En octubre de 2013 los pasillos del Senado mexicano se llenaron de personas que no eran legisladores. Gustavo Almaraz, el director de la empresa Grupo Estrategia Política (GEP), un antiguo conocido del Congreso, tenía una agenda agitada. Su misión era que no se aprobara una parte de la reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto: el impuesto a las bebidas azucaradas. Almaraz y varios otros lobbistas llegaron hasta las oficinas del senador Emilio Gamboa Patrón, que durante su carrera se ha visto envuelto en varios casos de tráfico de influencias.

Almaraz representa desde hace unos tres años los intereses de Conméxico, una asociación civil que reúne a las empresas de la industria alimentaria, como Bimbo y Coca-Cola. Su gestión logró en 2011 que los productos “chatarra” -de alto contenido calórico- siguieran vendiéndose en las escuelas públicas y privadas; un mercado de casi US$1.500 millones anuales, en un país con uno de los mayores índices de obesidad infantil en el mundo.

Pero durante la discusión de la reforma fiscal del año pasado las gestiones de Almaraz y GEP no funcionaron, o lo hicieron parcialmente. La reforma finalmente fue promulgada con un impuesto del 10% sobre la venta de las bebidas azucaradas, a pesar del intenso cabildeo y de una masiva campaña publicitaria en su contra.

Las reformas de Enrique Peña Nieto convirtieron los pasillos de la Cámara de Diputados y del Senado en un carnaval de cabilderos. Pero la reforma fiscal ha sido especial. El diario El Universal hizo público el 14 de octubre un documento privado de la consultora PriceWaterhouseCoopers, ofreciendo sus servicios para modificar la propuesta federal de aplicar un impuesto de 10% a las ganancias de las personas físicas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como la iniciativa de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). Price cobraba US$1 millón por cada artículo que lograra modificar, y US$70.000 por cada entrevista con un legislador.

4427

El escándalo, que incluyó declaraciones de la Secretaría de Gobernación rasgándose las vestiduras, no terminó en nada. Las cifras de PriceWaterhouse no implicaban que existiera corrupción o tráfico de influencias, sólo el cobro por hacer una gestión ante el Poder Legislativo. Pero el efecto fue que la regulación del cabildeo se pusiera nuevamente sobre la mesa.
Algo similar había ocurrido en el puerto chileno de Valparaíso, sede de la legislatura de ese país. Un ex asesor de la diputada Marta Isasi Barbieri admitió ante los tribunales haber recibido US$40.000 de Corpesca, una de las principales empresas pesqueras del país. Isasi apoyó todos los artículos del proyecto de ley de pesca que favorecían los intereses de las grandes empresas y rechazó aquellos que los perjudicaban. El escándalo reactivó el proyecto de ley de lobby que dormía en el Parlamento chileno desde 2009.

Influencia con límites. Cabildeo en México o lobby en el resto de la región, la palabra en ambos casos tiene connotaciones negativas. En esta percepción, el lobbista o cabildero es un sujeto que se mueve en las sombras, ejerciendo una influencia sobre legisladores y funcionarios de gobierno que bordea y a veces traspasa la frontera de la corrupción.

 

En Brasil está fresco el caso de Alexandre Pires Santos, que llegó a ser considerado el lobbista más poderoso de Brasília. Llegó a tener 60 empleados y a facturar US$18 millones al año. Su cartera de clientes, grandes empresas locales y multinacionales, incluía un laboratorio suizo que -se reveló- premiaba con “propinas” a varios funcionarios del ministerio de Salud. Otro caso es el de Arthur Teixeira, un lobbista que representaba a Alstom y Siemens para ganar contratos públicos cuya sobrefacturación iba a parar a bolsillos de los funcionarios que decidían esos contratos.

Estos casos son gestiones en las que claramente se pasó de la raya y que ayudan a dar mala fama a la actividad de lobby. El cabildeo clásico es aquel que se realiza ante el Poder Legislativo mientras se discute una ley de alcance sectorial, y los problemas surgen porque su regulación en América Latina es incipiente e incompleta.

4423

En el caso de México, el cabildeo nació oficialmente durante el gobierno del priista Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), pero no fue hasta la administración panista de Vicente Fox (2000-2006) cuando la actividad se extendió y fortaleció. Durante ese período muchos priistas se quedaron sin trabajo y decidieron capitalizar su experiencia, contactos e influencias en el gobierno.

