Enemigo público Nº 1 o héroe de la libertad de información, el australiano Julian Assange no deja indiferente a nadie desde que el 28 de noviembre Wikileaks, el sitio de información que preside, comenzara a divulgar los cables del Departamento de Estado estadounidense. La presencia latinoamericana en el vendaval de revelaciones ha sido más bien escueta en relación a otras “áreas calientes” del planeta, como el Medio Oriente. Al cierre de esta edición, el sitio había revelado 210 cables originados en las representaciones diplomáticas estadounidenses en la región. Su distribución ciertamente refleja la importancia asignada por Washington a cada país. De Brasil hay 77 cables, seguidos a distancia por 27 de Venezuela, 23 de Bolivia, 22 de Colombia y 19 de Argentina. Lo que es más significativo, sólo 63 cables están rotulados como “secretos”. En uno de éstos, fechado el 25 de febrero de 2010, el embajador en Managua describe con lujo de detalles los esfuerzos de Daniel Ortega por caer bien a Washington, puesto que ni Caracas, Teherán o Moscú ofrecen suficiente ayuda económica. En otro, se afirma que el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, teme por su seguridad y sospecha que sus llamadas son interceptadas por miembros de la vieja guardia del FMLN. Las escuchas ilegales en Colombia, los vínculos del ejército peruano con el narcotráfico o entre indígenas chilenos y las FARC (catalogados “pretenciosos” por la diplomacia estadounidenses) han levantado polvareda en toda la región. Los desmentidos se han sucedido al ritmo de las disculpas de Washington; y mientras Lula y Chávez han dado su apoyo a Assange, otros han hecho notar el silencio significativo de Cristina Fernández.

Wikileaks es una comunidad de colaboradores que se comunican por Skype o salones de chat encriptados para coordinar ataques y estrategias defensivas. En su manifiesto fundacional, identifica los secretos de Estado con conspiraciones contra la población civil. Pese a los ataques indirectos contra el sitio, varios expertos dudan que Assange pueda ser acusado de espionaje en EE.UU. La Primera Enmienda y la jurisprudencia estadounidense protegen a los medios de comunicación que revelan secretos de Estado, siempre y cuando los hayan recibido pasivamente de un informante