Luis Octavio Indio da Costa era uno de los solteros más codiciados de Brasil. A los 48 años controlaba, junto con su padre, Luis Felippe Indio da Costa, el 55,6% del banco Cruzeiro do Sul, una institución financiera de menor tamaño especializada en préstamos a Pymes, funcionarios públicos y operaciones cambiarias. En 2009, cuando el Cruzeiro do Sul cumplió 15 años, Indio da Costa organizó una fiesta en São Paulo cuyo plato fuerte fue una presentación privada de Elton John. A ese nivel.

En septiembre pasado la fiesta se acabó: el Cruzeiro do Sul fue intervenido y liquidado por el Banco Central, después de descubrirse un agujero de US$ 1.190 millones y fracasar negociaciones para su venta al Santander. El 7 de enero pasado, Indio da Costa padre e hijo, junto a otras 15 personas, fueron formalizados por el ministerio público federal de Brasil por asociación criminal. Se les acusa, entre otros delitos, de gestión fraudulenta, apropiación ilícita y lavado de dinero, además de realizar miles de contratos de crédito falsos. Pero el Cruzeiro do Sul no es el primero ni el único banco que protagoniza un escándalo en años recientes. PanAmericano, Morada, Schahin y BVA son otros nombres que han encendido las alarmas en todo el sistema. En total las cinco quiebras suman US$ 4.000 millones en activos.

 “Más situaciones como ésta debieran ocurrir”, afirma el consultor Marcos Assi, autor del libro Gestión de Riesgos con Controles Internos - Herramientas, Certificaciones y Métodos para Garantizar la Eficiencia de los Negocios. Assi lo atribuye tanto a “la contabilidad creativa (eufemismo para definir fraude) como al aumento en los costos de captación debido a la crisis de confianza que enfrentan esas instituciones”.

LOS POLLITOS DICEN

Nadie duda, dentro y fuera de Brasil, de la salud de las grandes instituciones bancarias. Sin embargo, una serie de deficiencias legales y administrativas han permitido los abusos que hoy afectan a los bancos de menor tamaño.

Para Luciano Duarte Peres, abogado especializado en derecho bancario y presidente del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor Bancario (IBDConB), uno de los problemas que afectan a este tipo de bancos es el bajo nivel de provisiones. “Dependiendo de su nivel, el banco provisiona de 0,5% del valor del préstamo a 100%, y eso no se hace de forma correcta. Por eso digo que la probabilidad de nuevas quiebras no está descartada”, afirma.

Peres apunta a otro villano habitual en Brasil: las elevadísimas tasas de interés que rigen en el país, las que comprimen los márgenes de utilidad y hacen que muchas instituciones maquillen datos.

A ello se suman los problemas de fiscalización. Hasta el año pasado el Banco Central no supervisaba a fondo los préstamos bajo de US$ 2.500, lo que permitió que muchas instituciones desarrollaran refinados esquemas para aprovechar esa brecha en beneficio de sus controladores.

En abril la autoridad monetaria redujo a US$ 500 el mínimo de los préstamos contabilizados en el SCR (Sistema de Informaciones de Crédito), instrumento de registro y consulta de informaciones sobre las operaciones de crédito en el país, administrado por el Banco Central. El BC también trabaja en la creación de un departamento de conducta, que tendrá la función de fiscalizar, entre otras cosas, las tarifas cobradas por las instituciones bancarias.

Según el instituto emisor, cerca de 1.000 funcionarios trabajan en el área de supervisión, cubriendo un universo de aproximadamente 2.000 instituciones bancarias y no bancarias y unos 480 millones de operaciones. Para algunos especialistas, sin embargo, lo que cuenta es la calidad de la fiscalización y no la cantidad. “Los bancos centrales necesitan observar el aumento de la cartera de crédito de las instituciones, que siempre debe estar relacionado al crecimiento del PIB y a la tasa de inflación”, dice Eduardo Martínez-Abascal, profesor de Gestión de Finanzas de la escuela de negocios IESE y PhD en Economía y en Ciencias de Negocios por la Universidad de Barcelona.

PREVENIR O CASTIGAR

Renato Oliva, presidente de la Asociación Brasileña de Bancos, que reúne cerca de 190 instituciones de menor tamaño, reconoce que el sector vive un período de descrédito y desaceleración de los negocios, pero defiende la salud financiera de los bancos medianos.

“Tenemos un mercado sólido. Está claro que hay un problema mundial. Pero es un momento”, dice Oliva.

En cuanto a la competencia con los grandes bancos a consecuencia de la caída de los intereses, Oliva defiende que hay un movimiento contrario. “Desde 2007, los bancos grandes buscan alternativas para aumentar sus márgenes y disminuir sus riesgos”, afirma Oliva.

Además, el Banco Central ha adoptado una serie de medidas que propician la racionalización del sector. Una de las más recientes fue la ampliación del número de instituciones que se pueden beneficiar de incentivos para negociación de carteras de crédito. La nueva regla del BC permite que bancos más grandes compren carteras de crédito de instituciones con ese perfil, y para ello cuentan con recursos del depósito obligatorio,  una especie de ahorro del sistema financiero nacional.

Las quiebras bancarias, sin embargo, han puesto en evidencia una vez más uno de los problemas transversales que afectan hace décadas al país: la baja calidad de la justicia. Para Antonio Mazzuco, especialista en quiebras y socio del estudio de abogados MHM (Madrona, Hong, Mazzuco), la morosidad de los tribunales a la hora de castigar el crimen “de cuello blanco” ha ayudado a agravar el cuadro.

La Policía Federal cerró el año pasado la investigación por los ilícitos cometidos en el banco perteneciente al magnate de TV Silvio Santos, casi dos años después de descubrir un desfalco de US$ 2.150 millones de reales en la institución. En total fueron acusadas 22 personas por delitos que van desde la formación de banda criminal a lavado de dinero, gestión fraudulenta y “caja dos”.

En el caso del Cruzeiro do Sul,  Luis Octavio Indio da Costa estuvo 20 días detenido y fue multado en 300.000 reales por la CVM (Comisión de Valores Mobiliarios), por no divulgar un hecho relevante. Según la Policía Federal, el banquero podría recibir una pena de hasta 12 años de prisión. Pero la última palabra la tendrá el juez.