Impericia y arrogancia fueron los dos términos que más se usaron cuando Argentina entró en default a fines de julio. En un editorial del diario La Nación se consignaba que “la irresponsabilidad e impericia con que ha actuado el gobierno en la crisis de la deuda desembocaron en un nuevo default”, mientras que en un artículo del New York Times firmado por Floyd Norris se detallaba la impericia del juez Thomas Griesa en materia de deuda pública: “Griesa no terminó de entender las transacciones de bonos sobre las que decidió durante años”. Es sintomático que un medio argentino hablara de impericia del gobierno y uno estadounidense de la impericia del juez. Entonces de dos impericias sólo podía salir algo único, un default parcial, selectivo, sin precedentes, que se ha desarrollado con vericuetos inesperados y que tiene a sus actores adaptándose a cada momento a lo que hace el otro.

“Argentina va haciendo camino al andar; a veces ese andar no es recto y hay maniobras que dejan a los medios, a los buitres y al propio juez en shock”, dijo Silvina Sterin Pensel, corresponsal del canal de noticias TN en Nueva York.

Salvar a la reina

Es tal la peculiaridad del caso que muchos lo llaman un “Griefault”, una cesación de pagos decretada en las oficinas de un juez, o más exactamente en una oficina de abogados. Si bien le asigna más responsabilidad al gobierno argentino, Sterin Pensel señala que el default fue determinado “en el piso 27 del edificio ubicado en el 245 de Park Avenue, en una sala del estudio McCarter & English, donde se reunieron Axel Kicillof y otros funcionarios del gobierno argentino cara a cara con los representantes de los fondos buitre”. Para ella el juez que estuvo “alineado con los buitres” falló favorablemente para ellos y determinó “el destino económico de un país soberano”.

Otra peculiaridad fue la actitud de las calificadoras de riesgo y del propio mercado de bonos. “La manipulación que han hecho las calificadoras de riesgo y diferentes engranajes del sistema financiero internacional es grave”, afirma Fernanda Vallejos, de la agrupación de economistas kichneristas La Gran Makro. Moody’s, por ejemplo, bajó la calificación de los bonos del gobierno argentino, de más de 20 bancos locales y de varias empresas radicadas en el país, por “posibles pérdidas para los acreedores”, pérdidas que, por otro lado, serían “muy modestas”. Y para demostrarlo, Vallejos argumenta que “ni siquiera los mercados han convalidado una baja en los valores de los activos argentinos, lo que sin duda hubiera sucedido de existir, verdaderamente, un default”.

Viendo que sus posibilidades se estrechaban, el gobierno decidió una retirada táctica. La tercera semana de agosto la presidenta Cristina Fernández anunció la ley de pago soberano local de la deuda externa de la República Argentina. Esta ley de nombre “tan corto” consiste en remover como agente de pago al Bank of Nueva York (BONY) y reemplazarlo por el Banco Nación Fideicomiso. Esto equivale a cambiar la jurisdicción de pago, pero mantener la legislación extranjera por la que se rigen esos bonos; propone además de forma voluntaria a los bonistas canjear sus títulos por otros pagaderos en el país, y ofrece a los fondos buitre un canje de su deuda en las mismas condiciones del canje del 2010. La explicación para tomar esta determinación la dio en detalle el ministro de Economía. “Nuestro canal de pago en Nueva York ha sido bloqueado no en el pago, pero sí en el cobro, y Argentina va a seguir pagando”, dijo Kicillof.

Ariel Setton, docente en Economía Internacional de la UBA y miembro del Plan Fénix, en donde coordina el impacto de políticas públicas, cree que esta situación no tiene historia previa y cada paso que toman las partes va sentando precedentes. Si pudiera compararse a una partida de ajedrez, Setton cree que la movida del gobierno sería la de un enroque, porque “estás protegiendo a la reina”. Es a la vez un cambio de estrategia y de paradigma: “Si antes se jugaba a la ofensiva, ahora se hace a la defensiva, porque Argentina abandona la partida del tablero internacional”. Pero a la vez de ser defensiva, es una jugada más disruptiva, inesperada. Pese a ello está seguro de que “si hay algo que no va a dejar de hacer este gobierno, es pagar la deuda”.

Las consecuencias

Según muchas consultoras, la inflación rondará este año, con o sin default, entre el 29% y el 39%. La percepción de la actividad económica, según la encuesta de expectativas del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) a principios de agosto, es muy similar a la que había entre finales de 2008 y principios de 2009.

En ese período se sabía a qué se enfrentaban y también que el gobierno contaba con dinero fresco producto de la estatización de los fondos de pensiones. Eso daba margen para afrontar esa crisis. Hoy ese margen es mucho menor. Así y todo hay un nivel de empleo que ha sido sostenido básicamente por el Estado, aumentando su tamaño. ¿Pero entonces esta decisión dónde impactará más? 

Para Ariel Setton la respuesta está en el dólar. De hecho, a las horas de anunciado el proyecto de ley, tanto el dólar oficial como en el blue empezaron a subir. Un día y medio después el blue estaba entre $13 y $14. De mantenerse esta situación bien podría generar “una serie de microdevaluaciones, que no es para nada similar al clima de fines del año pasado que llevó a la devaluación de enero”. Aclara Setton que “esta tendencia al alza es por la falta de dólares, que es una consecuencia a cerrarse a los mercados internacionales”.

Esteban Domecq, director de la consultora Invecq, tiene una opinión distinta. Para él, el problema cambiario es “por la inflación”. Para Domecq los problemas de fondo continúan: un nivel de emisión monetaria importante, un déficit fiscal preocupante y una inflación que, según sus cifras, llegaría al 39%. Y aunque la principal consecuencia del pseudo-cuasi default es quedar fuera de los mercados de financiamiento internacional, cosa que Argentina ya sufría, el gobierno tenía esperanzas en Vaca Muerta, el yacimiento de gas no convencional. ¿Vendrán ahora los inversionistas a arriesgarse?

Lo único claro de este escenario es que cualquier decisión que tome el juez Griesa (como desacato, que el 21 de agosto lo descartó) no afectará directamente en la economía doméstica argentina, por el momento. Y el gran problema del equipo económico es evitar que las alzas del dólar blue presionen al cambio oficial. Si eso sucede se verán obligados a hacer otra devaluación como la de enero, que podría traducirse a precios. Por el momento, sólo hay especulaciones.