Los gobiernos latinoamericanos están multiplicando esfuerzos para incentivar la generación de energías limpias, pero han omitido el más contundente: los subsidios. ¿Estarán los privados en condiciones de llenar este vacío?
Por algo le dicen La Ventosa. Es una pequeña localidad de 4.000 habitantes en el estado mexicano de Oaxaca, donde los fuertes vientos que soplan desde el istmo de Tehuante-pec suelen provocar accidentes carreteros. Hoy, sin embargo, esta fuerza está siendo aprovechada por 167 aerogeneradores.
Con una potencia de 250 megavatios, Eurus es el mayor parque eólico de América La-tina, un proyecto conjunto de la empresa española Acciona y la cementera mexicana Cemex, que abastece de energía a un 25% de las plantas de la cementera en el país.
Pese al amplio potencial eólico que posee México, este tipo de energía representa apenas 3% de la matriz energética, según datos de la Secretaría de Energía (Sener). Pero las autoridades esperan que para 2024 cerca de 35% de la capacidad de genera-ción eléctrica provenga de energías limpias.
No es el único gobierno latinoamericano que saca cuentas limpias. Para 2013, Perú prevé cubrir 5% de su suministro energético con tecnologías limpias y de bajo nivel de emisiones de carbono, mientras que Chile espera contar con 20% en 2020. Pero podrían quedarse cortos.
“Se requiere de incentivos muy grandes para que el sector privado participe, lo que su-pone un fuerte impulso de los gobiernos”, asegura Gerardo Hiriart, experto en energía, quien con más de 30 años de experiencia ha participado en la implementación de diver-sos proyectos geotérmicos y eólicos en México.
“La energía alternativa es muy cara y comparativamente muy costosa, por lo que no es un sector atractivo”, sostiene Fernando Branger, coordinador asociado del Centro Inter-nacional de Energía y Ambiente (CIEA) del Instituto de Estudios Superiores de Adminis-tración (IESA) de Caracas.
Junto con modificar los marcos regulatorios, los gobiernos deberán implementar tarifas fijas o subsidios específicos que hagan más competitivas a las energías renovables des-de el punto de vista financiero. Pero no está claro que lo vayan a hacer. “Las metodolo-gías y los modelos de contratos fueron pensados para nivelar el terreno de competencia de las tecnologías renovables en relación con la generación tradicional, sin otorgar sub-sidios”, afirmó a comienzos de octubre Georgina Kessel, titular de la Sener.
Los subsidios han sido la base para el desarrollo de la energía renovable en el mundo, principalmente en Europa. Fue el caso de España, que bajo esa lógica ha logrado au-mentar la capacidad instalada de la energía fotovoltaica en más de 4.000 megavatios.
Sin embargo, América Latina parte de una base distinta. Europa utilizaba carbón y combustibles fósiles, por lo que el imperativo de disminuir las emisiones de CO2 era ma-yor. En cambio, la matriz energética de América Latina ya es bastante limpia: 70% de la capacidad energética proviene de fuentes hídricas, y la generación de electricidad sólo produce 10% de las emisiones de gases efecto invernadero de la región.
Los gobiernos europeos contaban además con presupuestos que en la región no pa-recen estar disponibles. “La implementación de este tipo de energía en América Latina compite con otras prioridades como la educación o la salud”, dice Gastón Astesiano, es-pecialista en temas de cambio climático y energía del Banco Interamericano de Desarro-llo (BID). “Las fuentes de energía renovables no son una prioridad fiscal”.
ESTADO SUBSIDIARIO
Brasil es el país que lleva la delantera. Tras la crisis energética que afectó al país en 2001, el gobierno lanzó el Programa de Incentivo a Fuentes Alternativas de Energía Eléctrica (Proinfa), un sistema de primas fijas a la producción eléctrica mediante energía renovable, que permitió un importante aumento de la potencia instalada en el sector eóli-co, pasando de 22 megavatios en 2003 a 415 megavatios en 2009, según cifras de la Asociación Latinoamericana de Energía Eólica. “Brasil ha funcionado bien con los subsi-dios”, reconoce Astesiano, del BID.
El gobierno peruano ha desarrollado una estrategia similar, aunque mediante licitacio-nes de energía. Se abrió una oferta pública por un total de 412 MW, aproximadamente 10% de la demanda nacional de electricidad, que será comprada a una tarifa fija durante un período de 20 años. Además, se elaboró una ley para el fomento de las energías re-novables que, de entrar en ejecución, permitirá reducir las trabas burocráticas.
Chile, en cambio, ha establecido un sistema de castigos para incentivar el uso de la energía renovable. Desde 2008, los productores de electricidad con una capacidad supe-rior a los 200 MW deben obtener al menos 5% de su electricidad de energías limpias. De no cumplirlo se aplica una multa. Sin embargo, según Christian Linsenmeyer, director comercial de RP Global Chile, una firma de energías renovables con capitales españoles y que busca desarrollar proyectos en Chile, los artículos transitorios de esta ley reducen el porcentaje exigido a sólo 1%, lo que ya está prácticamente cubierto.
En Venezuela el sector energético es considerado como “estratégico” y el gobierno de Hugo Chávez no permite la participación de privados. “Ya no hay más oferta hidráulica, lo que está en carpeta es energía termoeléctrica y, muy en baja escala, algunos proyec-tos eólicos”, dice Branger, del CIEA, reconociendo que a largo plazo la matriz energética venezolana se ensuciará.
Linsenmeyer asegura que la estrategia desarrollada por Brasil es la clave. Al contar con un precio fijo por un determinado período de años es más fácil acceder al financia-miento y con buenas tasas de interés.
“El apoyo del gobierno permite reducir los riesgos”, dice Gabriel Goldschmidt, gerente de Infraestructura en América Latina y el Caribe de la Corporación Financiera Internacio-nal (IFC, por sus siglas en inglés), perteneciente al Banco Mundial. En los últimos dos años, el organismo ha aprobado préstamos por US$ 282 millones para proyectos de energía renovable, unos 715 megavatios de energía limpia, que evitarán 1.332 millones de toneladas de emisiones de CO2 por año.
El año pasado, el BID aprobó US$ 1.200 millones para proyectos del sector privado, de los cuales una tercera parte se destinó a energías renovables y eficiencia energética. En los próximos tres años, 80% de sus préstamos para proyectos energéticos privados podrían destinarse a energías renovables.
Según la Agencia Internacional de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) se espera que la demanda de energía en América Latina y el Caribe aumente en 50% hasta 2030, lo que requerirá un incremento de 26% en su capacidad de generación eléctrica instala-da. La pregunta clave es de dónde provendrá esa ampliación.
Astesiano, del BID, admite que un impuesto a las emisiones de carbono podría ayudar a hacer más competitivas las energías renovables. En este sentido, no deja de llamar la atención que el mayor parque eólico de América Latina haya sido coimpulsado por un conglomerado industrial como Cemex. ¿Altruismo? Difícilmente. El parque Eurus, en La Ventosa, demandó una inversión de US$ 500 millones y duplicará la capacidad eólica del país. En él no operaron los subsidios, sino la perspectiva de mercado. Como cada vez más países miden la huella de carbono y castigan a las empresas que emiten mu-cho, este proyecto le permite a Cemex bajar su huella. Algo nada trivial para la multi-nacional que opera también en Europa y Estados Unidos.
