El sueño de obtener un título universitario solía ser para la mayoría de los jóvenes latinoamericanos una remota fantasía. Una imagen añorada que se desvanecía cuando despertaban de sus sueños y enfrentaban la triste realidad cotidiana. Un grado estaba, hasta hace poco, tan lejos de su alcance que la mayoría de ellos abandonó muy joven la esperanza de obtenerlo y puso sus ojos en logros más humildes y realistas.
En los últimos años la obtención de un título se ha hecho más plausible, y las generaciones recientes han tenido un mayor porcentaje de graduados universitarios que las anteriores. Pero, para muchos, el sueño se convirtió en una pesadilla: las familias de clase media cargan con altas deudas y las grandes esperanzas que tenían para sus hijos han dado paso a la desesperación.
En un Chile pacífico y ordenado, los créditos estudiantiles se han convertido en un tema tan candente que miles de personas han salido a las calles en manifestaciones públicas de frustración inéditas en 40 años. La ola de trabajadores educados ha ido por delante de la creación de puestos de trabajo, y los sueldos que ganan los empleados con educación no son lo suficientemente altos para permitir el pago de sus préstamos.
Este desajuste se comenzará a aliviar gradualmente. Cuando la fuerza de trabajo de un país se torna más educada, la mezcla de actividades económicas se desarrolla. El sector servicios crece y los servicios se vuelven más sofisticados, de manera que los nuevos empleos requieren trabajadores con títulos universitarios y aumentan los salarios. Esa evolución, sin embargo, no es tan rápida. Y en el intertanto, los jóvenes educados descubren que los créditos que tomaron son demasiado caros.
Hay una solución. La clase media chilena está agobiada por las deudas, pero no el gobierno. La deuda pública bruta chilena es muy baja respecto de su PIB. De hecho, el fondo de emergencia ha superado el total de la deuda externa garantizada por el gobierno durante los últimos años. El contraste con los países ricos altamente endeudados es llamativo. Para los inversionistas en deuda soberana, los bonos chilenos son una inversión prudente y los nuevos tendrían demanda.
El gobierno chileno podría emitir bonos y venderlos a inversionistas locales e internacionales. Y luego, usar ese dinero para refinanciar los préstamos de educación de los jóvenes en necesidad más extrema. A través del BancoEstado o de otra entidad, podría comprar los pagarés, luego bajar las tasas de interés y reprogramar los pagos de los deudores.
Por ejemplo, considere un chileno de 26 años que debe tres préstamos por un total de 500 UF, con una tasa de interés promedio de UF+6% y planes de pago de cinco años. Tiene dificultades para pagar, y sobre él se cierne la amenaza de una mala calificación crediticia. El Dicom es muy eficiente y el tratamiento de los deudores que se atrasan en sus pagos es duro. Los jóvenes chilenos tienen trabajo, o pueden conseguir uno, pero no pueden ganar lo suficiente para tener un margen adecuado para pagar de las cuotas.
El refinanciamiento permitiría a las familias consolidar sus deudas en un nuevo préstamo con condiciones más manejables. En el ejemplo, el nuevo préstamo sería de 500 UF, pero la tasa de interés sería de UF+1% y el pago se extendería a más de 15 años. Además, el calendario de pagos incluiría un grado de flexibilidad. El titular podría saltarse un pago de vez en cuando, u obtener un aplazamiento en el caso de una emergencia familiar. Para algunos, el pago podría llevar más tiempo, pero sería menos oneroso, y daría a los jóvenes instruidos tiempo para aumentar su ingreso y consolidarse en sus carreras.
La entidad que implemente este refinanciamiento debería poder hacer nuevos préstamos a la siguiente generación de estudiantes. Podría prestar el dinero obtenido de los pagos de los deudores a estudiantes más jóvenes. Los bonos, en tanto, vencerían y deberían ser pagados. El gobierno podría hacer nuevas emisiones y usar los procedimientos para pagar la primera.
Pero el esquema que aquí se propone tendría algunos costos de operación y probablemente ganaría menos interés que los cupones de los bonos del gobierno. Por eso, sería un costo para el fisco. Los chilenos, en conjunto, deberían decidir si quieren implementar un esquema de este tipo, y en qué medida están dispuestos a subsidiarlo. Podría ser lo suficientemente amplio como para incluir financiamiento de la educación primaria y secundaria.
¿Por qué el gobierno de Chile decidiría usar su impecable calificación de crédito de esa manera? Hay varias razones. Una es que la educación es, en cierta medida, un bien público. La persona que la recibe se beneficia de ella, pero no acapara todos los beneficios. Algunos de éstos llegan a todo el país. En los países ricos, el porcentaje de jóvenes con educación universitaria aumentó de menos del 10% a más del 30% en ocho décadas. Las personas que recibieron la educación no pagaron todo el costo de sus bolsillos. Los países ricos pagan parte de este costo con impuestos y con un tratamiento fiscal favorable de los intereses sobre los préstamos relacionados con la educación.
Otra razón por la cual el gobierno chileno debe usar su acceso al crédito de esta manera es para mantener la envidiable prosperidad y las perspectivas de crecimiento económico del país. Si los jóvenes chilenos dejan de ir a la universidad, la economía con el tiempo se verá afectada, y la sofisticación de los productos y servicios que ofrece se deteriorará.
Una última razón es mantener la cohesión social. Las dos mayores coaliciones políticas en Chile no son tan opuestas como parecen a los ojos de quienes están inmersos en las controversias políticas locales. Un observador externo puede ver elementos clave de acuerdo sobre puntos fundamentales. Y los chilenos están siempre dispuestos a identificarse como chilenos. Pueden ser resentidos respecto de cómo viven y se comportan otros, pero se sienten muy ligados a su nación. La cohesión es digna de preservar, y el costo no es muy alto.
