A principios de noviembre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina acusó a Procter & Gamble (P&G) de sobrefacturar US$138 millones. Para el gobierno esto constituye “fraude fiscal relacionado con operaciones de importación”, a lo que podría agregarse el delito de “contrabando agravado”. Como si fuera poco le suspendió a la multinacional su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y su inscripción en el registro de importadores. En la práctica suspendió las operaciones de P&G en Argentina. 

La medida causó sorpresa, pues P&G tenía buenas relaciones con el gobierno, tanto así que incluso algunos de sus productos estaban adheridos al programa Precios Cuidados, el esquema de la Secretaría de Comercio Interior para moderar el alza consante de los precios detallistas. 

No es un caso aislado: a los pocos días del incidente con P&G el gobierno sancionó a General Electric por sobrefacturación de importaciones, a la Maltería Pampa S.A. del Grupo Ambev (principal importadora y exportadora de malta de la región) y a Monteverde, de Laboratorios Raffo, por subfacturación de exportaciones. En ambos casos se trata de dólares menos para la recaudación fiscal. La estrategia del gobierno pareciera ser raspar la olla hasta el último dólar.

¿Necesidad o ideología?

La reacción de las organizaciones empresariales no se hizo esperar. El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de la Rioja, criticó los nuevos controles cambiarios porque éstos generan “multiplicidad de requerimientos y más carga sobre las empresas”. 

Marina dal Poggetto, directora ejecutiva del prestigioso Estudio Bein, no pone las manos al fuego por el comportamiento de P&G y de otras empresas, pero explica la situación en el contexto de la brecha entre el dólar oficial y el informal. Mientras mayor la brecha, más incentivos se generan para sobrefacturar lo importado y tener más acceso al dólar oficial, más barato que el paralelo. Lo inverso también es cierto: a mayor la brecha, más conviene subfacturar lo exportado para no tener que liquidar las divisas a un tipo de cambio menor.

Para Dal Poggetto la economía argentina sigue teniendo dos grandes problemas: inflación y escasez de divisas, y el gobierno culpabiliza de ellos a las empresas. De ahí los controles y el hecho de que el gobierno, desde que el dólar blue trepara a los $16 en octubre pasado, haya puesto sus ojos en el pago de anticipo de las importaciones de las empresas, especialmente de las trasnacionales.

“Cuál fue el comportamiento de cada empresa, eso yo no lo sé”, afirma Dal Poggetto. “Que la AFIP va a tratar de controlar eso, no me cabe la menor duda”. Sin ir más lejos, a dos semanas del incidente con Procter & Gamble el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, anunció la creación de la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad, una suerte de policía cambiaria. 

El economista Matías Tombolini cree que la operatoria del gobierno de aumentar los controles va de la mano con la estrategia de aumentar la recaudación, y en eso no se diferencia de lo que han hecho EE.UU. y Gran Bretaña después de la crisis de 2008: “No se puede pensar así: si Argentina se multa a una empresa transnacional está mal, y si Estados Unidos lo hace está bien”, afirma.

La pregunta es qué tan efectivos pueden ser estos controles y cuánto podrían durar. Dal Poggetto cree que la efectividad se limita al corto plazo. Según ella, la acción de la policía cambiaria logró hacer caer la brecha entre el dólar oficial y el blue, y la presión sobre el tipo de cambio. “Se desplomaron las expectativas de devaluación”, afirma.

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Pero no fue sólo por la acción de estos guardianes de la divisa. Colaboraron también el anuncio de la licitación del 4G (con lo que se podrían recaudar hasta US$2.000 millones), la puesta en marcha del crédito swap con China (yuanes a cambio de pesos) y el acuerdo con las cerealeras para liquidar la cosecha de soja.

Tombolini afirma que hay dos modos de ver los controles: desde el punto de vista del cumplimiento de la ley y desde el plano político, en donde el gobierno está invitando a empresas como P&G a sentarse a discutir ciertas conductas. “Necesitamos observar que no exista evasión fiscal” y para ello hay que tener “identificada cada una de las transacciones”, señaló el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, al anunciar la nueva unidad de control de comercio exterior.

Sin embargo, Tombolini no cree que sea una estrategia conveniente a mediano plazo: “Nadie quiere invertir en un país donde hay un policía con un garrote esperando”. La alternativa es mejorar la confianza para los inversores, algo que el equipo de Cristina Fernández hubiera querido impulsar de no haberse enfrentado con el fallo del juez Thomas Griesa a favor de los llamados “fondos buitre”.

¿Y después?

Marina Dal Poggetto está convencida de que hay que tener en cuenta, sí o sí, el horizonte electoral: en menos de un año habrá un nuevo presidente en Argentina y puede que no sea kirchnerista.

Pese a las restricciones externas, el gobierno salió, por segunda vez, a tomar deuda pública. Emitió y con bastante éxito un bono, el Bonad 2018, pagadero en pesos, pero vinculado al dólar, recaudando casi US$1.700 millones, pagaderos en 2016 y 2018. Según Bloomberg, el interés de los extranjeros por este bono se debe a que están esperando que el dólar oficial y el paralelo converjan hacia fines de 2016. O sea, están descontando que asuma un gobierno que “implemente políticas para reducir el papel del Estado en la economía, ponga fin a su crisis de deuda y deseche los controles monetarios que hicieron proliferar por lo menos tres tipos de cambio en los últimos tres años”.

Para Matías Tombolini, si Argentina logra llegar a acuerdo el próximo año con los holdouts se estaría llegando “al final de la épica del desendeudamiento”. En otras palabras Argentina volvería al financiamiento internacional y daría, por fin, “un giro en la política monetaria hacia la ortodoxia”.

El Premio Nobel de Economía Paul Krugman, de visita en el país para el segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social, señaló que Argentina se mantuvo “durante mucho tiempo con políticas heterodoxas, y a veces se necesita pasar a políticas que calificaríamos como a la antigua, de una manera más realista, para poder superar los problemas que está enfrentando”. Lo dice alguien que siempre ha apoyado a Argentina contra sus detractores más virulentos, como el Wall Street Journal.

Por el momento la policía cambiaria seguirá atormentando a las empresas, y no sólo a las multinacionales. El jueves 20 de noviembre la AFIP citó a 30 pesqueras por inconsistencias en los valores declarados en sus exportaciones. Tienen 15 días para aportar los documentos en su defensa. P&G incluso envió una delegación de ejecutivos a Argentina para solucionar el inconveniente. Al cierre de esta edición seguían negociando con la implacable “justicia cambiaria”.