San Ramón, California, es un apacible suburbio residencial de la zona de San Francisco. Sus habitantes son mayoritariamente familias blancas y de altos ingresos. Pero tiene también un importante y polémico inquilino corporativo: Chevron Texaco, la quinta mayor empresa de Estados Unidos según el ránking Fortune 500 y cuarta mayor petrolera del mundo.

La paz de San Ramón se ve alterada cada vez que Chevron celebra allí su junta de accionistas. El 25 de mayo de 2011 un piquete de activistas se apostó en la entrada del edificio corporativo de la compañía para protestar contra su polémico currículum ambiental. Había activistas provenientes de Nigeria, Angola y Myanmar, y un hombre disfrazado de conejo rosado que repartía volantes y chapitas contra Chevron. Pero el personaje más vistoso del piquete era Humberto Piaguaje, un indígena ecuatoriano. Su reclamo es uno de los más antiguos contra Chevron, y el que más daño podría hacerle a la reputación y las cuentas de la multinacional. Se trata de un larguísimo y complejo juicio que enfrenta a Chevron con las comunidades de sector de Lago Agrio, en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.

En febrero de 2011, después de 18 años de litigio, una corte local sentenció a Chevron a pagar US$ 18.000 millones por los daños provocados en este sector de la selva amazónica. Sería la segunda multa más cara de la historia después de la que deberá cancelar British Petroleum (BP) por su derrame de crudo en el Golfo de México. La sentencia fue ratificada en segunda instancia en enero recién pasado.

“Es el primer caso donde se muestra la capacidad de los países en desarrollo para abordar casos complejos de daño ambiental y usar las herramientas internacionales de litigio”, dice David Hunter, profesor de derecho y director del programa de estudios legales internacionales de la American University en Washington.

El caso se centra hoy en cómo se aplica la sentencia. Si esto llega a ocurrir, en los términos que fijó la corte ecuatoriana, el caso “tendrá fuertes implicancias para las industrias del petróleo y de la minería, que tienen fuertes pasivos ambientales”, afirma Hunter.

Un informe de Trefis, una compañía de análisis financiero y bursátil de Boston, estimó en mayo del año pasado el efecto que tendría en Chevron el dictamen ecuatoriano, de llevarse a efecto. Si se rebajara la multa a US$ 9.500 millones el precio de la acción caería un 5%. “Mientras este impacto se produciría una sola vez, el impacto de largo plazo podría incluir un endurecimiento de las regulaciones contra la contaminación y una aplicación más estricta de las mismas. Esto probablemente elevará el costo de todo el sector petrolero, lo que se reflejará en los márgenes de rentabilidad”, señala el informe.

Como Chevron no tiene activos en Ecuador, los querellantes, encabezados por la firma legal Patton Bogs, de Washington DC, buscarán la ejecución de la sentencia en otras jurisdicciones. Chevron arriesga así un escenario de pesadilla, con querellas en Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia, países que firmaron la Convención de la OEA sobre la validez de extraterritorial de los juicios extranjeros y fallos arbitrales, y en donde la compañía tiene inversiones millonarias. Algo que definitivamente encendió las alarmas en las oficinas centrales de San Ramón.

El origen. La historia comenzó en 1964, cuando un consorcio encabezado por Texaco comenzó a perforar pozos en la zona de Lago Agrio, transformando de la noche a la mañana a Ecuador en un exportador neto de crudo. El problema es que la explotación no estuvo sometida a estándares ambientales muy estrictos. Según los querellantes, Texaco ahorró costos arrojando los residuos de la extracción petrolera en aguas y lagunas de la zona: unos 18.000 millones de galones de desechos tóxicos. “El Chernóbil amazónico”, como se conoce a la zona de Lago Agrio, ofrece hoy un panorama dantesco de negras piscinas pestilentes, árboles impregnados de bitúmenes pegajosos y una población que padece diversas enfermedades cutáneas, intestinales y degenerativas.

El contrato entre Texaco y el Estado ecuatoriano expiró en 1990. En 1993, un grupo habitantes de la zona, con el apoyo de una misión religiosa y abogados ecuatorianos y estadounidenses, presentó la primera querella contra la empresa en una corte de Nueva York. Lo curioso es que, durante una década, los abogados de Texaco sostuvieron que el caso debía ser litigado en Ecuador, lo que fue ratificado por el tribunal estadounidense en 2003.

Al adquirir Texaco en 2001, Chevron heredó el juicio y mantuvo el criterio de litigar en Ecuador, una decisión que hoy no parece haber sido la más adecuada para los intereses de la compañía. En 2003 Rafael Correa llegó al poder y los demandantes se encontraron inesperadamente con un escenario más propicio para su causa. El nuevo mandatario visitó la zona y declaró a los medios: “no nos engañemos, aquí se ha cometido un crimen”.

“Ellos [Chevron] han ido modificando su estrategia de acuerdo a la realidad de cada momento”, dice Pablo Fajardo, uno de los abogados de los querellantes. “Cuando se presentó la primera demanda en 1993 en EE.UU., apostaron a que su poder político y económico se iba a imponer fácilmente en Ecuador. Cuando el caso avanzó decisivamente aquí, cambiaron de estrategia y empezaron a impugnar el sistema judicial ecuatoriano”.

