Marzo fue un mes convulsionado para Argentina: Lionel Messi hizo una de sus mejores actuaciones por la Champions League, el cardenal jesuita Jorge Bergoglio fue elegido Papa en el Vaticano y el gobierno de Cristina Fernández realizó una propuesta de pago a los llamados fondos buitre en la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Un giro que, si bien no fue de 90 grados, sí es importante comparado con lo que el gobierno argentino venía señalando con anterioridad. “Habíamos dicho que nosotros podemos ofrecerle lo mismo que al resto de los acreedores”, aclaró el vicepresidente Amado Boudou.

Cuando Argentina entró en default en 2001 y luego reestructuró su deuda, les ofreció a los tenedores de bonos un modo de pago que implicaba una quita importante: el 93% de los acreedores aceptó la propuesta e ingresó  al canje de deuda; el resto, los llamados fondos buitre, quedaron a la espera de poder reclamar el total. Esos fondos o holdouts son los que demandaron a Argentina en una corte de Nueva York y los que propiciaron en octubre de 2012 el embargo de la fragata Libertad por dos meses en Ghana.

VAMOS AL CONGRESO

El escenario actual es de incertidumbre para Argentina, porque el gobierno dio una señal polìtica al manifestar que no pagaría el total de la deuda, sugiriendo la posibilidad de un nuevo canje. El problema es que hay una ley aprobada por el Congreso Nacional en 2010 que cerró esa posibilidad, la llamada “ley cerrojo”. Hoy si el gobierno quisiera reabrir el canje, la discusión debería centrarse en el Congreso, donde el oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras.

Bruno Tondini es abogado y director de la especialización de Finanzas Públicas de la Universidad Católica de La Plata. Él visualiza tres escenarios posibles: el primero es que, partiendo de la igualdad de los acreedores, si todos recibieron una quita todos cobran con una quita. Es un principio de derecho comercial cuando no hay preferencias. El segundo es que, amparado en la relación contractual entre el bonista y el Estado, Argentina pague todo a valor nominal (US$ 1.330 millones) más todas las actualizaciones.  El tercero es que no se le otorgue ningún crédito al reclamo hecho por los bonistas. Ahora para este experto la ley es clara: “La única manera de pagar con quita es reabrir el canje”, dice Tondino. “Y el Congreso argentino debe resolver todas las cuestiones relativas al endeudamiento, eso dice la Constitución. Incluso las provincias para colocar deuda en el exterior necesitan de ese aval”.

SITIAL ÚNICO

Joshua Rosner, CEO de Graham Fisher & Co, una consultora de finanzas de Wall Street, dio a conocer hace un mes un paper entre sus clientes, en donde aborda las repercusiones que podría tener un fallo adverso para Argentina en la cámara de Nueva York. En él asegura que “Argentina ocupa verdaderamente un sitial único en la historia de los países deudores”, recuerda los numerosos default en “sus obligaciones soberanas” (como el ya remoto default de 1891, que arrastró consigo al Banco Barings), y concluye que, de haber un fallo adverso, tendría escasas posibilidades de afectar otras reestructuraciones de deuda.

Bruno Tondini en alguna medida concuerda con esta percepción: “Nadie está peor que Argentina, porque en realidad somos el único país que está en cesación de pagos, virtualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay obligaciones que no se han pagado”. Y aclara: Argentina no está en default, pero la situación es tal que las consultoras la califican mal.

Alejandro Robba, ex subsecretario de coordinación económica del Ministerio de Economía y Finanzas y actual miembro de la Gran Makro (agrupación de economistas kirchneristas), cree que el hecho de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York haya dado la posibilidad de escuchar a Argentina es un signo de que “de alguna manera está desestimando lo que dijo el juez Thomas Griesa en primera instancia”.

Robba reitera que en el Congreso “existen los votos necesarios en ambas cámaras para hacerlo” y reabrir el canje, y que en ese tema y en el de Malvinas hay consenso con la oposición. En relación al paper de Joshua Rosner, opina que es necesario tener en cuenta que quién querría entrar voluntariamente a un canje si el fallo es contrario para Argentina, “porque la gracia de los bonos es que se comparten tanto las ganancias como las pérdidas. Cuando uno pide reestructurar lo que hace es compartir las pérdidas, y el default es una quiebra”.

Este economista afirma en definitiva que el paper de Rosner está errado porque, de lo contario, no habría preocupación en el gobierno de Estados Unidos y en  el Banco de la Reserva Federal: “Y ojo, porque se puede poner en duda la plaza de Nueva York”.

