Cientos de personas esperan poder usar el teléfono público, pero un hombre ubicado al lado de la cabina tiene la solución. Ataviado con un cinturón del que cuelgan varios teléfonos móviles, vende llamadas a US$ 0,1 por minuto. Esta peculiar escena se repite en distintas partes de Colombia, donde una parte del sistema telefónico sigue en manos estatales, o más precisamente municipales.

La pregunta es si ETB (Bogotá), UNE EPM (Medellín) y EMCALI podrán mantenerse al ritmo de los competidores privados, en medio de un ecosistema donde la diversificación y el avance tecnológico son claves para crecer.

“Es un anacronismo pensar que deben ser públicas”, dice el economista Rafael Orduz, ex presidente de ETB y director de la Corporación Colombia Digital. “Tienen que competir con rivales que tienen una fuerte caja y que no están sujetos a los ciclos políticos, por lo tanto tienen una gran agilidad para tomar decisiones”.

No es un tema menor, pues las tres empresas hacen parte de los cinco grandes competidores del sector junto con las privadas Telmex y Telefónica Telecom (esta última controlada por Telefónica de España, pero en la cual el Estado colombiano aún conserva un 48%).

Según cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el segundo semestre de este año UNE EPM lidera el mercado de internet dedicado con 817.830 usuarios y una participación del 27,6%. Le siguen Telmex (23,4%), Telefónica Telecom (19,4%), ETB (18,48%) y EMCALI (2,7%). Todas crecieron en número de usuarios con respecto al mismo periodo del año anterior, pero fue la empresa de Medellín la que tuvo mayor aumento, con 276.243 nuevos clientes.

El mercado de televisión por suscripción lo domina Telmex con 1.7 millones suscriptores, seguido de UNE EPM con 940.300.

¿Quién quiere novio? La situación de cada una de las tres empresas públicas son tan variadas como complejas. En agosto UNE EPM y GlobeNet, subsidiaria de la brasileña Oi, firmaron un acuerdo de cooperación en busca del desarrollo para proyectos conjuntos. La compañía de Medellín, con filiales en Estados Unidos y España, es el único operador en el país de TV IP, del cual es líder en América Latina. En el primer trimestre de 2012 será además la primera compañía colombiana en ofrecer internet móvil con el estándar 4G LTE.

“UNE está jugando a ser operador privado a pesar de su naturaleza pública”, dice Lorenzo Villegas, ex director de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones.
Para el presidente de la empresa, Horacio Vélez de Bedout, el éxito se debe a “tener cobertura nacional con una estrategia clara hacia la convergencia”.

En Bogotá la situación es otra. Pese a tener un régimen de derecho privado, dado que cotiza en la bolsa, ETB ha sido víctima de vaivenes políticos. En septiembre de 2010 la empresa recibió uno de sus golpes más duros cuando no se presentó ningún proponente para convertirse en socio estratégico.

¿Cómo es que uno de los principales jugadores en telecomunicaciones, controlador del mercado más importante del país, se quedó sin pareja para el baile? Los analistas coinciden en que el menos interesado en el proceso era Samuel Moreno, el alcalde de la época, hoy procesado por corrupción. “Hubiera sido un caso de Harvard que se hubiera conseguido un socio sin la voluntad del jefe”, dice el ex presidente de ETB Orduz.

Para Villegas la suerte de la búsqueda estaba cantada desde el principio. “Es muy difícil que un socio privado quiera quedar bajo el dominio de un público”, dice.

Con tres gerentes distintos en los últimos tres años, la salida en falso le costó caro a ETB en términos de valor e imagen. El directorio tendrá que pensarlo muy bien antes de ponerla otra vez en vitrina, aunque la operación parece casi ineludible, pues la empresa sigue cediendo terreno ante sus competidores y necesita inversiones de al menos US$ 400 millones. El futuro se definirá en las urnas el mes entrante, cuando se elija al nuevo alcalde mayor.

En cuanto a Cali, la división de telecomunicaciones de EMCALI lucha por mantenerse en el mercado y volverse viable. Es parte de las condiciones para que la compañía vuelva a manos del municipio desde que fue intervenida por el gobierno nacional hace 12 años.

Pese a que la Superintendencia de Servicios Públicos suspendió este año la búsqueda de un socio estratégico, la empresa lucha por mantenerse con propuestas novedosas, como una sim card con extensión del teléfono local.

“Se elaboró un plan contingente y estamos haciendo las inversiones en expansión regional y local”, dice Edwin López, gerente de telecomunicaciones.

Teniendo como adversidades el apetito de varios actores políticos y la deuda de US$ 555 millones que mantiene con la nación, la empresa tiene previstas inversiones anuales de US$ 25 millones y está tratando con aliados internacionales para optimizar sus servicios y expandirse a otras regiones de Colombia.

Varias voces han sugerido la búsqueda de sinergias de las tres empresas públicas. Orduz no cree en esa posibilidad. “Si el ciclo político no se da en una, imagínese el ciclo político en dos”, dice.

Villegas, en cambio, lo ve con buenos ojos. De hecho ETB y EMCALI ya están estructurando proyectos conjuntos. “Existen muchas posibilidades de alianzas con estos operadores, hay que rescatar el valor de las telcos regionales”, reconoce Vélez de Bedout. El ejecutivo enfatiza que se debe trabajar en las sedes de estas empresas para llevar banda ancha a la base de la pirámide y romper la brecha digital.

En lo que hay coincidencia entre los analistas es en la urgencia de encontrar socios privados para ETB y EMCALI. Incluso Orduz opina que UNE EPM tendrá que hacerlo en algún momento, si quieren seguirles el ritmo a los privados.

La pregunta, entonces, es quién bailará con quién en una mayor apertura del sector. ¿Aumentará Telefónica su participación en Telecom Colombia o irá por alguna de las tres municipales? ¿Estará dispuesto Carlos Slim a zambullirse en las turbulencias de la política municipal colombiana?

Para Orduz en ningún caso debe desaparecer la participación pública. “Hay brechas digitales importantes y le corresponde al Estado garantizar la universalidad del servicio de banda ancha”, dice. “El hecho de que puedan tener una participación garantiza esto”.