Además de ser la época de los regalos, los festejos y de los brindis, diciembre ha sido el mes de las convulsiones en Argentina. En 2001 el Presidente De la Rúa tuvo que abandonar la casa de gobierno en helicóptero; tres años más tarde doscientas personas murieron en el incendio de la discoteca Cromañón. En 2013 una huelga de policías dio inicio a una serie de saqueos por todo el país. Este año el gobierno se propuso tener la casa en orden y aumentó los controles sobre el mercado del dólar paralelo, para ahuyentar el riesgo de una devaluación.

Pero diciembre tenía que dar su perla noticiosa, y esta vez vino del exterior. Gracias a un intercambio de información con el gobierno de Francia, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recibió una lista con 4.040 cuentas no declaradas de argentinos en paraísos fiscales, en las cuales habría unos US$ 3.500 millones depositados. Entre las empresas y personas que aparecen denunciadas se cuentan Cablevisión (la mayor operadora de cable y dependiente de Grupo Clarín), Edesur (distribuidora eléctrica), Deutsche Bank, la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y el mánager del club Vélez Sarsfield y ex jugador, Christian Bassedas.

La entidad bancaria involucrada es una sola: el HSBC y sus representaciones en Suiza, Estados Unidos y Argentina. No es un banco cualquiera, sino uno de los que pertenecen al grupo de los “too big to fail”, pero que además lleva varios años bajo la lupa de las fiscalías y organismos de vigilancia de las grandes plazas financieras. En 2012 se le acusó a su sucursal mexicana de lavar miles de millones de activos de grandes narcotraficantes. En 2013 su nombre apareció involucrado en el escándalo Libor y, en 2014, en el escándalo Forex. Ambos se parecen: operadores financieros de distintos bancos (entre ellos los del HSBC) se coludían para manipular la tasa referencial europea tasas y las paridades cambiarias informadas a las autoridades. En tándem con el caso argentino, la filial suiza del HBSC está acusada en Bélgica de escamotearle millones de euros al fisco ayudando a individuos de alta renta, en particular a millonarios “diamanteros” de Amberes, a evadir impuestos.  

En Argentina dos jueces ya se han excusado para tomar el caso  y en el Congreso se creó una comisión investigadora bicameral, donde la senadora opositora Liliana Negre de Alonso pidió la renuncia de todos los directores de los organismos de control de la economía: la superintendencia de entidades financieras, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF, que cruza información con 139 organizaciones del mismo tipo) y la AFIP, que actúa como denunciante ante la justicia. El oficialismo, a través del ahora ex senador Aníbal Fernández y recién nombrado secretario de la Presidencia, respondió que la comisión indagaría la plataforma que hizo posible la evasión y a quiénes actuaron como “facilitadores”. El nombre más señalado entre ellos fue el de Alfonso Prat-Gay, ex presidente del Banco Central y actual diputado nacional.

Mal endémico. El economista y periodista Alfredo Zaiat lleva años investigando la fuga de miles de millones de dólares desde Argentina al exterior. Sólo en el primer mandato de Cristina Fernández (2007-2011) se fugaron, según su investigación que plasmó en el libro Economía a contramano, más de US$ 80.000 millones, casi el triple de las reservas actuales del Banco Central. Hoy, según cifras oficiales, los argentinos mantienen US$ 220.000 millones en el exterior, aunque otras estimaciones casi duplican esa cifra. Zaiat se muestra satisfecho de que, por primera vez, se pongan “nombres y apellidos sobre una situación que se conoce y que genera perturbaciones para la estabilidad económica”. El escándalo pondrá a prueba a ciertos sectores de la justicia que, según Zaiat, “han sido cómplices”.

Para el economista hay tres aristas para entender el problema: el gobierno de Cristina Fernández y sus organismos de control “están consustanciados en combatir la evasión y el lavado de dinero”, y por el otro, hay instituciones financieras, como el HSBC, que “se prestan como plataforma para la fuga de capitales y la evasión”. Zaiat es consciente de que es imposible la evasión cero. “Solo se está exigiendo que haya un mayor nivel de cumplimiento con el fisco”.

Hernán Arbizu, ex vicepresidente de JP Morgan y quien reconoció haber ayudado a los principales grupos económicos argentinos a lavar dinero entre el 2006 y el 2008, afirma que es bastante difícil que la superintendencia de bancos no supiera de las irregularidades del HSBC, y apunta a que se trata de un área de negocios de la banca privada en la que se le dedica más recursos que a cualquier otra. “En mi último mes en JP Morgan recuerdo que había una pizarra con los distintos activos por país entre enero y marzo: México, Brasil y Argentina rondaban los US 1.000 millones”, afirma el ejecutivo.

Las fuentes consultadas por AméricaEconomía coinciden en que el caso pone de manifiesto no solo las falencias de los organismos de control, sino los vínculos entre estos y la banca, como reconoce un ex funcionario del Banco Central que pidió reserva para su nombre. Arbizu lo pone más claro: “Cuando tocaba una inspección del Banco Central, a nuestra secretaría de Buenos Aires llegaba un aviso, lo que servía para que entre unos días no mandáramos resúmenes de cuenta a nuestros clientes”.

La filial argentina del HBSC se limitó a emitir un comunicado rechazando “enfáticamente su participación en cualquier asociación ilícita, incluyendo cualquier organización que permita la salida de capitales para evadir impuestos”.

Consultada sobre si la institucionalidad financiera de Argentina quedaba expuesta con este caso, Valeria Azconegui especialista bancaria de la calificadora de riesgo Moody’s, respondió con un circunspecto “No tenemos comentarios al respecto”. El silencio a veces dice bastante.