LA ATENCIÓN MUNDIAL

Guido Sandleris es director del Centro de Investigación de Finanzas, de la Universidad Torcuato Di Tella y experto en deuda pública. Para él, de haber un fallo adverso para Argentina no sólo es un mal precedente para el mercado de deuda pública en Nueva York, sino para todo el mundo, ya que “eso no te genera incentivos para participar en futuros canjes de deudas”. Sandleris explica que hoy los acreedores tienen poco poder para hacer cumplir las obligaciones de los países. En este sentido el embargo de la fragata Libertad, dictado por el juez Griesa, más que una demostración de poder fue “una muestra de la incapacidad de los holdouts de conseguir algo como pago”. La cámara podría incluso dictar un fallo adverso, y Argentina podría decir que no acata el fallo. “Entonces, repito: es muy difícil lograr que les paguen”. Por eso resalta la relevancia que ha tenido el juicio contra Argentina, sobre todo para el mercado de los tenedores de deuda, porque se puede estar cambiando el modo de reestructurar una deuda. En este sentido el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, cualquiera que éste sea, traerá consecuencias.

En cuanto a la estrategia del gobierno argentino, Sandleris remarca la importancia de la palabra “voluntariamente” y que es relevante para entender cómo se negocian los bonos de una deuda: “Hay un momento en la última audiencia en que la corte le pregunta al abogado de Argentina si obedecería algo distinto a lo del canje, y el abogado contesta: Argentina no obedecería voluntariamente algo así”.

Esto tiene su explicación en que el país no puede presentar ninguna oferta mejor de la que ya presentó, ya que de hacerlo, estaría obligado a extenderla a los demás tenedores. Según este experto, es un secreto a voces que tanto el ministro Hernán Lorenzino como el vicepresidente Amado Boudou han insistido en la necesidad de reabrir el canje, pero esa postura había sido rechazada por la presidenta hasta el embargo de la fragata Libertad.

SON TODOS BUITRES

Sin embargo, para el profesor de la cátedra de Deuda Externa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Olmos Gaona, el problema de la restructuración de la deuda tiene su origen en las restructuraciones anteriores, en particular las de 2005 y de 2010.

En 2005 ya se había dictado una ley cerrojo; no obstante las intenciones de cerrar definitivamente todo acuerdo con los holdouts hizo que el Poder Ejecutivo pidiera al Congreso Nacional la suspensión de esa ley. En virtud de ello se dictó otra, suspendiendo el cerrojo, y posteriormente dos decretos que autorizaban un nuevo canje de deuda. Los fondos que entraron al canje obtuvieron “ingentes ganancias a través del reconocimiento que se haría del valor de los bonos, a los que se les añadiría como premio el cupón atado al PIB, con efecto retroactivo”, según afirma Olmos.

Hoy, como aventura Guido Sandleris, el ofrecimiento del gobierno argentino podría ir en la misma línea. De este modo, y tal como agrega Olmos Gaona a modo de vaticinio, “la restructuración de unos US$ 9.500 millones en default implicó una ganancia extraordinaria para los bancos y particulares participantes”.

La mirada de este especialista se sitúa en que tanto los que están dentro del canje como los que están fuera son fondos buitre, y la única diferencia es que los que demandaron a Argentina en la corte de Nueva York son dos pequeños holdouts: NML Capital y Aurelius. Los peces más grandes (Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Securities, Barclays Capital, UBS Limited y Merrill Lynch), agrupados detrás de la Reserva Federal de los Estados Unidos, no pueden ejercer mucha presión para obtener mejores condiciones, puesto que el dictamen del juez Thomas Griesa evita “realizar negociaciones o arribar a acuerdos que privilegiaran a unos acreedores sobre otros”. Esto porque la cláusula pari passu determina que los créditos deberán guardar las mismas igualdades de derechos y obligaciones en relación con otras deudas similares de un mismo emisor.

Si, como asegura Olmos Gaona, quienes demandaron a Argentina en Nueva York son pequeños fondos buitre, vaya que le han dado bastantes dolores de cabeza a la administración de Cristina Fernández. Y no sólo a ella, sino al mercado de los tenedores de deuda, que sólo espera la resolución final de la Cámara de Apelaciones para ver si las reglas cambiarán. Mientras tanto Cristina le ruega a Dios, por medio de su vicario en la tierra, para que todo salga bien.