Ahí radica el problema: en los límites entre la corrupción y la tarea legítima de hacer llegar los puntos de vista de un sector empresarial al Poder Legislativo, amparada constitucionalmente en el derecho a petición. Los límites suelen diluirse y confundirse en ausencia de reglas claras. “No hay un control o una legislación lo suficientemente fuerte para controlar el tráfico de influencias”, dice José de Jesús Gómez Valle, profesor de la Universidad de Guadalajara y autor de diversas publicaciones sobre el tema.

A mediados de octubre de 2013, en respuesta a los escándalos, la Cámara de Diputados mexicana aprobó modificaciones a su reglamento interno, prohibiendo que legisladores o funcionarios de la Cámara pudieran llevar a cabo actividades de cabildeo o recibir regalos o invitaciones de cabilderos o empresas. Dos años antes se había logrado otro avance en la regulación: cualquier persona que quisiera llevar a cabo actividades de cabildeo debía registrarse como tal ante la Cámara de Diputados. Actualmente hay 252 registrados, entre personas naturales, bufetes de abogados, empresas, asociaciones, y fundaciones.

“Es un avance, pero muy endeble”, explica el académico Gómez Valle. “No existe una ley general como en Estados Unidos, donde (aparte del registro obligatorio de los lobbistas) sí se fiscaliza la cantidad de recursos económicos que manejan los cabilderos”.

Desde 2002 se han presentado ante el Congreso mexicano más de 30 iniciativas para establecer una ley general del cabildeo, pero ninguna ha prosperado.

En Brasil, el diputado federal Carlos Alberto Zarattini, del gobiernista Partido de los Trabajadores, presentó hace siete años un proyecto de ley general. Según el propio Zarattini, la iniciativa se encuentra en la comisión de justicia de la Cámara de Diputados, y se espera que sea votada este mes. “El proyecto busca transparentar la práctica del cabildeo, pues cuanto más clara la relación, más fácil combatir las prácticas ilícitas”. Para ello se propone un catastro de lobbistas, obligándolos a declarar sus intereses, los gastos y la identidad de los contratantes.

4424

Para Claudio Weber Abramo, director ejecutivo de la ONG Transparencia Brasil, una ley de lobby sería muy bienvenida en el país. “Pero debe haber obligatoriedad en el registro de estos intermediarios y divulgación de las reuniones que sostienen con los agentes públicos”.

Son objetivos loables. Pero el camino de los justos está sembrado de tentaciones, como demuestra el caso chileno.

Todos en la foto. Poco antes de entregar el poder a Michelle Bachelet, el ex presidente Sebastián Piñera promulgó la primera ley general de lobby en Chile. Escándalos como el de la diputada Isasi, la tramitación de las leyes del tabaco, TV digital y sobre todo la de fármacos, revivieron el debate.

“Éste es un antes y un después en la transparencia”, declaró el senador Hernán Larraín, refiriéndose a la aprobación de la ley de lobby. Para Felipe del Solar, director de Relaciones Políticas y Legislativas de la consultora Extend, “Chile queda con una legislación bastante buena”. De hecho, “debiera tender a bajar la sensación de sospecha que existe respecto a cómo se vinculan el mundo público y el privado”.

Es interesante, sin embargo, ver el largo y tortuoso camino que siguió el proyecto en el Congreso. La primera versión data de 2003, y se restringía a la acción de lobbistas profesionales, a los que obligaba a inscribirse en un registro público. No obligaba a legisladores y funcionarios, con quienes éstos se reunían, a transparentar el contenido de sus conversaciones.

La propia Michelle Bachelet, durante su primer período (2006-2010), vetó esta primera versión y le retiró la urgencia. Luego presentó un segundo proyecto, más ambicioso que el primero: se amplió la definición de cabildeo, se mantuvo el registro público obligatorio de los lobistas y se estableció la transparencia total de las agendas de legisladores y funcionarios públicos. Este proyecto también se cayó, pero esta vez en la Cámara de Diputados.

La tercera versión mantuvo una definición amplia de cabildeo y transparencia de las agendas de los congresistas y de los funcionarios, pero bajó un peldaño en el registro de los lobbistas, que pasó de ser obligatorio a voluntario.

“En los primeros proyectos había un tipo de sanción penal para quien efectuaba lobby y no se registraba”, señala Rodrigo Mora Ortega, presidente de la Comisión Defensora Ciudadana y Transferencia. En otras palabras, “estar en el registro te autorizaba a hacer lobby”. Ya no.

4425

Perú ilustra lo que ocurre cuando a los cabilderos se les “invita” a registrarse, pero no se les obliga. “Hoy en día, me parece penoso decirlo, continuamos siendo la única empresa que hace formalmente lobby”, dice Felipe Gutiérrez, director gerente de Concertum. “El resto opera en la informalidad”.

