“Se ha hablado mucho de la soja. Ésa es una gran mentira”, dice Juan Accatino Ministro de Producción de Río Negro, en la Patagonia argentina. “Ni soja. Ni China”, gritan manifiestantes de 12 organizaciones ecologistas y sociales de la zona. ¿Hablan de lo mismo?

Ambos se refieren al revuelo causado por la difusión de un acuerdo entre la empresa estatal china Heilonjiang Beidahuang y el gobierno de la Provincia de Río Negro, cuya idea es que la primera “financie a productores privados que hoy no están produciendo nada, y les compre toda la producción por 20 años”, aclara el alto funcionario. “Ellos no están fijando precios. Lo que salga se venderá a precios internacionales”.
Sin embargo, las suspicacias se dispararon luego que el diario local Página 12 revelara, entre otros puntos, que lo acordado incluye la cesión “sin cargo alguno” de cinco hectáreas del puerto de Viedma por medio siglo.

“Son para un nuevo puerto y se prevé la construcción de una fábrica de aceites”, explica Accatino. Pero parte del público argentino está preocupado no por el destino de las inversiones, sino por la magnitud que está adquiriendo el cultivo de soja, hoy equivalente al 56% de la superficie sembrada del país. Y hay crecientes evidencias sobre los efectos tóxicos del herbicida que se usa en ella.

Son los conflictos que genera una nueva era de apetito mundial por los commodities agrícolas abundantes en la región. Según Accatino, hay interés en replicar el acuerdo en Santa Fe y dos provincias del norte, y recuerda que Venezuela acaba de firmar uno similar.