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Los operativos policiales en Río de Janeiro
Lun, 13/12/2010 - 14:50

Andre César

Tiririca y las elecciones brasileñas
Andre César

Sociólogo y politólogo, analista de CAC Consultoria, con sede en Brasilia. Es responsable de la cobertura del Congreso, mantiene contacto permanente con diputados y senadores, y otras fuentes calificadas. Es especialista en control presupuestario por la Escuela de Administración (ESAF). En 1992 y 1993 trabajó en el Centro de Estudios de Políticas Públicas en la Universidad de Campinas (Unicamp), en las áreas de sindicalismo y política de vivienda. Es graduado de la Escuela de Gobierno de São Paulo y miembro del Instituto de Encuestas y Estudios de Gobierno (Ipesg). Entre 1997 y 2007 fue consultor del Instituto Brasileño de Estudios Políticos (IBEP), donde dirigió un proceso de encuestas permanente.


Luego del primer impacto de las operaciones de la policía y de las Fuerzas Armadas en el Morro do Alemao y en la Villa Cruzeiro, en Río de Janeiro, hay diversas cosas que necesitan ser debatidas en el ámbito de seguridad pública en Brasil.

En primer lugar, la actuación de las diferentes fuerzas policiales (Policía Militar, Civil, Federal, entre otras) fue algo prácticamente inédito. Históricamente en Brasil las fuerzas policiales atienden distintas demandas y pelean entre sí, lo que genera un ambiente de desconfianza entre las partes. Esta vez, los policías realizaron una operación conjunta, uno al lado del otro, lo que indica que las relaciones entre ambas organizaciones están cambiando, pero resta a los comandantes de cada una de las policías, con el poder ejecutivo y legislativo, dar continuidad a este proceso.

Aparte de la acción de la policía, está la actuación de las Fuerzas Armadas en el proceso de conquista del Morro do Alemao y de la Villa Cruzeiro. Ese acto reabrió un antiguo debate en el país sobre las funciones de este organismo. Mucho se habla de que el Ejército, la Marina y la Aviación, no deben participar de las acciones de seguridad pública que se realizan en las ciudades. Sin embargo, los hechos ocurridos en Río muestran que en determinadas situaciones de crisis, las Fuerzas Armadas pueden ser decisivas para obtener el éxito. Ese debate también necesita ser profundizado en el país.

El apoyo popular a la acción del gobierno, también fue bien valorado. Una investigación del instituto Ibope realizada entre los días 27 y 29 de noviembre (en medio del auge de los acontecimientos), mostró que el 88% de los habitantes de la ciudades de Río de Janeiro apoyaron las acciones de la seguridad pública y el 72% se mostraron optimistas en relación al futuro.

Cabe recordar que, a lo largo de los años, la imagen de las fuerzas de seguridad, en especial de los policías, ha sufrido caídas importantes en la opinión publica. Los resultados de las acciones en Río, por lo tanto, pueden significar un cambio en el punto de vista de ese escenario, en el cual los policías (sean militar o civil), pasen a ser nuevamente respetados por la sociedad. Pero, una vez más, se trata de un debate que apenas se inicia y necesita ser profundizado por todos los sectores de la sociedad brasileña.

Todo lo mencionado, desemboca en el punto más importante: el establecimiento de una real, efectiva y moderna política de seguridad pública, capaz de dar respuestas a todos los anhelos y necesidades de Brasil. Hay urgencia, pero también varios puntos complejos.

Hay una nueva seguridad pública que necesita ser establecida. Es necesario revisar las estrategias y funciones de las Fuerzas Armadas, así como repensar las cuestiones de las fronteras de Brasil (por donde salen y entran las drogas y armas que alimentan el tráfico y la violencia en el territorio nacional).

Es necesario repensar el funcionamiento de las policías en los estados y municipios, valorizar los profesionales del área, lo que significa mejorar los salarios y preparar de forma permanente a quienes integran la organización, por ejemplo, con cursos de formación. Es necesario, incluso, repensar la política de represión al combate, el consumo y el tráfico de drogas. El pequeño usuario no puede ser considerado simplemente como un bandido y el traficante debe tener penas mayores.

Los problemas ya están sobre la mesa. Ahora compete a todos (gobiernos federales, estatales y municipales, Congreso Nacional, parlamentarios, justicia, fuerzas armadas, sociedad civil organizada, Ongs, etc) priorizar el debate y trabajar en conjunto para colocar en práctica una política de seguridad pública eficaz. Solamente así las acciones en la Villa Cruzeiro y en el Morro do Alemao tendrán un gran impacto en la vida del país.

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