“No le deseo a nadie estar obligado a vivir cuando se quiere morir. Me despertaría sintiéndome mal a sabiendas de que mis tratamientos son pagados por el gobierno”, dijo el ministro de Finanzas japonés, Taro Aso, durante una reunión del Consejo Nacional sobre reformas a la Seguridad Social, en enero pasado. “El problema no se resolverá a menos que se les dé prisa para morir”, agregó refiriéndose a los ancianos japoneses.

Las frías palabras del ministro no fueron bien recibidas en un país donde un 25% de la población está por encima de los 60 años. De hecho, Taro Aso tiene 72 años y, al parecer, lo complican los gastos en pensiones y sanidad que llevaron al gobierno a aumentar en un 10% los impuestos sobre el consumo. Aunque América Latina es joven aún comparada con Japón, los niveles esperados de crecimiento demográfico nos dan señales de lo que nos espera si no implementamos sistemas  de pensiones universales y sostenibles en el tiempo.

Por décadas la región se caracterizó por  altas tasas de natalidad, familias numerosas y un excedente de mano de obra. Sin embargo, está transformando su demografía, con una tasa de natalidad que cae cada año y un aumento de la esperanza de vida. Según cifras de la ONU, el porcentaje de población de más de 65 años se triplicará para mediados de este siglo, superando el 20 % del total.

Mientras nuestros países siguen jóvenes, estamos a tiempo de implementar sistemas de pensiones que logren sostener un proceso que no se puede arreglar a última hora, y que es irreversible. América Latina cuenta hoy con múltiples modelos de pensiones, con el Estado y los privados participando en distintas medidas y coberturas. Pero no en todos los países las necesarias reformas están instaladas en la discusión. “Se debate más en países envejecidos, como Uruguay o Argentina, que en países como Guatemala o Nicaragua, donde todavía la población tiene una composición joven”, comenta Martín Hopenhayn, director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL.

Una amplia capacidad fiscal, el porcentaje de población urbana y trabajadores con empleo formal también inciden en la importancia que se les da a las pensiones. “Por ejemplo, en México, en estados rurales o indígenas como Chiapas, la cobertura es del 20% de gente en el sistema de pensiones obligatorio, comparada con Baja California y otro estados más industrializados que cuentan con un 60% o 70% de cobertura”, dice  José Gabriel Martínez, secretario general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

Anciano público-privado

Mientras el reloj sigue corriendo, la multiplicidad de modelos y de realidades en América Latina tiene a sus países probando distintas recetas. La clasificación básica separa a los modelos entre los de capitalización individual y gestión privada, entre los que están países como Chile, México, Colombia y Perú, y los de reparto y gestión pública, entre los que están Brasil y Argentina.

Tradicionalmente, América Latina contó con sistemas de pensiones de reparto, con gran participación del Estado y un fondo común. El primer país en romper este paradigma fue Chile, que realizó una reforma de raíz en 1982, en plena dictadura militar. Ese año implementó un sistema de capitalización individual con administradoras privadas, las AFP.

Una década después, en una región que recuperaba la democracia, otros nueve países implementaron, al menos en forma parcial, sistemas de capitalización individual. La gran excepción en esta dirección es Argentina, que dio pie atrás de su sistema de capitalización estatizando las pensiones en un sistema de reparto en 2010. Y se dio en un contexto de estatizaciones de los gobiernos Kirchner.

Brasil cuenta con un sistema estatizado, aunque con la posibilidad de acceder a un sistema privado de ahorro como complemento. “Estas pensiones privadas complementan la seguridad social, que es muy pequeña. Por eso Brasil va adelante, incluso hay empresas con sistemas previsionales propios”, dice Cristián Miranda, leader de Retiro, Riesgo y Finanzas de Mercer. Esta consultora publicó en octubre pasado el Índice Global de Pensiones 2012, un ránking de los mejores 18 modelos de jubilación, que apunta a revelar las deficiencias de los sistemas y sus oportunidades de mejora. El primer lugar correspondió a Dinamarca. A nivel latinoamericano, Chile se posicionó en el octavo lugar, el puesto más alto de la región. Le sigue Brasil en el puesto Nº11. Lo curioso es que estos lugares más altos corresponden a un sistema de capitalización individual y a otro de reparto estatal, lo que demuestra que no hay recetas únicas.

Por otra parte, la fusión de modelos pone en entredicho la clasificación privado-estatal. Las sutilezas de cada uno hacen que hoy se clasifiquen preferentemente en torno a tres variables: si cuentan o no con pensiones no contributivas para personas sin previsión; si cuentan con un sistema contributivo, ya sea público o privado; y si cuentan con la posibilidad de un ahorro voluntario que complemente el monto de pensión básica. “Antes se contraponían los sistemas de reparto con los de capitalización, pero hoy estos sistemas están mezclados, entonces ya no es correcta esa separación”, dice Martínez, Secretario de la CISS.

En esta mezcla de sistemas, la buena noticia es que existe, desde 2007, un Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que permite el entrecruzamiento y reconocimiento de las pensiones entre países. Fue firmado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Quién pone la plata

Más allá de las características de cada sistema, el gran problema en América Latina es el amplio margen de trabajadores informales, quienes no están insertos en sistema de pensiones alguno. “La lucha contra las altas tasas de informalidad que se dan en muchos países debería ser la primera y principal forma de aumentar el número de aportantes”, comenta Francisco Jacob Sánchez, vicesecretario general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS). Esto produce una gran parte de los ancianos sin pensión o,  en el mejor de los casos, que el Estado financie pensiones solidarias, de montos muy bajos.

Estos sistemas de pensiones no contributivas van desde pensiones que se corresponden con el sueldo mínimo del país, como en Colombia, a pensiones que son una cuarta parte de este monto, como en México. Allí,  desde 2008 existe un programa de pensiones no contributivas para los adultos mayores: “65 y más”. Desde ese mismo año Chile equilibra su sistema privado con pensiones básicas solidarias para personas que nunca cotizaron, por un monto que corresponde aproximadamente a la mitad del sueldo mínimo chileno.

Son reformas complejas, considerando que, por una parte, los Estados buscan garantizar un mínimo para personas sin pensión y por otro deben incentivar la inserción al sistema de ahorro. “Países como Bolivia, Perú o Paraguay ya tienen programas de prestaciones no contributivas. Sin embargo, para no desincentivar la inclusión en sistemas formales, el importe de esas prestaciones es siempre menor”, dice al respecto Jacob Sánchez, de la OISS.

Los hechos indican que debemos pensar a largo plazo. Aunque previsibles, los cambios demográficos no tienen vuelta atrás. Ningún político latinoamericano querría emitir declaraciones como las del ministro japonés.