Cuando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció, en diciembre de 2014, la aprobación de un paquete de préstamos de US$750 millones para la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima, muchos suspiraron aliviados: una de las obras de infraestructura más deseadas y prometidas del país se convertiría en algo que no demoraría casi tres décadas en concretarse, como pasó con la Línea 1.

Así, hacia 2020, cuando entre en operación tras la construcción de sus 35 kilómetros de túneles, este nuevo ramal del sistema de transporte subterráneo permitirá a unos 660.000 usuarios cruzar, diariamente, la ciudad de este a oeste (y viceversa) en 45 minutos, un trayecto que hoy demora más de dos horas en automóvil.

La expectativa es que reduzca significativamente los costos de transporte, los accidentes de tránsito y las emisiones de gases de efecto invernadero en Lima. ¿Si promete tantas ventajas por qué no se había hecho antes? La respuesta es simple: reunir US$5.836 millones no es cosa de un día. Aquí es donde entra un modelo de asociación que promueve el BID. El paquete de financiamiento consiste en un préstamo con garantía soberana por US$300 millones al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, más un crédito sin garantía soberana por hasta US$400 millones y otro por hasta US$50 millones con recursos del Fondo Chino de Cofinanciamiento para América Latina y el Caribe, administrado por el banco.

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Los privados, el Consorcio Metro Línea 2, integrado por el Grupo Iridium/ACS de España; FCC de España; Salini Impregilo de Italia; Ansaldo STS de Italia; Ansaldo Breda de Italia, y COSAPI del Perú, operarán bajo un modelo basado en la retribución de inversiones y un certificado de avances de obras entregado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Lo anterior supone que sólo cuando el sistema entre en operación, el concesionario recibirá el pago por los servicios prestados.

Atraer a los privados

El anterior es uno de los múltiples casos de financiamiento en que participa el BID a través de su programa de fondos sin garantía soberana, total o parcial, creado hace 20 años con el objetivo de que la institución multilateral pueda colaborar en el desarrollo de proyectos de infraestructura concesionados por los gobiernos o impulsados por el sector privado.

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Las modalidades son varias, pero es el Departamento de Financiamiento Estructurado y Corporativo (SCF, por sus siglas en inglés), el que se encarga de las operaciones con garantía no soberana para proyectos de infraestructura grandes, instituciones financieras, mercados de capital, financiamiento comercial, empresas y compañías estatales en una amplia gama de sectores económicos, incluidos la educación, la salud y el cambio climático.

Precisamente, a través de su Programa de Sindicación de Préstamos (A/B), trabaja con inversores de impacto para otorgar préstamos y garantías parciales de crédito en América Latina y el Caribe. “Lo que hacemos es que trabajamos en los distintos países de la región para impulsar proyectos de energía, transporte, sanidad o agua concesionados al sector privado”, dice Jean Marc Aboussouan, jefe de la División de Infraestructura del SCF.

El rol específico del banco en estos casos –continúa es aportar financiamiento directo a las distintas iniciativas, pero habitualmente con plazos más largos que los que ofrece la banca comercial; y, a la vez, actuar como un catalizador de otros inversionistas que quizás no ingresarían si no contaran con el respaldo del organismo multilateral.

“Como el BID tiene presencia en todos los países de la región su participación da seguridad a bancos privados que tal vez no se integrarían a un proyecto si él no estuviera”, agrega Aboussouan.

El BID puede financiar hasta el 25% de la inversión de un proyecto en países grandes como Brasil y México, cifra que se puede elevar hasta un 40% en los países más pequeños y pobres que tienen menos acceso a los aportes de instituciones privadas.

“Nuestro papel es entrar para atraer la inversión de otros, no para reemplazarla”, recuerda el ejecutivo.

Proyectos de Impacto

Desde el inicio del programa hace dos décadas, y hasta ahora, varias cosas han cambiado. Muchas de ellas tienen que ver con el grado de apertura de los gobiernos para aceptar inversión privada en sectores en que antes no lo hacían.

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Desde el lado del BID, el foco se ha ido centralizando en los que denominan “proyectos de impacto”, que tienen que ver con aquellos que contribuyen a aminorar los efectos del cambio climático o van en directa relación con la reducción de la pobreza.

Parte de esta labor se desarrolla a través del programa de sindicaciones, donde la entidad aporta parte de los recursos que no se obtendrían de otra manera. “A través de nuestro programa de sindicaciones, el BID aumenta el impacto del desarrollo del sector privado, ya que moviliza el financiamiento necesario para empresas en toda América Latina y el Caribe”, dice Jozef Henríquez, jefe de la Unidad de Sindicaciones.

Tradicionalmente, los inversores privados que se integran a estas iniciativas se han concentrado en Estados Unidos y parcialmente en Europa. Pero producto de la crisis financiera internacional muchos emprendieron la retirada. “En su reemplazo, han comenzado a ingresar inversores regionales que tienen apetito por estas iniciativas”, acota Henríquez.

Eso por el lado del financiamiento. Por el del contenido, los proyectos de impacto que considera el BID se están concentrando, por ejemplo, en varias iniciativas de energías renovables no convencionales en lugar de aquellas que utilizan combustibles fósiles como el petróleo o el carbón.

En ese marco se inscriben los parques de energía eólica que se han respaldado en Uruguay, que actualmente hacen un aporte directo de 140 megavatios, los que se espera pronto se dupliquen a 280 megavatios. Así se estima que, apenas en alrededor de un año, hacia el 2016, ese país contará con un 30% de su matriz energética sobre la base de viento.

Otras experiencias similares se han vivido en México o en Chile, donde se han impulsado proyectos de energía solar también más amigables con el medio ambiente.

Dentro de la misma óptica se están apoyando proyectos de infraestructura en salud y educación que ayuden a aminorar las brechas de inequidad y pobreza en la región; piso básico para plantearse medidas que fomenten un capital humano de un nivel más alto.

Pese a todos estos esfuerzos la demanda para recursos para infraestructura sigue siendo enorme. Se debe a que “el déficit de infraestructura en la región es muy grande.

Se estima que para conseguir un nivel similar al de los países asiáticos, se debería invertir más del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y actualmente se está gastando menos del 3 %”, sostiene Aboussouan.

Con todo el aporte del BID no deja de ser considerable. En el 2104 se invirtieron US$14.000 millones en proyectos de infraestructura, de los cuales US$2.800, cerca de un 20%, fueron sin garantía soberana.

Para el 2015 se estima que los fondos aportados al sector serán de similar magnitud.