Estas semanas el gobierno nacional se encuentra con una doble batalla: por un lado, la presión de los denominados fondos buitre que reclaman el pago de US$1.300 millones, y por otro, la batalla contra el grupo Clarín que ya lleva varios años y se encuentra en una etapa definitoria.

Contra los fondos buitres y a la espera del fallo. Dos meses atrás un recurso legal impuesto por acreedores internacionales desembocó en el embargo de la Fragata Libertad –un buque insignia del país-, que hoy se encuentra varada en el puerto de Ghana.

El tema se remonta a 2003, cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno con una deuda externa en default y tomó dos medidas en 2005 que supusieron un gran paso para resolver esta cuestión: por un lado, generó una fuerte quita y prórroga de la deuda, y por otro, canceló la totalidad de la deuda contraída con el FMI, hecho que fue anunciado como la recuperación de la soberanía económica del país.

El canje de la deuda tuvo un alto acatamiento, con la aceptación de más del 90% de los acreedores. Sin embargo, un grupo de éstos decidieron no ingresar en la reestructuración (y tampoco en la que se realizó en 2010) y desde entonces han interpuesto una serie de demandas para cobrar los bonos que poseen, lo que les vale el nombre de “fondos buitre”. Estos fondos son los que realizaron la demanda que llevó al embargo de la fragata, tema que sigue ahora su curso en tribunales de derecho internacional.

En cuanto al reclamo de los fondos buitre, el caso se lleva adelante en los Tribunales de New York –ámbito legal que el Estado y los bonistas decidieron en su momento- y está a cargo del juez Thomas Griesa quien dictaminó que el Estado debe afrontar la deuda que asciende a US$1.330 millones. Sin embargo, tras la apelación del Estado argentino la Cámara de Apelaciones suspendió el fallo del juez Griesa y pospone para el 27 de febrero su dictamen definitivo.

En este sentido, si  la Cámara determinara que el Estado argentino debe hacer frente al reclamo, el gobierno nacional se encontrará en una gran disyuntiva: si decide pagar, se verá debilitado por el reclamo de bonistas a los que no se les conoce la cara y con quien el gobierno no quiere tener ningún tipo de relación; si decide no pagar, el país entraría en default, con las consecuencias económicas y políticas que ello supone. Otra opción es abrir el canje en estos tres meses para negociar el ingreso de estos bonistas –a pesar de la “ley cerrojo” local que impediría que esto suceda-. El final está abierto.

La batalla contra el grupo Clarín. Hasta el año 2007, el grupo Clarín, principal multimedio de Argentina y dueño del periódico de mayor tirada, era un gran aliado del gobierno nacional. Por entonces, el gobierno favoreció su salvataje financiero pesificando la deuda que el grupo tenía en dólares y permitiendo años después la fusión con Multicanal, proveedora de televisión por cable y principal competidora de Cablevisión, empresa del grupo Clarín. Esto le valió al grupo el monopolio de la prestación de este servicio en la mayor parte del país y un aumento exponencial de sus ingresos.

Sin embargo, luego de la gran crisis con el sector agropecuario a principios de 2008, a pocos meses de asumir Cristina Kirchner su primer mandato, Clarín se convirtió en el chivo expiatorio del gobierno y desde entonces es enemigo acérrimo. El principal cuestionamiento que hoy realiza el gobierno a Clarín es la oscura adquisición de Papel Prensa –única empresa que imprime el papel de diario para todo el país- en épocas de la dictadura.

Esta batalla continuó en el Congreso cuando en 2009 el gobierno promovió y aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales Nº 26.522, con el objetivo  de desconcentrar la propiedad de medios de comunicación y promover la pluralidad de voces.

No obstante ello, hasta el día de la fecha la ley no pudo ser aplicada en su totalidad debido a una medida cautelar del grupo Clarín sobre el famoso artículo 161, aquél que refiere a la desinversión y que lo obliga a desprenderse de varios medios (canales de televisión, emisoras de radio y periódicos, tanto nacionales como locales). Esta medida cautelar llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tiene “fecha de vencimiento” este 7 de diciembre (7D). Esta semana la Corte rechazó el pedido de extensión de la medida cautelar que realizó Clarín y exhortó a la Cámara competente paraa que dicte sentencia.

Esto representaría una gran batalla ganada para el gobierno en el contexto de una guerra que lleva varios años y un discurso que ha saturado a la sociedad. Seguramente Clarín seguirá siendo la excusa del gobierno para no atender la inflación del 25% anual y el rojo que van marcando ciertos indicadores económicos y que han llevado a ciertas medidas extremas como las restricciones a la importación y la compra de moneda extranjera.

Este final de año el gobierno está jugando varias finales al mismo tiempo. Por eso, si la presidenta ya estaba pensando en las vacaciones, este verano deberá quedarse en casa porque esto recién comienza.

*Esta columna fue publicada originalmente en el centro de estudios públicos Asuntos del Sur.