En Chile se anticipa que saldrán a la luz muchos lobbistas desconocidos para el público. Otros temen que se produzca una reticencia de los legisladores a reunirse con lobbistas debido a la obligación de informar esas reuniones. ¿Se trasladarán estos encuentros a sitios más discretos como restaurantes y clubes privados?

Quiénes son. “Gracias por fumar” (2005) es una comedia dramática cuyos personajes son un lobbista del tabaco, otro de las armas y una lobista del alcohol. Operan a la luz del día y nadie oculta su quehacer, como ocurre en la capital mundial del lobby, Washington D.C. En Estados Unidos, revelar quién trabaja para quién y cuánto se gasta en cabildeo es obligatorio desde 1995.

Costaría rodar una película así en un país latinoamericano, pese a los avances logrados en transparencia y regulación del cabildeo. De hecho costaría encontrar personajes para una historia así. Fuentes consultadas por AméricaEconomía señalan que en el congreso chileno hay lobby directo de gremios y grandes empresas, además de firmas especializadas que pueden ser de dos tipos: agencias de comunicación estratégica y bufetes de abogados.

Una de las agencias de comunicación más visibles es Extend, que tiene un departamento dedicado al trabajo político legislativo, y Azerta. Extend fue fundada por María de la Luz Velasco y María del Pilar Velasco, hijas de Belisario Velasco, un político clave en el diseño de la transición democrática chilena. Otra es Azerta, cuyos socios principales son Cristina Bitar (sobrina de Sergio Bitar, otro personaje clave del progresismo) y Gonzalo Cordero Mendoza, abogado muy cercano a la centroderecha.

Los bufetes de abogados son más discretos y las fuentes coinciden en que los abogados fueron el principal foco de oposición al registro obligatorio. Entre los bufetes mencionados están Bofill, Mir, Álvarez y Jana, Ferrada Nehme y Albagli Zaliasnik Abogados.

El caso de México es interesante porque allí sí existe registro público obligatorio y una asociación de cabilderos, Procab, que reúne a más de 45 organizaciones de este tipo. Entre ellas figuran Cabildeo y Comunicación, dirigida por María Emilia Farías, ex legisladora por el PRI; GEP, del ya mencionado Gustavo Almaraz y que tiene a ex legisladores del PAN y del PRD como socios, y Lerdo de Tejada y Gobina, presidida por el ex diputado priista Sebastián Lerdo de Tejada. Casi todas las firmas de cabildeo en ese país están compuestas por ex legisladores o ex funcionarios públicos.

4426

Esto diferencia a México de Chile. Al no existir reelección directa de diputados y senadores en México, ambas cámaras se renuevan completamente en cada ciclo electoral, creando un incentivo directo al legislador saliente de pasarse a las filas del cabildeo. En Chile, hasta donde se sabe, no. Pero la nueva ley podría traer sorpresas al respecto.

Empresas multinacionales como Philip Morris, Monsanto y Bayer hacen en México un cabildeo directo. Una modalidad que utilizan se llama cabildeo “de bata blanca”: “Se contratan estudios seudocientíficos para contradecir los lineamientos de las organizaciones de salud”, explica Gómez Valle.

Para el investigador, “el cabildeo podría ser una actividad legítima si se transparenta y se reglamenta y se saca de la opacidad con que ha actuado en los últimos años”. Pero el cabildeo ha obstaculizado las iniciativas para regularlo y los legisladores saben lo que representan las empresas de cabildeo, como espacio laboral, una vez que dejan sus escaños.

Ante las continuas críticas hacia el gremio, Nora Cariño, miembro fundadora de la la asociación de cabilderos Procab, explica que “tenemos un código de ética, y uno de nuestros argumentos es que debemos respetar la normatividad nacional, y así se ha hecho”.

Puede que tenga razón. Después de todo en México sí existe el registro obligatorio de cabilderos, y el país ha visto avanzar sus leyes en uno de los períodos legislativos más intensos de que se tenga memoria. Pero al ciudadano le falta saber quién se reúne con quién a discutir qué cosa. O cuánto gastan Televisa y Telmex en cabildeo. A muchos chilenos les gustaría tener información similar cuando se discuta la reforma tributaria anunciada por Michelle Bachelet. Definitivamente, un cabildeo a la luz del día es bueno para la democracia, la democracia es buena para tener una economía sana y una economía sana es buena para los negocios.