¿Qué se podría pensar del futuro de un carpintero o de un mecánico de vehículos que, al despertar una mañana, descubriera que le faltan 1.900 herramientas? ¿Y de su salud mental, si dijera que no es para tanto, que con que le devuelvan 365 de ellas le basta para mantener el negocio funcionando?

Ésa es exactamente la situación actual del gobierno argentino. La noche del 24 de agosto pasado la oposición dejó que caducaran alrededor de 1.900 leyes que le transferían al Ejecutivo poderes que la Constitución adjudica al Congreso, que son las llamadas “facultades delegadas”. El hecho no deja de tener un toque de humor, o de locura, si se piensa que no pocas de ellas estaban vigentes ya en el siglo XIX (incluso algunas lo estaban desde 1857).

A largo plazo, este cambio podría ser mucho más relevante e influyente para Argentina que otros elementos más ruidosos de la agenda política actual. La razón estriba en que, según cómo evolucione la nueva situación, tanto el gobierno que resulte electo en los comicios presidenciales del año entrante, como los subsiguientes, podrían operar en un entorno de una democracia semiparlamentaria de facto. O rediseñar las instituciones hacia un parlamentarismo explícito.

Lo que a primera vista puede parecer un debate especulativo sobre bondades y defectos de distintas formas de gobierno, no lo es tanto al examinarlo más de cerca. Por ejemplo, el Congreso recuperó el manejo del Código Aduanero. Así, en el caso de que las fuerzas opositoras se pongan de acuerdo, podrían bajar o eliminar las retenciones agrícolas a las exportaciones de soja y maíz, desfinanciando, de paso, el presupuesto del gobierno. Y, de hecho, lo están intentando.

“Las facultades delegadas han permitido la dictadura de la billetera”, dice Ricardo Monner Sans, abogado y denunciante de varios de los casos más sonados de corrupción de los gobiernos argentinos desde los años 90. El experto coincide con la visión imperante de que, más allá del partido en el poder, la forma de gobierno del país ha derivado en un “hiperpresidencialismo”. Las provincias en un país federal como Argentina están a merced del gobierno central que suele financiarles, o no, sus déficits a cambio de apoyo en el Congreso y en las elecciones nacionales.

“En Argentina los candidatos son demócratas hasta que se les coloca la banda presidencial”, dice, con cierto tono de ironía, el analista y consejero político Heriberto Muraro, de Muraro y Asociados. Según él, la derogación de las facultades delegadas ha provocado una situación incierta. “La capacidad cooperativa y organizativa de la oposición es cercana a cero”, dice. “Nuestra Constitución imaginó un mundo permanente, no el dinámico que existe hoy, en que las circunstancias cambian muy rápido y cada modificación de un impuesto exigiría la votación de una nueva ley”.

Graciela Römer, de la consultora de opinión pública Römer y Asociados, aporta otro ángulo. “El tema de la gobernabilidad va a comenzar a pasar por la capacidad que tengan las principales fuerzas para llegar a acuerdos de políticas públicas”.

Se trata de un asunto nada fácil, pues gran parte de los legisladores necesitan más que nunca estar en el show de los medios, ya que se juegan sus bancas en las elecciones de 2011. Así, se da una situación curiosa: ambos poderes fingen que no ha pasado nada. Desde el gobierno se dice que pedirán por ley lo que antes tenían por las facultades delegadas y que, si se lo niegan, emitirán un decreto de necesidad y urgencia. Pero el próximo presidente no podrá mirar para el lado.

Un caos político. “Hay un escenario donde, tras una primera vuelta, la oposición se une contra Néstor Kirchner (que es un posible candidato oficialista), le gana, hay un conjunto de acuerdos y ahí se meten las leyes sobre la Aduana, la coparticipación”, afirma Muraro. “Otro escenario igualmente probable es que haya un ganador sin acuerdo sobre facultades delegadas y se arma tal despelote de conflicto y parálisis gubernamental, que al final se vuelve a ellas”.

Para evitar este escenario, Monner Sans piensa que el poder legislativo debería dictar alguna norma que establezca un sistema de semidelegación, pero con un control sobre lo actuado cada dos o tres meses.

En cualquier caso, una evolución hacia un parlamentarismo dinámico y sano es un desafío titánico. “Contradice las más nobles tradiciones argentinas, que son presidencialistas”, señala Muraro.

Además, existe un peligro del cual no se habla: “Posiblemente, temas como los impuestos y el Código Aduanero tocan los bolsillos de los grandes empresarios; vamos a ver un lobby ya no sobre el Ejecutivo, sino sobre los legisladores”, dice Muraro. Y, por desgracia, otra tradición local indica que los congresistas se consiguen más baratos que los presidentes.

Otros tienen esperanzas y recuerdan que la fragmentación del sistema político argentino aleja el escenario de un gobierno de minoría. “Cada vez es más fuerte el grado de acuerdo sobre la necesidad de ir hacia un régimen semiparlamentario, porque el presidencialismo es, a todas luces, disfuncional con su tendencia a la concentración del poder”, dice Römer. “El semiparlamentarismo mejoraría sustantivamente la calidad de nuestra democracia, al poner límites al bajo respeto institucional”.

Muchos argentinos piensan que luego de 200 años de alternar dictadores y esos pequeños reyes llamados presidentes, sin obtener demasiado éxito en cuanto a un progreso general sostenido, quizás cabe probar otras posibilidades.

*Este reportaje fue escrito con anterioridad a la muerte de Néstor Kirchner.