Pasar al contenido principal

ES / EN

El juego del gas
Lunes, Septiembre 12, 2011 - 11:39

El inflamable gas de Camisea será la primera gran fuente de conflicto del gobierno de Ollanta Humala con el empresariado peruano. Su resolución dejará en claro el grado de moderación o radicalismo del nuevo gobierno.

Las aventuras del fontanero Mario y su hermano Luigi por las alcantarillas de Nueva York son una de las franquicias más exitosas en la historia de los videojuegos.

No sería mala idea que los creativos de Nintendo pongan sus ojos en Perú para idear nuevas versiones de Mario Bros. Específicamente en Camisea, un proyecto gasífero ubicado en el departamento del Cusco. Es poco probable que en estos momentos haya en el mundo otra red de ductos y tubos que tenga tanto potencial de conflictos, enfrentamientos y desventuras.

Resulta que el gas natural de Camisea será el primer y principal flanco de conflicto del flamante gobierno de Ollanta Humala.

Las empresas petroleras que tomaron el proyecto en 2001 (y que han destinado más de US$ 2.287 millones para su desarrollo) han privilegiado exportar el gas, dados los mayores precios del commodity. Ello a pesar de que, de los dos lotes gasíferos con reservas probadas que componen Camisea (el 56 y el 88), el segundo debe por ley dedicarse al mercado interno. Es una exigencia legal fijada en los inicios del proyecto, pero que se renegoció durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García y fue uno de los principales argumentos de campaña del actual presidente Humala. “Ni una sola molécula de gas irá al extranjero”, dijo.

La declaración generó expectativas. “Confiamos en que el presidente Humala cumpla lo que prometió: el gas de Camisea debe ser para los peruanos”, dice Martha Quispe, secretaria de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, donde se extrae el gas de Camisea. “Todos los cusqueños esperamos eso. Los gobiernos anteriores han utilizando nuestros recursos, sin darle el valor agregado al pueblo”.

El gas significó uno de los mejores combustibles para impulsar la carrera ascendente de Humala hacia la Presidencia de la República. Muestra de ello es que en el Cusco el 72% del electorado votó por él, mientras en todo el sur obtuvo en promedio 71%.

A cargo del Ministerio de Energía y Minas, responsable de determinar las políticas generales que afectan a Camisea, Humala designó a Carlos Herrera Descalzi. “No hay negociación, hay ley, y ésta dice que el mercado interno tiene preferencia”, dice Herrera Descalzi.

Humala además nombró al geólogo Aurelio Ochoa como nuevo presidente de Perupetro, la agencia estatal encargada de negociar directamente con las empresas que componen los consorcios responsables de la extracción y distribución del gas. Para Ochoa basta con aplicar un par de leyes para decir que, en vista de la necesidad de abastecer el mercado local, la exportación no procede.

El problema es que la exportación de gas natural hace más rentable el proyecto. Mientras que Argentina paga a Bolivia US$ 6 por millón de BTU (unidad térmica británica, por sus siglas en inglés) de gas natural, y Chile desembolsa US$ 10 a los argelinos, los operadores de Camisea obtienen US$ 3,21 (sin contar transporte ni distribución) por millón de BTU vendido en el Perú. De hecho el mercado exportador es tan importante que el acuerdo de concesiones señala que parte del gas del lote 88 se podría usar como garantía para los clientes internacionales si el del lote 56 se acababa antes que descubrieran y explotaran nuevas reservas. Las importantes obligaciones financieras de ambos consorcios, generadas por las altas inversiones, los obliga a privilegiar la caja.

La resistencia del Consorcio Camisea para negociar está en que mantiene como garantía en los bancos una parte de las reservas probadas del lote 88. La construcción de Pampa Melchorita, donde está la planta de licuefacción que enfriará el gas natural para transformarlo en líquido exportable, demandó una inversión de US$ 3.800 millones. La deuda con la banca privada asciende a US$ 2.200 millones.

Ni los representantes del Consorcio Camisea ni PERU LNG aceptaron hablar con AméricaEconomía para este reportaje. No obstante, el peruano Carlos del Solar, presidente para el Perú de la petrolera texana Hunt Oil y uno de los mayores participantes en el proyecto de Camisea, explicó hace unos días a un medio local la postura de los consorcios. “Esta famosa renegociación es totalmente innecesaria porque actualmente se está cumpliendo con los términos que se pretende cambiar”, dijo. “Parece que el tema es político porque actualmente la regalía que paga el gas de exportación es más alta que la que se abona por el gas doméstico”. Del Solar recuerda que hay compromisos financieros por US$ 2.200 millones que ejecutarán los bancos si el Consorcio cambia lo pactado. “Mataríamos el proyecto que está dando muchos ingresos al país”, dice. Cabe señalar que desde el inicio del proyecto en 2004 hasta el cierre de 2010, el Consorcio Camisea ha entregado al Perú en regalías un acumulado de US$ 2.483 millones.

