Alfredo Castillo, comisionado para la paz en Michoacán, anunció que las autodefensas presentes en dicha entidad serán institucionalizadas. Para ello, éstas tendrán que proveer a la autoridad listados de sus integrantes y registrar sus armas ante la Sedena. Castillo destacó igualmente que lo que se pretende es que el gobierno y los grupos locales de defensa participen juntos en la lucha contra el crimen organizado.
A mi parecer, legalizar a grupos que se han armado y, al hacerlo, han quebrantado la ley, al mismo tiempo que ni siquiera han demostrado, sin lugar a dudas, que están totalmente desvinculados del crimen organizado, es un error garrafal: el mensaje que envían las autoridades al “institucionalizar” a las autodefensas es que, cualquiera que lo desee, puede hacerse de armamento sin enfrentar consecuencia legal alguna y hasta será considerado como parte de las fuerzas del orden del país.
Le pongo un ejemplo, amigo lector: en el condominio en el que tengo un departamento hay quienes nunca pagan el mantenimiento. Esto se ha convertido en un problema importante. ¿Puedo armarme, amenazar a mis vecinos e, inclusive, agredirlos con base en que no cumplen con sus obligaciones ante el resto de condóminos, las cuales, además, aparecen en la Ley de Cultura Cívica del DF, por lo que, en esencia, dichos vecinos se ubican fuera del marco legal? ¿Si hiciera esto, el gobierno me institucionalizará como una autodefensa que ayuda a combatir a vecinos irresponsables? ¿O sólo serán institucionalizados aquellos grupos que, supuestamente, luchan contra el crimen organizado? ¿Qué autodefensas sí son buenas y, por lo tanto, institucionalizables, y cuáles no? ¿Cuándo está bien que los ciudadanos tomen armas y cuándo no?
Pero eso no es todo ni, creo yo, lo más grave pues, en los hechos, la institucionalización de las autollamadas autodefensas constituye la claudicación del Estado; como las autoridades no pueden con los delincuentes y, dada su propia incapacidad, no cuentan con la legitimidad requerida para exigir a las supuestas autodefensas que se desarmen (asumiendo que éstas están formadas por simples ciudadanos que buscan defenderse porque los diferentes niveles de gobierno no los protegen de nada ni de nadie), mejor optan por renunciar a su obligación primaria (hacer valer la ley) y, en vez de ello, no sólo no meten en cintura a los grupos de autodefensa sino que los aceptan, reconocen y aplauden. En otras palabras, parece que la administración federal está aplicando el famoso “si no puedes con el enemigo, únete a ellos”.
Y eso es delicado, amigo lector, muy delicado: ahora resulta que quienes, supuestamente, nos gobiernan, no cobran, y mucho, por gobernar, es decir, por hacer valer la ley, sino por asegurarse de que, quienes operan fuera del marco legal, ya no lo hagan, pero, no porque hayan sido detenidos, procesados y sentenciados, sino porque la actividad ilegal a la que se dedican deja de serlo de un día para otro, de un plumazo, gracias, precisamente, a quienes están ahí para “gobernar”.
Insisto: ¿qué otra actividad ilegal que el gobierno no puede contener y eliminar será también “institucionalizada”? ¿El homicidio, el robo, la extorsión, la violación? E insisto también en esto: ¿por qué está bien “institucionalizar” las autodefensas, pero no a otro tipo de grupos que, tal y como lo hacen estas defensas, delinquen?
Al rato va a haber grupos de autodefensa en todo el país. Seguramente, algunos de ellos sí serán mexicanos hartos de la inseguridad y nada más. Pero también habrá otros que se armarán con el fin de llevar a cabo actividades delincuenciales. Ah, pero eso sí: dirán que son autodefensas y exigirán que no se les aplique la ley e, inclusive, que se les “institucionalice”. ¿Y qué va a hacer el gobierno entonces?
No entiendo a la autoridad. De hecho, estoy convencido de que, en este tema, se arrepentirá de lo que está haciendo. Ojalá que esté yo plenamente equivocado, de verdad.
*Esta columna fue publicada originalmente en Excelsior.com.mx.
