Cada año, Guatemala, Honduras y El Salvador tienen más asesinatos violentos que los 27 países de la Unión Europea combinados. Según la unidad de Drogas y Crimen de Naciones Unidas, Honduras, con 82,1 asesinatos cada 100.000 habitantes al año, y El Salvador, con 66, encabezan este ingrato ránking global, que los pone por sobre los países del Medio Oriente o africanos envueltos en conflictos militares de alta escala. Guatemala está en la séptima posición, con 41 homicidios. Es en esos tres países donde la derrota en la batalla contra el narcotráfico es más evidente. La debilidad de sus Estados, la corrupción que caracteriza su institucionalidad, las enormes masas de jóvenes marginados que no estudian ni trabajan y viven en la pobreza, más su débil estructura policial, los han convertido en un campo propicio para la acción de los grandes carteles de narcotraficantes. La muerte violenta seguirá siendo el resultado de quienes intenten oponerse a su acción y a la de otros que se suman a esta ola criminal. Los señores de la droga crean pequeños ejércitos al darles armas a pandillas delictuales, las que, cuando no trabajan para los carteles, pueden prestarse para servir a otros jefes. Mandar matar a alguien puede costar US$ 500, mientras que las empresas deben destinar un 20% en promedio de sus gastos operativos a la seguridad de su personal. La violencia disuade además a los inversionistas, en un proceso que podría erosionar aún más el proceso democrático. Recientes estudios concluyen que más de la mitad de la población centroamericana está dispuesta a aceptar un golpe de Estado si eso ayuda a mejorar la situación criminal. Una magra perspectiva para una región que venía avanzando en sus institucionalidad democrática desde que dejó su tradición de guerras civiles y dictadores.

Sin embargo, hay iniciativas que la clase política está emprendiendo y que deben ayudar a lograr resultados. Por ejemplo, las urgentes reformas tributarias, que incrementen la bajísima capacidad de recaudación que tiene el fisco en esos países (en torno al 10% del PIB) y permitan financiar políticas de seguridad. Hay que reformar el sistema de partidos, un vacío que las bandas de criminales han usado para actuar directamente sobre el sistema político. Eso sin contar las grandes transformaciones que deben hacerse en las fuerzas armadas y policiales, y en la provisión de justicia.

No obstante, se requiere una acción mucho más amplia, que cuente con espaldas financieras que los pequeños Estados centroamericanos no pueden enfrentar. El historial en estos temas diría que hay que buscar la solución en el socio del norte. Pero hay muchas señales que muestran que EE.UU. no repetiría hoy un nuevo Plan Colombia en Centroamérica. Hoy, la agenda de seguridad de EE.UU. no tiene su foco en el hemisferio, como sí lo tenía cuando firmó el Plan Colombia. Además, el menor consumo doméstico en EE.UU. de cocaína ha quitado presión por la distribución de este alcaloide sudamericano. La apertura de muchos de Estados de EE.UU. de probar estrategias que despenalicen el consumo de algunas de ellas, y la difícil situación económica que atraviesa el país, completan un escenario poco apto a asumir nuevas campañas al estilo colombiano.

A eso hay que agregar que la preocupación de EE.UU. es por acabar el tráfico de drogas que afecta a sus ciudadanos no al de otros países. Hoy, mucha de la cocaína que se administra desde Centroamérica tiene destinos diversos como Europa y los grandes mercados de consumidores que se están generando en la misma América Latina.

Por ello, la respuesta debe venir de la misma región. Los países latinoamericanos tienen el dinero y recursos de inteligencia para diseñar un plan adecuado para abordar el tema de la violencia en Centroamérica. El incremento de la presencia de Brasil en el istmo centroamericano y la tradicional influencia mexicana en la zona pueden ejercer su liderazgo e involucrar a toda América Latina, en lo que podría ser una de las primeras iniciativas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. La instancia podría iniciar una serie de iniciativas conjuntas y más creativas que el prohibicionismo y criminalización predicados por Washington. Una política consensuada y adecuada para la realidad regional, que deje atrás los errores de la actual.

Pero hay que apurarse. Centroamérica hace que este tema tenga una urgencia como no la tiene ningún otro en América Latina.