Un 1.200% de rentabilidad obtendrán los fondos que demandan a Argentina por el no pago de cerca del 7% de su deuda externa total defaulteada en 2001, si es que aceptan la oferta del gobierno de un recorte del 25% y recibir el resto (US$6.500 millones) en efectivo. No hay contradicción en la cifras. Los fondos en realidad habían comprado unos US$500 millones de los bonos después del default. Esto, a un promedio de 25 centavos de dólar por cada dólar nominal, pero con el paso de los años se han ido acumulando intereses y penalidades. Aunque la oferta de la nueva administración del país del Río de la Plata es muy superior a la que aceptaron los acreedores del 93% restante en la década pasada (la que incluyó un recorte del 65% del monto nominal y pago en bonos indexados por crecimiento económico), cuatro de los demandantes no la han aceptado.

Para el gobierno macrista es clave llegar a acuerdo con ellos para lograr el regreso al mercado de capitales global. Pero no se trata de una apuesta sin riesgos: es necesario que el Parlamento anule o modifique la “Ley Cerrojo”, que impide al Ejecutivo pagar más de lo que se hizo con el 93% de los deudores. Es casi seguro que Macri podrá obtenerlo. El problema es que lo anterior puede derivar en que quienes aceptaron la quita del 65% mencionada, al ver la buena suerte de los que no aceptaron, estimen que la promesa, formal y por escrito de que no habría oferta mejor en el futuro, fue traicionada por el Estado argentino y lleven tal reclamo a tribunales de Nueva York. Si alguno llegase a fallar contra Argentina, en el peor de los casos el país entraría en quiebra real por la inmensa cantidad de dinero que implicaría universalizar el acuerdo actual y, en el mejor, seguiría en default técnico. Macri tendrá que cruzar bien los dedos.