieros de manera alterada.

El caso del Banco PanAmericano, del brasileño Silvio Santos, o el más reciente caso de la cadena de tiendas La Polar en Chile, son sólo los dos más extremos de una seguidilla de eventos ocurridos en los últimos años. En el caso de la cadena de multitiendas chilena, que ha enfocado su negocio en la venta al crédito, sus ejecutivos repactaron unilateralmente las deudas de miles de clientes para no reflejar la morosidad y las provisiones correspondientes. Así lograban mantener el precio de la acción artificialmente alto.

A mediados de julio, la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) interpuso acciones legales contra ocho ex ejecutivos de la empresa, quienes conocían la situación y vendieron acciones que habían recibido como parte de su remuneración. Desde 2006 La Polar contaba con un sistema de stock options (reservar para los ejecutivos parte de las acciones de la compañía para que al cabo de algunos años puedan comprarlas). Un incentivo que puede resultar perverso, como ocurrió con Enron en 2001.

“Los sistemas de incentivos en general son imperfectos”, reconoce el director de empresas chileno Sergio Mujica. Porque contraponen intereses: mientras los accionistas quieren aumentar el valor de su compañía, los ejecutivos buscan que su sueldo crezca a fin de mes. Además, los gerentes tienen mucha más información que los accionistas, lo que les permite manipular los números a espaldas del directorio. “Con las stock options se genera otro problema: si los resultados son buenos el ejecutivo ejerce la opción y gana, pero si las cosas van mal, no la ejerce y no le pasa nada”, dice Mujica. “Es decir, no tiene nada que perder, pero mucho que ganar”.

Además, las penas en Chile son muy bajas para este tipo de delitos. Para una sentencia de cárcel se necesita un conjunto de requisitos casi imposibles de reunir. Esto incentiva a los fiscales a negociar compensaciones económicas para los afectados, antes que arriesgarse a un juicio largo y sin resultados. Ningún chileno ha sido condenado por fraudes contables, mientras que en EE.UU. Keneth Lay y Jeffrey Skilling, los mayores ejecutivos de Enron, fueron condenados a más de 20 años de cárcel.

Para Franco Parisi, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, en Santiago, la gerencia tiene incentivos para inflar las ganancias “para hacer más atractiva la empresa frente a los inversionistas justo antes de realizar una emisión de acciones”. Fue justamente lo que sucedio en La Polar: iniciaron las repactaciones unilaterales de deuda de sus clientes, justo antes de entrar a bolsa. En cuatro años las acciones se habían valorizado en un 630%.

El boom de fusiones y adquisiciones de los últimos años es otro incentivo perverso. Los ejecutivos prefieren que su empresa compre a otra antes que ser comprados. Por ello, tienden a mostrar una liquidez mayor de la real para protegerla frente a ofertas hostiles. A lo anterior se suma el sistema IFRS, un nuevo estándar contable internacional que se ha popularizado en todo el mundo desde hace un par de años. Es más flexible que el anterior y, por tanto, más manipulable.

Según los expertos, uno de los caminos más habituales para la contabilidad creativa en Chile es el uso de sociedades relacionadas de difícil acceso para los fiscalizadores.

Otra forma de maquillaje financiero, aunque dentro de la ley, se logra bajo la figura de lease back, un contrato con el que una empresa vende un inmueble a un banco. Éste después lo cede en arriendo a quien lo vendió, con un derecho de opción de compra luego de un determinado período. “Esto se registra como una compra-venta de activos, pero en el fondo es un endeudamiento con el banco que no aparece en el balance”, dice Franco Parisi. Los dardos apuntan también a los auditores externos. Reciben un pago a cambio de sus servicios y, si ponen muchos reparos a los números, el cliente puede preferir una auditora menos exigente. “La situación no tiene sentido: el inspeccionado paga los honorarios del inspector”, dice Parisi.

La SVS anunció cargos legales en contra de la auditora PricewaterhouseCoopers –que declinó opinar para este reportaje– por su actuar en el caso La Polar. En el escándalo Enron se comprobó que la prestigiosa firma Arthur Andersen destruyó y alteró documentos relacionados con su quiebra e irregularidades. Luego del caso, la auditora desapareció.

Los directores y auditores no creen que el maquillaje contable deba combatirse eliminando incentivos, sino desarrollando más controles. “Los directores están hoy más obligados a tener un ambiente de control más riguroso, más proactivo y menos reactivo”, dice Mario Valcarce, ex presidente del holding eléctrico Enersis y director inscrito para representar a fondos de pensiones en varias empresas; los programas de incentivo para ejecutivos son necesarios. “Y no sólo ellos, sino también las clasificadoras de riesgo, auditoras, autoridades y reguladores”.

La nueva ley chilena de gobiernos corporativos, vigente desde 2010, busca fortalecer los controles y La Polar ha sido su primera gran prueba. Puede que el riesgo de fraude en las organizaciones siga al alza y, con ello, el trabajo de los investigadores de la fiscalía. A menos que los directores comiencen a crear las estructuras adecuadas para monitorearlo y prevenirlo.