“Mientras el consumo de drogas en el país crece por fibra óptica, nuestras políticas para combatirlo parecen hechas con telégrafos”, dijo Ruth Stella Correa, la ministra de Justicia y del Derecho de Colombia. Y ella fue una de las personas que ayudaron a la decisión del gobierno de despenalizar y definir la cantidad mínima  de drogas sintéticas que un ciudadano puede portar para su consumo personal.

A muchos no les gusta la medida, contemplada en el anteproyecto sobre el Estatuto Nacional de Drogas, el cual reemplazaría al Estatuto de Estupefacientes vigente desde hace 26 años. Consideran que es una virtual legalización de las sustancias. En su defensa, Correa asegura que se trata de “homologar la cantidad en drogas sintéticas, equivalente a la ya permitida con respecto a otras drogas”, refiriéndose a la aplicación de la ley de 1994 que permite a los colombianos el porte de una dosis mínima de 22 gramos de marihuana y un gramo de cocaína.

“Nadie está proponiendo legalizar las drogas”, plantea Augusto Pérez Gómez,  coor-dinador para Colombia de la Red Latinoamericana de Investigadores en Drogas, “sino tratar el problema como un asunto de salud pública”. Recuerda que, aparte  de la despenalización de la dosis personal desde 1994, “desde  julio de 2012, una ley establece que la adicción a las drogas debe ser considerada como un problema de salud pública, y los consumidores, tratados como pacientes y no como delincuentes”.

El proyecto no es pura blandura. Establece serias restricciones, sanciones y agravantes para quienes consuman frente a niños y adolescentes. Además, de aumentar las  sanciones a quienes vendan drogas a menores y a aquellos que trafiquen en los colegios. Según la ministra Correa, la problemática de las drogas “debe asumirse con respuestas audaces e innovadoras que permitan establecer políticas públicas coherentes con la magnitud del problema en el que se está convirtiendo el consumo” en Colombia.