El Tribunal Federal de Cuentas aplazó por 20 días su análisis final de la capitalización de la estatal eléctrica, que el Gobierno de Jair Bolsonaro quería concretar el 13 de mayo, lo que ahora resulta inviable.

La expectativa del gobierno de llevar a cabo la privatización de Eletrobras para mediados de mayo fue frustrada por el Tribunal Federal de Cuentas (TCU), luego de que decidiera este miércoles posponer por 20 días su análisis final de la operación.

Como era de esperar, el ministro Vital do Rêgo pidió revisar el proceso, lo que desencadenó una larga discusión entre los magistrados sobre el plazo para que la operación volviera a la agenda.

Inicialmente, Vital dijo que necesitaría 60 días para analizar mejor el caso. Sin embargo, después de que otros magistrados propusieran acortar el plazo a siete días, acabó aceptando el plazo regimental de 20 días.

Con esto, el proceso volvería al pleno hasta el 11 de mayo, lo que hace inviable el cronograma del gobierno para concretar la oferta de capitalización de Eletrobras, según fuentes cercanas a la operación.

Para que la oferta salga el 13 de mayo, el TCU tendría que dar su visto bueno a la privatización antes del 27 de abril. Una de las fuentes dijo que el gobierno no trabaja con la hipótesis de que Vital do Rêgo devuelva el proceso hasta entonces.

Otra fuente dijo que cree que, a pesar del aplazamiento, la privatización se llevará a cabo a finales de este año.

El Ejecutivo venía defendiendo que la ventana ideal para realizar la operación era el primer semestre, ya que los inversores tienden a retirarse con la proximidad de las elecciones, ya sea por un aumento en la percepción de incertidumbre o por restricciones internas de los fondos de inversión.

Cuando fue contactado, el Ministerio de Minas y Energía dijo que no haría comentarios sobre la decisión del TCU.

DEBATE EN EL TCU

En la sesión de este miércoles, algunos magistrados del TCU expresaron su preocupación por el impacto de una postergación en la privatización de Eletrobras, y defendieron que el proceso vuelva a la agenda en una semana, como se deliberaba para el proceso de 5G.

La propuesta para un plazo de siete días fue presentada por el magistado Jorge Oliveira y respaldada por Walton Alencar y Benjamin Zymler.

Según Alencar, la postergación prolongada del juicio implicaría "simplemente la no privatización de la entidad" y "desconocer una valoración hecha previamente por el Congreso Nacional".

Otros magistrados, en cambio, expresaron su malestar por la presión que dijeron tener para analizar el caso.

“Pocas veces en este tribunal sentí un intento de presionar al tribunal tan grande, brutal, abrumador”, dijo el ministro Bruno Dantas.

“Entiendo y considero legítimo que el gobierno quiera mantener intacto su cronograma inicial. Pero considero falaz que un inversionista que quiere poner dinero en el país en un año electoral no lo haga por cuatro semanas”, agregó Dantas.

Vital do Rêgo también criticó la "ansiedad" al juzgar el proceso. “A nosotros nos urge darle seguridad jurídica a un proyecto de gobierno antes de su ejecución… Si quieres un sello previo para que el inversionista en el exterior tenga seguridad jurídica. Entonces se va a discutir si (el precio de) la acción bajó”, dijo.

Vital también criticó la falta de información sobre el impacto de la privatización en la factura eléctrica de los consumidores de energía.

Según él, la autoridad "no calculó" el efecto tarifario del proceso porque alega no haber tenido suficiente tiempo.

También según el magistrado, hay inconsistencia en las inversiones previstas para la Eletrobras privatizada.

La semana pasada, el Ministerio de Minas y Energía publicó un informe técnico con estudios de los impactos económicos y financieros a los consumidores de energía eléctrica, por el pago de concesión en la privatización de Eletrobras, negando alegatos de posibles impactos tarifarios.

VOTO DEL PONENTE

En su voto, el ministro Aroldo Cedraz, relator del proceso Eletrobras en el TCU, sugirió determinar que el BNDES, responsable de liderar los estudios técnicos de privatización, realice ajustes en las referencias de precios de largo plazo utilizadas para estimar los ingresos de generación de Eletrobras.

El relator también defendió cambios en la cláusula de la "píldora venenosa", que otorga garantías a los accionistas minoritarios e impide que un accionista tome el control, para permitir una posible renacionalización de Eletrobras. Sin embargo, dijo que reconsideró su posición inicial sobre el tema tras recibir aportes de Jorge Oliveira.