Comunicados oficiales de las empresas han informado que de ser necesario sólo se exportará el gas del lote 88 recién en 2015, “tiempo suficiente para encontrar más gas natural en otros lotes”, entre ellos el mismo 56, y de ese modo no sea necesario usar la garantía del lote 88. Además de estos lotes existen los del 57, 58 y en el norte del país, que cuentan con reservas probables y posibles difíciles de cuantificar.

Desabastecimiento a la vista. Los que no entienden de probabilidades son los industriales peruanos que han visto cómo los costos de la energía siguen subiendo. El gas natural casi no forma parte de la mezcla energética pese a los compromisos de Camisea. Algunos auguran posibilidades de racionamiento eléctrico para 2012. De hecho Perú ya importa electricidad de Ecuador para abastecer el norte del país, donde se les ha racionado el suministro de energía a varios productores industriales debido a la baja producción de las centrales hidroeléctricas por falta de lluvias.

Según Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), si el Perú quiere garantizar el crecimiento económico, se debe asegurar la generación eléctrica. Para ello se deben agregar a la oferta energética 400 megavatios cada año. “En el sur del país el principal problema que está ocasionando esta escasez de energía es que no hay cómo abastecer los nuevos proyectos mineros, mientras que en el norte una empresa italiana ha ganado una licitación de generación de energía a gas de 200 megavatios, pero los resultados se verán dentro de dos años”, dice Manco.

Las alternativas de Humala. Así como en Mario Bros., hiperactivo plomero que tiene distintas soluciones para cada etapa, el gobierno tiene diferentes caminos para enfrentar el desafío de cumplir sus promesas de campaña e incrementar el consumo de gas natural por parte de los peruanos.

Uno de ellos es cumplir la letra de la ley y obligar a los consorcios de Camisea a que abran la llave de los gasoductos que van al mercado peruano. Esto, no obstante, implicaría desconocer las renegociaciones que el Consorcio hizo con los pasados gobiernos. “Muchas de las empresas con las cuales se ha negociado la exportación provienen de países con los que el Perú tiene TLC y nos podrían enjuiciar internacionalmente”, dijo el mismo ex presidente Alan García.

América Latina, no obstante, ha sido generosa en cambiar condiciones de provisión de hidrocarburos en el pasado reciente, sin tener mucho cuidado con los detalles legales. El gobierno venezolano de Hugo Chávez o el boliviano de Evo Morales son antecedentes. Pero el presidente peruano cuenta –según los expertos– con mayores argumentos legales que sus colegas bolivarianos. “El Perú tiene una razón legal para hacer valer la prioridad del suministro al mercado interno y al ser una condición básica del contrato, es defendible en cualquier arbitraje o mecanismo de conciliación”, dice el ex viceministro de Energía Pedro Gamio. “Además, ese uso abarata sustancialmente los costos internos. Dichos argumentos favorecen a que una renegociación de los contratos por el nuevo gobierno tenga buen camino”.

Además de ello, un reciente informe de la Contraloría critica las condiciones en que el Estado negoció este megaproyecto. El contrato de explotación del lote 88 perjudica al Estado al fijar un porcentaje de regalía (37,24%), pese a que las normas vigentes en el momento del convenio establecían que esta cifra debía ser variable en función de la producción y los precios. Peor aún –dice la Contraloría– el Estado dejó de recibir US$ 47 millones de regalías en el lote 56 por un sobredimensionamiento del costo del transporte y almacenamiento de los líquidos del gas.

Así las cosas, el camino para Humala y sus intenciones de destinar todo el lote 88 para el consumo peruano parece ser no muy agreste. No obstante, las empresas de Camisea ya están preparadas para contestar la ofensiva del gobierno. Fuentes cercanas a Pluspetrol afirman que el Consorcio Camisea ya tiene lista su estrategia para acudir al Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (Ciadi), del Banco Mundial.

Como es mejor un mal arreglo a un buen juicio, probablemente el gobierno busque negociar directamente con las empresas que forman parte del Consorcio PERU LNG para que incremente su provisión de gas al mercado peruano. Esto fue muy difícil de lograr en el pasado. “Quisimos renegociar el contrato, pero no prosperó porque el Consorcio Camisea se ha cerrado”, dice Daniel Saba, presidente de Perupetro durante el gobierno de Alan García. Si bien el proceso de una negociación sería más largo, podría generar una mejor base para el largo plazo.No obstante, para Ian Vásquez, director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute, la falta de detalles del presidente Humala sobre cómo hará que el lote 88 sea íntegramente para los peruanos perjudica a la economía local. “Para incrementar el consumo del gas en el Perú, se supone que se está contemplando alguna regulación o intervención del Estado que altere el mercado actual. Ese cambio de las reglas del juego desalienta la inversion tan necesaria para el crecimiento sustentable”, dice Vásquez. “El gobierno está dando mensajes, y eso preocupa”.

Por lo pronto, el escenario gasífero peruano pinta perfecto para Mario Bros.: un laberinto de tubos y antagonistas en el que tal vez sea muy difícil encontrar una salida rápida.

Autores

Juan Zegarra Salas