Se suele decir en Colombia que “Gobierno que se respete” hace en promedio una reforma tributaria al año. Ernesto Samper (1994-1998) hizo tres, Andrés Pastrana (1998-2002) tramitó siete y Álvaro Uribe (2002-2010) cinco. El de Juan Manuel Santos no es la excepción. Tras más de 116 sesiones el Congreso aprobó una segunda reforma tributaria, cuyo promotor, el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, se esforzó siempre en diferenciar de las anteriores. Según él, en declaraciones a la revista The Economist, éstas buscaban “aumentar la recaudación para enfrentar una crisis, lo que creó innumerables distorsiones”.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien debió  sacar adelante la iniciativa iniciada por su predecesor, no escatimó palabras de elogio: aseguró que con esta nueva forma de tributar  “se avanza hacia la prosperidad del país” y se tendrá “más equidad y más empleo moderno y formal”.

LA ARQUITECTURA

Muchos economistas han sostenido que la estructura tributaria es uno de los factores que explican los altos niveles de desempleo del país, un 10% pese al buen momento económico.

El primer eje de la reforma fue la eliminación de los llamados “parafiscales”, el 8% de la nómina que los empresarios debían pagar como aporte obligatorio a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje. Se le eliminó a cambio de un gravamen del 9% a las utilidades de la empresa, y un punto adicional será destinado para salud, educación y el agro.

Para el ministro “los aportes parafiscales hacían que, cuando un empleador quería contratar a un trabajador,  tenía que pensarlo dos veces, y eso iba en contra de la  generación de empleo”. El gobierno espera que la medida genere  entre 400.000 y 1 millón de nuevos empleos y que impulse la formalización de gran parte del 60% de la población económicamente activa que, se estima, labora hoy en la informalidad.

El gobierno destaca también los ajustes en la estructura del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que reduce sus tarifas haciéndolas más fáciles de controlar e impidiendo la evasión, estimada en un 28%. Para completar el cuadro, el gobierno creó el Impuesto Mínimo Alternativo Nacional, IMAN. Los que ganen menos de 3,5 millones de pesos (US$ 2.000), es decir, el 96% de la población laboral colombiana, no pagarán el impuesto llamado Retención en la Fuente.

REACCIONES

Para el senador Jorge Robledo, del opositor Polo Democrático Alternativo, la reforma es “regresiva” y  lo que logra es “disminuirles el impuesto a las grandes empresas del 33% al 25%”, calculando que “eso le vale al gobierno 8 billones de pesos (US$ 4.571 millones) menos en tributación”. El parlamentario asegura que no generará más empleo porque el problema de la pequeña y mediana empresa  en Colombia no son sus costos laborales sino “la revaluación del peso”.

César Caballero, gerente de la firma Cifras & Conceptos, es de los que evalúan positivamente la reforma. Explica que en Colombia existía una tasa de tributación en la que los ricos debían pagar el 33% de impuesto de renta, pero nunca lo hacían “porque luego de muchas exenciones quedaba por alrededor del 12%” y asegura que esta reforma les  quita muchas de estas exenciones contribuyendo a la equidad.

Para Caballero, sin ser perfecta,  la nueva ley “se mueve, en varios frentes, en la dirección correcta”. Destaca la novedad de haber vedado los paraísos fiscales. La Dirección de Impuestos Nacionales, DIAN, está elaborando una lista de países que son considerados paraísos fiscales y cuyos inversionistas no tendrán las garantías de la inversión extranjera directa de carácter productivo. “Creo que el efecto general de la reforma va a hacer que el recaudo sea al menos igual al que teníamos el año que pasó”, asegura.

Un informe de  la Dirección de Investigaciones Económicas y Estrategias de Bancolombia señala que, en términos de la distribución de ingreso, la reforma podría tener  un impacto favorable sobre la consolidación de la clase media en el país.

En lo que coinciden los analistas, los detractores y los defensores de la nueva ley, es que pronto el gobierno deberá  presentar otra reforma. Parlamentarios del Polo Democrático impugnarán la reforma ante la Corte Constitucional por vicios de procedimiento y por la posibilidad que no haya resultado neutra, es decir, que finalmente disminuya la recaudación total respecto de lo proyectado para 2013.

Si la ley sobrevive a la demanda, Caballero pronostica que será modificada por insuficiencia: “la tributación promedio de la sociedad colombiana hoy es del 15 por ciento del PIB, mientras el latinoamericano está en 18 por ciento y  en ese sentido vamos a tener que tributar más”.

No faltará quien proteste legalmente porque no se gravaron los dividendos de las acciones. O porque  el impuesto sobre ganancia ocasional y herencias  se redujo de 33% a 10%. O porque no se incluyeron los impuestos a las pensiones altas, las mismas que reciben los congresistas.

Las empresas petroleras, mineras y de turismo, en cambio, están contentas: se mantuvieron las exenciones tributarias del gobierno de Uribe.