El caso se ha transformado en una especie de guerra de desgaste en la que cada parte va aumentando su apuesta. Si una pericia encargada por los querellantes afirma que el cáncer se disparó en la región y supera los promedios nacionales, Chevron encarga otra que lo refuta. Pero más allá de la ciencia, la petrolera tiene como gran línea de defensa el derecho contractual: admiten que Texaco contaminó, pero que entre 1991 y 1998 invirtió US$ 40 millones en labores de remediación, los que fueron visados y aprobados por el Estado ecuatoriano.

“Chevron debe haber confiado en la liberación de responsabilidades otorgada por Ecuador. No se enfocaron en el riesgo potencial de demandas de otros actores”, dice Betsy Atkins, presidente de Baja Corp, una consultora de gobierno corporativo. “No vieron el elefante de US$ 18.000 millones en el salón cuando compraron Texaco”.

“La remediación que hizo Texaco en los años 90 fue insuficiente, mala o pésima”, dice Fajardo. “Usted hoy va a revisar esos mismos sitios que según Texaco quedaron limpios y encuentra petróleo. Se tomaron muestras de suelo en más de 20 sitios que supuestamente fueron remediados, y en todos se encontraron hidrocarburos por encima de cualquier norma vigente en el Ecuador e incluso por encima de los parámetros fijados en el contrato”.

El caso también fue ganando notoriedad en EE.UU. El cineasta Joe Berlinger filmó el documental Crudo, que se presentó con éxito en el circuito de festivales independientes en 2009, y Humberto Piaguaje se transformó en un personaje habitual de las juntas de accionistas de Chevron. Los demandantes comenzaron a recibir donaciones importantes, pero también el apoyo polémico de Russell de Long, dueño de la compañía de juegos y apuestas online PartyGaming, o de firmas de capital de riesgo como Burford Capital, que ven en los litigios de esta naturaleza una apuesta financiera. Con US$ 18.000 millones sobre la mesa, muchos prestan su ayuda interesada.

Chevron también tiene artillería y de sobra para seguir litigando: al tercer trimestre de 2011 disponía de un capital de trabajo de US$ 20.687 millones.

El contraataque. Apenas se conoció el dictamen ecuatoriano de primera instancia, Chevron inició una durísima contraofensiva en varios frentes. Presentó una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, por no respetar el contrato que eximió a Texaco de responsabilidades ambientales en Lago Agrio. “El gobierno ecuatoriano y la estatal Petroecuador son los únicos responsables por cualquier problema que podría existir en el área de la antigua concesión”, dice James Craig, portavoz de Chevron para América Latina.

Pero el grueso de su artillería jurídica y mediática lo ha concentrado contra los querellantes. “Lo único verde que tienen en mente estos abogados corruptos e inversionistas sin escrúpulos que los financian son los dólares ajenos que se quieren meter al bolsillo”, dice Craig.

Los abogados de la petrolera, encabezados por la firma Gibson, Dunn & Crutcher, presentaron querellas contra los demandantes en 17 cortes federales, analizaron el documental Crudo cuadro por cuadro, y lograron que un juez federal obligara a Berlinger, su realizador, a mostrar horas de material inédito. Como documentalista, no se podía acoger al secreto profesional. “Descubrimos una montaña de evidencia de fraude, chantaje, y otros delitos cometidos por los abogados demandantes”, dice Craig. Por ejemplo, que los peritajes independientes no lo eran tanto, y que los abogados estadounidenses tenían demasiada cercanía con la corte ecuatoriana. Para Chevron, existen pruebas de que éstos directamente redactaron el fallo de primera instancia.

Pablo Fajardo refuta estas acusaciones. “La última faceta es atacar a los abogados querellantes”, dice. “Hace poco enviaron una carta al Fiscal General del Ecuador, con esa acusación, pero Chevron no quiere comparecer legalmente ante el señor fiscal. ¿Por qué temen?”

Para David Hunter, de la George Washington University, “reclamos contra los abogados tienen poco que ver con la contaminación de la selva ecuatoriana, donde usaron técnicas que nunca se hubieran permitido en EE.UU. Es una maniobra de distracción y parte de una batalla mediática”. El académico hace un paralelo entre el caso BP y el de Chevron. En el primero, ocurrido en territorio estadounidense, la multinacional británica aceptó toda la responsabilidad y el pago de una multa millonaria. Chevron, en cambio, lleva 18 años litigando contra una comunidad ecuatoriana.

Tras la sentencia de primera instancia, la empresa logró una victoria transitoria ante la corte federal de Nueva York. El juez dictó una orden preventiva para evitar que los querellantes cobraran la multa ecuatoriana en otros países. Pero en septiembre pasado la orden fue revocada por el tribunal federal de apelación en Nueva York. “El pasivo potencial para Chevron se ha incrementado”, dice Stanford Lewis, un abogado estadounidense familiarizado con el caso.

