Al cierre de esta edición el número de muertos se acercaba a los 800, y la lista de desaparecidos, a más de 400 personas. La fuerza de las lluvias de verano no es una novedad en Brasil, pero sí el nivel de los estragos. “Es imposible evitar que llueva, pero sí cambiar el cuadro de daños”, dice Isimar Azevedo dos Santos, profesor de Meteorología de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, una de las voces que llamaron la atención sobre la lenta reacción de las autoridades. “En EE.UU, cuando pasan los huracanes, sólo hay que estimar daños materiales gracias a un sistema de alerta eficiente”.

Ignorar las tecnologías disponibles para la implantación del sistema de alerta y prevención de desastres naturales no es el único desliz gubernamental en este episodio. Fue prometido por Lula hace cinco años, pero la catástrofe de Rio reveló que su implementación estaba totalmente atrasada. También hubo que lamentar la falta de fiscalización y control de tierras ocupadas ilegalmente, algo que muchas veces los políticos estimulan para obtener votos de los movimientos sociales.

De todos los estamentos involucrados (federal, estadual y municipal), el más afectado es el gobernador de Rio, Sergio Cabral, del PMDB, principal aliado del PT. Reelegido en primera vuelta, Cabral ya estaba acostumbrándose a un trato de celebridad mundial. Hizo una cena buscando que se vetara la redistribución de royalties del Pre-Sal –que podría costarle al estado unos US$ 7.000 millones, y celebró la victoria de Rio como sede de los Juegos Olímpicos de 2016. Pero su mayor éxito ha sido el programa para la erradicación del narcotráfico: las Unidades de Policía Pacificador (UPP), que están instaladas en 14 favelas e inspiraron la taquillera película Tropa de Élite.

Para Azevedo y otros especialistas, Cabral no puede dormirse en los laureles y hacerse el desentendido con las lluvias. Al final bastaron algunas horas para que los anegamientos y aludes provocaran más víctimas que el narcotráfico en un año entero.