Grupos de derechos humanos denuncian que el rápido crecimiento de las ciudades y una propiedad de la tierra poco clara, ha generado el desalojo forzoso de las comunidades más pobres.

El Tribunal Superior de Delhi dictaminó que los desalojos forzosos y no anunciados de habitantes de barrios marginales sin consultas o planes de reasentamiento son ilegales, lo que representa una gran victoria para los defensores de los derechos sobre la tierra en la capital india.

El fallo fue en respuesta a una petición de 2015 sobre el desalojo forzoso de unos cinco mil habitantes de poblaciones marginales (slums es el término en inglés más utilizado) en Shakur Basti, en Nueva Delhi, el 12 de diciembre de 2015. Un niño de seis meses murió durante la demolición de más de 1.000 asentamientos.

En su fallo de 104 páginas, el Tribunal Superior de esta semana dijo que los habitantes de tugurios en Delhi no deben ser vistos como "invasores y ocupantes ilegales".

"El derecho a la vivienda es un conjunto de derechos que no se limitan a un simple refugio en la cabeza", dijo el tribunal.

"Incluye el derecho a los medios de subsistencia, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la alimentación, incluido el derecho al agua potable, el alcantarillado y las instalaciones de transporte", así como el derecho a disfrutar de la libertad de vivir en la ciudad, dijo en su fallo el organismo.

El rápido crecimiento de las ciudades de la India, combinado con una propiedad de la tierra poco clara, ha generado disputas legales y el desalojo forzoso de las comunidades más pobres en las últimas dos décadas, dicen los grupos de derechos humanos.

Al menos seis casas fueron destruidas y 30 personas fueron desalojadas por la fuerza cada hora en la India en 2017, a medida que las autoridades modernizaban las ciudades y construían carreteras y aeropuertos, según el grupo de defensa de la vivienda y la Red de Derechos de la Tierra (HLRN).

El fallo del lunes es "extremadamente importante para la construcción de jurisprudencia sobre el derecho a la vivienda", dijo Shivani Chaudhry, directora ejecutiva de HLRN, a la Fundación Thomson Reuters.

"Subraya la necesidad de dejar de ver a los pobres como 'invasores' y ocupantes ilegales de la tierra, y pide que el estado siga el debido proceso antes de llevar a cabo los desalojos", dijo el miércoles.

En el caso de Shakur Basti, muchos residentes dijeron que habían vivido allí durante casi dos décadas.

Las autoridades dijeron que la tierra pertenecía a los ferrocarriles indios administrados por el estado y que a los residentes se les había dicho repetidamente que se fueran.

Cuando los habitantes de los barrios marginales deben ser retirados de un asentamiento, las autoridades primero deben inspeccionar y consultarlos para determinar si es posible la rehabilitación en el lugar. Si no, se les debe dar tiempo suficiente para mudarse, dictaminó el Tribunal Superior de Delhi.

Pero no hay una política de rehabilitación uniforme, y varias agencias gubernamentales ni siquiera tienen tal política, dijo Choudhary A.Z. Kabir, un abogado de la Red de Leyes de Derechos Humanos, que representó a los habitantes de los barrios marginales en el caso.

"Cuando se habla del derecho a la vivienda, realmente son los pobres quienes más necesitan el derecho a una vivienda adecuada, pero se les niega", dijo.

"Ellos construyen nuestras ciudades y brindan todos los servicios, sin embargo, también se niega su derecho a la ciudad".