Como si fuera poco, el 7 de noviembre un contratista de Chevron provocó un derrame de 3.000 barriles de petróleo en la costa frente a Rio de Janeiro. Es el primer accidente grave en el Pre-Sal, el megayacimiento brasileño de aguas profundas. La compañía asumió toda la responsabilidad, pero sus ejecutivos calificaron de “exagerada” la multa inicial de US$ 28 millones impuesta por la Agencia Nacional del Petróleo (ANP). Además de esta multa Chevron enfrenta además mulas del Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama), una acción civil presentada por el estado de Rio de Janeiro y una investigación iniciada por la Policía Federal.

El frente interno. El negocio de Chevron es, fundamentalmente, upstream: explorar y extraer petróleo y gas. El negocio downstream (refinación y distribución) ha sido históricamente menos rentable. Pero el upstream es un negocio que requiere permisos estatales y aceptación de las comunidades, algo que se torna cada vez más complejo. Los casos de Ecuador y, ahora recientemente, el de Brasil, implican un riesgo significativo al corazón del negocio.

Por ello la actual administración de Chevron, encabezada por John S. Watson, enfrentará un complicado frente interno en la próxima junta de accionistas.

En la sentencia de primera instancia en Nueva York, el juez señaló: “existe un riesgo significativo de que se embarguen activos, alterando la cadena de suministros de Chevron, empujando a la empresa a fallar en entregas críticas a sus socios comerciales, dañando la reputación de Chevron como un proveedor confiable”.

Así como el material inédito del documental Crudo alimenta la campaña de Chevron contra los querellantes, el fallo pro-Chevron del juez es artillería para los activistas. Éstos acusan al directorio y a la administración de la compañía de manejar erróneamente el caso y ocultarles a los accionistas la magnitud del riesgo que enfrentan.

Uno de ellos es Trillium Asset Management, una empresa con sede en Boston. Ya en 2003 presentó una solicitud ante la junta de accionistas para que Chevron invirtiera más dinero en la remediación del daño ambiental en Lago Agrio, para así reducir los riesgos financieros y de imagen.

En las juntas de 2010 y 2011, 1 de cada 4 accionistas votó a favor de sendas propuestas presentadas por Trillium para nombrar “un candidato a director con un alto nivel de experticia y experiencia en asuntos ambientales relevantes para la exploración de hidrocarburos”.

John Edmunds, profesor de finanzas de Babson College y experto en gobierno corporativo, señala que “este tipo de propuestas es rutinariamente rechazado en las juntas de accionistas, a sugerencia del directorio”. Sin embargo, el experto reconoce que los fondos de pensiones podrían tomar partido por motivos pragmáticos. “Desde el punto de vista de la acción, están pagando por obtener un dividendo, y la razón precio/utilidad de Chevron está cayendo”, dice.

¿Quiénes son los principales accionistas de la petrolera? Juntando los distintos fondos mutuos, ETF y otros vehículos de inversión, el 31% de la propiedad de Chevron corresponde a los grupos Capital American, State Street/SSga, Vanguard Wellington, Black Rock y Fidelity, inversionistas institucionales que no se mueven por emociones ambientalistas, sino por resultados.

James Craig, el vocero de la compañía, considera “comprensible que haya preocupación sobre el medio ambiente, especialmente tras los eventos en el Golfo de México en 2010, pero los inversionistas saben que la demanda carece de méritos y que la sentencia emitida no sería ejecutable en ninguna corte o país del mundo donde se respeta el estado de derecho”.

La pregunta, ahora, es acerca de los movimientos que realizará cada parte. Chevron ya recurrió a la Corte Suprema ecuatoriana y el tribunal arbitral de la Haya para mantener la presión. Pero es difícil impugnar un sistema judicial como el ecuatoriano después de que Texaco pidió expresamente que el juicio se llevara a cabo allí. La otra alternativa, el avenimiento, parece difícil. “La intención de la empresa es llevar a la justicia a los que perpetraron el fraude y otros delitos en el proceso ecuatoriano, no premiarlos con millones de dólares”, dice Craig.

Es comprensible, pero riesgoso. Una cosa es que los tribunales ecuatorianos sean vulnerables ante presiones (por ejemplo, de abogados extranjeros). Pero las fuentes consultadas por AméricaEconomía coinciden en que Chevron apostó a una estrategia legal que, a la postre, podría resultar muy costosa en dinero e imagen. Si hubieran mejorado la oferta de Texaco y llegado a un acuerdo con los demandantes en 2003, probablemente hoy no estarían gastando millones de dólares en abogados ni exponiendo a sus accionistas a lo que Rex Mitchell, subcontralor de Chevron, describió ante el juez como “un daño irreparable a la reputación de Chevron y sus relaciones de negocios.”

El caso ha dado tantas vueltas que no es descartable que la petrolera se recupere de los últimos golpes. Mucho dependerá de lo que ocurra en la próxima junta, cuando los accionistas de Chevron converjan nuevamente en la apacible zona de San Ramón. Ahí, bajo el cielo primaveral de California, estarán los activistas con sus carteles y megáfonos, el conejo rosado con sus chapitas, y el ecuatoriano Humberto Piaguaje con una cuenta de US$ 18.000 millones a nombre de los habitantes de Lago Agrio.