Caracas. Si los planes del gobierno se concretan tal como lo estimó en su momento el ex ministro de Comercio Eduardo Samán, el mercado nacional de vehículos importados será manejado por el ejecutivo, dada su potestad de importar directamente unidades terminadas e incluso obligar a las marcas beneficiarias de licencias de importación a colocar sus productos a través de la red de ventas que planea levantar.

Sin haber recibido licencias de importación en los últimos dos años, fuentes del sector han expresado su preocupación ante la posibilidad de que las empresas que reciban los permisos se vean conminadas a venderlas a Suministros Venezolanos Industriales C.A. (Suvinca) y colocados a través de Comerso, nueva red comercial gubernamental que cuenta con los espacios de los antiguos hipermercados Éxito y supermercados Cada para su conformación.

De hecho, el Ejecutivo ya comenzó en diciembre pasado la venta de carros importados, con la colocación de un lote de vehículos marca Volkswagen proveniente de Argentina.

En ese momento, el ex ministro Samán dijo que la meta del gobierno para este año era comercializar 60.000 unidades, entre importados y autos producidos por la empresa Venirauto.

"Ello podría significar que el gobierno va a importar directamente una gran cantidad de autos, algo que ya ha hecho", dijo una de las fuentes consultadas.

Agregó además que las marcas que se beneficiarán de las licencias de importación se encargarán de suplir el servicio de post venta a las unidades "bolivarianas", una posibilidad que la red estatal no podrá satisfacer.

Se conoció también que algunas de las automotrices están dispuestas solo a importar vehículos para uso exclusivo del gobierno, a los cuales garantizan el suministro de piezas y parte.

Si para la industria ensambladora 2010 será año de retos, para los importadores se plantea como una época de sobrevivencia. Sin poder traer al país autos terminados, la amenaza de sucumbir ante la nula rentabilidad del negocio se cierne sobre varias de las marcas que participan del mercado, lo que ya ha causado un importante número de despidos en el sector.

En efecto, sólo ocho de las más de 40 marcas distribuidoras locales podrán -en teoría- reanudar sus importaciones este año, al resultar beneficiadas por el acuerdo suscrito entre el Ejecutivo venezolano y el gobierno de Ecuador para la importación de 10.000 unidades, así como un tratado similar firmado con Argentina para traer 20.000 vehículos.

De estos acuerdos, solo Kia Motors pudo ejecutar unas 2.000 licencias el año pasado, y aguarda le sea autorizada la extensión del plazo para traer el resto que completarían el lote de 6.139 licencias para autos ecuatorianos.

Por su parte, General Motors Venezolana (GMV), que recibió permisos para traer 3.870 autos de ese país, desechó aceptar las licencias. "Preferimos que nos otorguen esas divisas para elevar la producción local", afirmó recientemente Ronaldo Znidarsis, presidente de la ensambladora.

Incertidumbre en el mercado. Con mucho menos claridad, las siete empresas "beneficiarias" del acuerdo con Argentina (Renault, Volkswagen, Ford, Citröen, Mercedes-Benz, Iveco y Peugeot) siguen sin tener claro el panorama. "Seguimos esperando por una definición sobre los permisos. Hasta ahora no tenemos información alguna sobre el mecanismo de importación", dijo una fuente del sector que, para evitar problemas, prefiere no revelar su identidad.

"Estamos en negociaciones, pero hace falta aclarar muchas cosas", señaló una fuente de una marca europea que tampoco quiso ser identificado.

La directiva de la Cámara Venezolana Automotriz (Cavea), ente que agrupa a un importante número de importadores, prefirió no emitir opinión al respecto.

Las consecuencias de la suspensión de las importaciones se han hecho sentir. El año pasado las ventas totales de autos cayeron 50%, impulsadas por una reducción de 80% en la comercialización de importados; mientras que en enero de 2010 la venta de este tipo de autos bajó 90% respecto al mismo mes de 2009.

"Esta situación pone en riesgo la estabilidad de muchas empresas que han realizado fuertes inversiones y estiman realizar otras. Además, son unas 9.000 personas las que dependen de este sector en todo el país", señaló meses atrás el presidente de Cavea, Emmanuel Cassingena.

Las secuelas van más allá de la simple reducción de las ventas. De hecho, algunas empresas comienzan un rápido desmantelamiento de sus estructuras. Cinascar, importadora de varias marcas chinas y que llegó a ubicarse como la mayor importadora del país, redujo su plantilla de 250 empleados a menos de 30, además de desechar los planes de ensamblar en el país.