Martinelli, tiene sobre los muros de caoba de su despacho presidencial, hay un sencillo cuadro al que muestra especial aprecio: un documento enmarcado, emitido por la ofici-na de remuneraciones del gobierno, y que indica el sueldo mensual del mandatario. “Éste es mi salario: un dólar”, dice con orgullo. Tanto, que el presidente cuenta que a mu-chas visitas dignas de un recuerdo les entrega una copia de la liquidación salaria que garantiza que mes a mes sólo cobra un dólar al Estado por hacer su trabajo.

Es cierto que el gesto olvida la histórica lucha republicana por permitir que los cargos políticos fueran remunerados para que no sólo pudiesen acceder a ellos quienes contaban con otras fuentes de ingresos. Pero, para el presidente panameño –un exitoso empresario en el rubro de los supermercados en Panamá y con uno de los patrimonios más extensos del país–, es un símbolo importante de lo que él dice es la gran diferencia de un empresario frente a un político tradicional cuando asume la presidencia. “Éste no es un gobierno de políticos, sino que está manejado con una visión empresarial, algo nunca visto antes en la historia panameña, y, cuidado, ni en la historia latinoamericana, ni mundial”, dice Martinelli, quien define escuetamente en qué consiste esa visión: Ar-mar equipos, definir objetivos y tomar decisiones. “Los gobiernos latinoamericanos no toman decisiones. Nosotros sí tomamos decisiones”, dice. “Ésa es la diferencia entre un gobierno empresarial y un gobierno político. Si nos equivocamos, perfecto, reculamos y vamos de nuevo”.

Martinelli encarnó esa visión nombrando principalmente a hombres de negocios para que asuman puestos clave en su gobierno –el gabinete Incae, como le llaman algunos en Panamá en alusión a que muchos vienen de esa escuela de negocios–. En medio de un boom de crecimiento, su objetivo es renovar la adormecida burocracia panameña en base a técnicas de gestión empresarial. No obstante, el estilo de gobierno está chocando con las institciones política del país y, ante el rechazo social, ha tenido que recular en varias ocasiones.

El caso más claro fue el reciente fracaso de la polémica Ley 30, mejor conocida como “Ley Chorizo”. Y es que pese a que se trataba de una iniciativa legal emanada del ejecutivo para promover la aviación comercial, incluía artículos que afectaban la legislación laboral, ambiental, el régimen migratorio y de la policía. Su rápida aprobación por la Asamblea Legislativa despertó la reacción de varias organizaciones sindicales, ambientales e indígenas. Algunos de los puntos más controvertidos de la ley fueron los laborales, pues se proponía terminar con la afiliación obligatoria a los sindicatos y permitía a las empresas contratar trabajadores de reemplazo durante una huelga. También quitaba exigencias en los estudios de impacto ambiental a empresas que emprendieran grandes proyectos de inversión.

El rechazo civil se plasmó en una enorme protesta ciudadana en la provincia de Boca del Toro, que terminó con dos muertos y centenares de heridos por la represión policial. Una novedad en Panamá, un país de 3,4 millones de habitantes y un PIB anual de US$ 25.000 millones, y que no había tenido una huelga laboral tan conflictiva desde 1995. El gobierno debió formar una mesa de diálogo durante septiembre y octubre pasados, y varias de las propuestas de la Ley Chorizo fueron derogadas.

“Este episodio demostró lo disminuido que está el legislativo: no es un órgano de debate, sino un mero instrumento del ejecutivo”, dice el analista Jorge Isabel Blandón Padre, un veterano de la política panameña. No es sólo el legislativo. La suspensión de la procuradora general de Panamá, acusada por un supuesto caso de abuso de autoridad por la Corte Suprema, también se ha interpretado como una presión indebida del ejecu-tivo en el poder judicial. “Es un momento complejo en términos democráticos: el actuar del gobierno está erosionando ciertas instituciones y, mientras la oposición aún no logra despertar de su derrota, está levantando la protesta de sectores que hasta ahora estaban al margen”, dice Blandón.

De hecho, las organizaciones sociales y la propia prensa están reemplazando a los partidos en su rol de oposición, haciendo surgir nuevos liderazgos con un perfil más extremo. Es el caso de Genaro López, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs) y uno de los principales representantes de los movimientos sindicales en la mesa de diálogo. López ya se perfila como un candidato presidencial para 2014. “Lo del presidente Martinelli no es muy novedoso: dice que es un gobierno de empresarios, pero es simplemente un gobierno de derecha que abusa de la institucionalidad para prohibir las huelgas y acabar con la legislación ambiental”, dice López, quien se siente representado en materia ideológica tanto por Lula como por Hugo Chávez.

PROSPERIDAD A LA VISTA
“Las reformas y propuestas van en sentido correcto, pero la imposición de ellas sin un diálogo social genera un desorden innecesario”, dice como observador privilegiado el presidente de una gran multinacional que opera desde Panamá, pero quien pide no dar a conocer su nombre.

Los asesores del presidente están conscientes de la situación y buscan cómo darles un cauce más institucional a las iniciativas presidenciales. “Queremos que el presidente pase de cuarta a tercera marcha”, dice uno que también solicitó reserva.

No obstante, Martinelli, a quien cuando presidía su cadena de supermercados también mostraba un estilo personalista de gestión, cuenta con tres grandes ventajas que le dejan un amplio campo de acción. La primera, un apoyo popular que, pese a las protestas, no baja del 60%. La segunda, un desempeño económico inédito y, la tercera, un plan de inversiones en infraestructura que hace ilusionar con un salto en la productividad del país en varias áreas. “Queremos avanzar rápido al desarrollo”, dice Martinelli.

