No es claro si algún día veremos la tan temida bomba nuclear iraní. En cambio, luce bastante más seguro que nos desayunemos con un desastre ecológico provocado por un derrame petrolero de un carguero de crudo de ese país. Y no necesariamente en Irán. Después que la China Classification Society abandonase su operación persa a fines del año pasado, ninguna entidad está verificando el estado de sus navíos supertanques. En este caso Teherán es inocente y EE.UU. el culpable. Por medio de un organismo llamado Unidos Contra un Irán Nuclear (UCIN), el gobierno estadounidense ha presionado a las empresas que certifican el buen estado de los navíos para que dejen de hacer negocios con el régimen de los ayatollas. Ello como parte del bloqueo económico en curso contra esa nación. A compañías como Lloyd’s Register, Bureau Veritas y Germanischer Lloyd el asunto no les hace gracia. “¿Cuál va a ser el efecto en la costa de alguien si esto sale mal?”, interrogó el CEO de la primera de ellas, al comentar públicamente los riesgos de la iniciativa.

Para complicar más las cosas, el Departamento del Tesoro colocó a la naviera iraní, NITC, (National Iranian Tanker Company) en una lista negra y la empresa, en consecuencia, ha comenzado a cambiar la bandera de sus 58 petroleros poniéndoles la de Malta, Chipre, Tanzania y Tuvalu; naciones que, de inmediato, han comenzado a ser presionadas por Washington para que “desregistren” los navíos. Tal juego del gato y el ratón dificulta más todavía supervisar que la flota y sus tripulaciones estén en condiciones de navegar. Lo que se dice arriesgar un tiro en el propio pie.