En décadas recientes se produjeron dos cambios fundamentales en la sociedad estadounidense. De un lado, desaparecieron las leyes segregacionistas que discriminaban en forma explícita contra los afro-americanos. De otro lado, las encuestas revelan que los prejuicios raciales persisten sólo en una franja marginal de la opinión pública. Por ejemplo, en 1967 sólo 53% de los encuestados hubiera votado por un candidato afro-americano a la presidencia, mientras que en 2007 esa proporción era de 94% (y la elección de Obama como presidente parece confirmar esas cifras). A partir de esas premisas, sin embargo, algunos periodistas conservadores arriban a conclusiones temerarias: el racismo habría desaparecido, y las conductas disfuncionales entre afro-americanos (como los disturbios de Baltimore), tendrían otra explicación. La explicación sería una “cultura” distintiva, carente de una ética del trabajo y de restricciones normativas frente a conductas anti-sociales.
Es curioso que nadie recurra a argumentos similares cuando son blancos no hispanos (para emplear la categoría a la que apelan ciertos estudios), quienes causan los desmanes (por ejemplo, tras la final de la Copa Stanley en 2011). Porque a diferencia de Baltimore, esos desmanes no tenían como motivación la reiteración de homicidios policiales contra afro-americanos, cuyo carácter injustificado está documentado en infinidad de filmaciones (homicidios que se producen en un país en el que, según un estudio de Pro Publica para el período comprendido entre 2010 y 2012, un afro-americano tiene 21 veces más probabilidades de morir tras el uso de armas de fuego por parte de un policía que un blanco no hispano): los disturbios causados por blancos no hispanos tras la final de la Copa Stanley tenían como motivación la derrota de su equipo en un torneo deportivo. Y aunque la violencia sea igualmente ilegal en ambos casos, queda claro que en uno de ellos existen alternativas de política pública que, además de hacer realidad la presunción de igualdad ciudadana ante la ley, contribuirían a prevenir la recurrencia del problema. A propósito, no es el caso que la razón fundamental por la que un afro-americano tenga 21 veces más probabilidades de morir a manos de un policía, sea la mayor incidencia de conductas delictivas entre afro-americanos. Por sólo citar un ejemplo, un afro-americano tiene tres veces más probabilidades de ser arrestado por posesión o consumo de drogas que un blanco no hispano, pese a que según el Departamento de Salud de los Estados Unidos, la proporción de afro-americanos que usan drogas es relativamente similar a la proporción de blancos no hispanos que hacen lo propio.
De cualquier modo, que no existan ya leyes que discriminen a los afro-americanos con nombre propio, no quiere decir que los efectos de las leyes segregacionistas desaparezcan súbitamente, o que leyes que no mencionan en forma explícita la etnicidad, no tengan un efecto diferenciado entre grupos étnicos. De un lado, si los padres no pudieron acceder a crédito hipotecario o a determinadas zonas residenciales por ser afro-americanos, la siguiente generación (ya sin leyes discriminatorias), habrá sido condenada a crecer en barrios con menos oportunidades laborales y con peores escuelas públicas (precisamente las dos cosas que podrían haberles permitido una mayor movilidad social).
De otro lado, normas que en principio no parecen discriminar por etnicidad, lo hacen en la práctica. Por ejemplo, las personas de ingresos relativamente bajos estuvieron mucho más expuestas a créditos hipotecarios particularmente riesgosos, denominados sub-prime (en un país en el que un afro-americano tiene tres veces más probabilidades de ser pobre que un blanco no hispano). Cuando estalló la burbuja inmobiliaria y los prestatarios no pudieron pagar las hipotecas (porque las tasas de interés crecieron en forma sideral, y no necesariamente porque no pudieran realizar los pagos habituales), los bancos tomaron posesión de las viviendas. Podría alegarse que, a fin de cuentas, tomar crédito riesgoso fue su decisión, pero habría que hacer dos atingencias: la primera es que estaríamos ante un caso de información asimétrica (en favor de los bancos), es decir, una de esas fallas de mercado que la regulación estatal debió prevenir. La segunda es que mientras a los banqueros que concedieron esos créditos riesgosos se les rescató con dinero de todos los contribuyentes, las personas de menores ingresos que los recibieron quedaron libradas a su suerte.
Ahora bien, a diferencia de las protestas en Ferguson (en donde una amplia mayoría de población afro-americana tiene una participación menor en la policía local), en el caso de Baltimore la mitad de la fuerza policial está compuesta por afro-americanos: de hecho, tres de los seis policías que serán juzgados por la muerte en custodia de Freddie Grey (muerte que estuvo en el origen de los disturbios), son afro-americanos. Una hipótesis que podría explicar esa situación sería que estos hechos ocurrieron en el espacio de intersección entre múltiples prejuicios: aunque compartieran una etnicidad, Freddie Grey no había alcanzado la movilidad social que permitió a esos policías acceder a los estratos medios de su sociedad. Es posible además que esos policías compartieran los prejuicios que revelan los testimonios judiciales de algunos de sus colegas sobre el trato que merecen quienes habitan los espacios de marginalidad social en las ciudades que custodian (espacios de marginalidad social en los que, a su vez, abundan las minorías étnicas).