De hecho, el escenario es privilegiado. La economía panameña no sufrió grandes daños con la crisis financiera global. El poderoso sistema financiero demostró solidez y una cauta gestión de riesgos durante la crisis. El Canal de Panamá redujo los volúmenes de carga en 2009, pero aumentó sus ingresos en términos de valor. La inversión privada aumentó un 25% en 2009 y en 2010 está a niveles de 2007, el año récord en esta materia.

Según cifras del gobierno, en este momento se construyen 8.000 habitaciones de hoteles en el país. Lo confirman las grúas que siguen levantando rascacielos que se pelean los metros cuadrados disponibles con vista a la bahía. El consumo ha ido creciendo, reflejo del explosivo crecimiento en el parque automotor de la Ciudad de Panamá y en nuevos centros comerciales. El PIB creció en torno a 3,5% en 2009 –aún no se publica la cifra oficial de la Contraloría– y durante el primer semestre creció en 6,1%. 

“No debería sorprendernos que terminásemos creciendo al 7% en 2010”, dice Alberto Vallarino, un exitoso ex banquero que vendió su banco Banistmo al grupo financiero HSBC por US$ 1.770 millones en 2006, y quien ahora funge como responsable de las finanzas públicas del país. “De hecho es muy agradable ser ministro de Economía de Panamá en estos días”.

El optimismo viene, en parte, por las obras de ampliación del Canal, la gran empresa del país y cuya propiedad es del Estado panameño desde fines de 1999, y que permitirá duplicar la carga que pasa por él a partir de 2015. El proyecto demandará US$ 5.250 millones y reportará nuevos empleos especialmente durante 2011 y 2012. Mientras, los servicios portuarios, comerciales y logísticos se están preparando para responder al incremento de la actividad.

No obstante, no es sólo el Canal. Como parte de su visión empresarial, el gobierno encargó a la consultora McKinsey un plan estratégico para desarrollar la economía del país. “Lo que hicimos fue determinar cuatro sectores que fueron identificados como motores de crecimiento, en los que fuéramos competitivos a nivel global y que tuviesen la capacidad de distribuir riqueza a lo largo del territorio”, dice José Domingo Arias, viceministro de Comercio Exterior. McKinsey determinó un plan de US$ 13.600 millones, gran parte del cual estará enfocado en infraestructura con el objetivo de promover cuatro sectores principales: la industria logística, la turística, la agroindustria y la centenaria industria bancaria.

Hasta el momento gran parte de este plan está aún en la categoría de promesas, pero el ejecutivo espera que las obras empiecen a mostrar avances en este segundo semestre de 2010.

El plan, que representa al 50% del PIB del país en inversiones, no incluye lo que ya se está invirtiendo en la ampliación del Canal. El gobierno espera hacerlo sin déficit fiscal, sin presionar el abultado monto de la deuda panameña ni poner en riesgo el flamante grado de inversión obtenido por el país. Según Vallarino, la capacidad de inversión del gobierno se incrementó fuertemente con tres reformas fiscales realizadas en los últimos años: un alza al IVA, un alza a los impuestos a los dividendos, a la Zona Libre de Colón, además de una reducción a los impuestos personales y los corporativos. “No está cayendo dinero del cielo, acá lo que hay es una mayor recaudación fiscal y una mejor administración tributaria”, dice Vallarino.

Para Martinelli, el quinto contribuyente más grande del país, éste es un tema esencial. “Y es que la plata está, pero la gente no lo sabe”, dice. “Un día llamé a Stanley Motta, quien es el hombre más rico de Panamá, y a Alberto Vallarino, quien es ahora el ministro de Economía y Finanzas, y les pregunto, ¿qué les pasa a ustedes? Tú declaras un dólar al mes en salario. Y tú también. Entonces ¿de qué viven? Y es que aquí nadie declara las cosas”.

De hecho, la reforma incluye alzas a sectores que estaban beneficiados tributariamente. Las aerolíneas, que pagaban un impuesto casi del 1%, están pagando 14%; los bancos, que pagaban un 7,8% de impuesto, ahora pagan sobre el 17%. Los casinos, los puertos y otras industrias están en la misma.

Los críticos reconocen que la gestión financiera ha sido un logro. “Éste es un país en que el desarrollo económico avanza en lo correcto, pese a que en lo político avanza en lo incorrecto”, dice el analista Blandón. “Las perspectivas económicas son extra-ordinarias en cuanto a crecimiento, empleo, inversión extranjera, reducción de deuda. Por eso es complicado el crecimiento del conflicto político y lvva debilidad institucional”. De hecho, no está claro que las tensiones vayan a detenerse. La agenda del gobierno incluye iniciativas que afectan directamente al sistema político, aunque no impliquen pérdida de popularidad. Un ejemplo es su interés en restringir el subsidio estatal a los partidos políticos para dárselo a los pensionados. Otro caso: el gobierno les subió US$ 100 el sueldo a los policías reduciendo los funcionarios que trabajan en la Asamblea Legislativa. Además, está realizando una serie de programas sociales a través de transferencias directas a los más pobres, los que representan el 30% del país.

Pese a que rechaza rotundamente un interés de ir a una reelección, Martinelli le da un sentido histórico a su mandato, con lo que explica las tensiones. “Para mí era muy fácil poner control automático, pero eso no cambiaba nada”, dice el mandatario. “La gente quiere que las cosas cambien, pero quiere que el resto cambie, no uno mismo. El cambio es muy duro, pero hay muchas cosas que cambiar para conseguir nuestro objetivo de ser la economía más dinámica de América Latina”.