La pulcritud puede ser engañosa. Suiza sigue siendo el aliado mundial Nº 1 tanto de las redes criminales como de los gobiernos corruptos, al igual que también un adversario formidable de la globalización. Así se desprende del Índice de Secreto Financiero 2011, en el cual la federación de cantones lidera el ránking de países que ofrecen mayor “jurisdicción de secreto”, condición que facilita el lavado de dinero de mafias mundiales y la evasión fiscal de grandes empresas. Si bien no es de extrañar que el lugar Nº 2 y 3 lo ocupen las Islas Caimán y Luxemburgo (país miembro de la Unión Europea), no deja de ser desolador que los puestos 5, 8 y 9 estén –respectivamente– en manos de EE.UU., Japón y Alemania.

De los países latinoamericanos, la posición más alta la ocupa una nación célebre como refugio financiero e históricamente cuestionada por ello, Panamá (14), apenas detrás del Reino Unido y un puesto delante de Bélgica. Lo sigue Uruguay (26), que está –notablemente– bajo Canadá e India. Luego aparecen Belice (40), Costa Rica (41) y Guatemala (42), casi al medio de la tabla que considera a 71 naciones (ver nota de página 52).

Para la Tax Justice Network, ONG que creó el ránking, no se trata de una casualidad que grandes países reconocidos por su valoración de la estabilidad y la ley consientan esta irregularidad. “Los líderes mundiales en la cumbre del G–20 en abril de 2009 prometieron: “la era del secreto bancario ha terminado’ y poner a la OCDE, un club de países ricos, a cargo de la ejecución de esta tarea”, explica.

Pero la realidad mostró que los países cuestionados, que “firman alegremente los acuerdos de intercambio de información, han estado –con sigilo– agregando más fuertes y tortuosos mecanismos de secreto a sus ya feroces arsenales off-shore”. El ocultamiento sigue siendo rentable.