¿Qué sigue en términos de reducción de la pobreza? es una pregunta central en el actual debate sobre qué objetivos, metas, e indicadores deben formar parte de la nueva agenda de desarrollo del milenio. En una publicación anterior apunté que el diseño de la nueva agenda global de reducción de pobreza debe enfatizar la apropiación de sus objetivos en las políticas nacionales, así como una mayor flexibilidad para adaptar metas globales a contextos locales. Recientemente, Sabina Alkire (OPHI, University of Oxford) y Andy Sumner (King’s College London) han apuntado al desarrollo de un nuevo Índice de Pobreza Multidimensional aguda (IPM 2.0) para esta nueva agenda, como complemento al indicador de pobreza monetaria extrema de US$1,25 al día.
El uso de un índice multidimensional es relevante para las políticas públicas por al menos dos razones. Por un lado, permite la descomposición en dimensiones y en subgrupos. La primera muestra qué dimensiones guían a un menor nivel de carencias —acceso al agua potable, mayor nivel educativo, etc.—; en tanto que la segunda permite analizar dónde se están alcanzado tales logros —zonas rurales o urbanas, población infantil o afro-descendiente, etc. Por el otro, porque las personas que enfrentan carencias no monetarias no necesariamente tienen ingresos menores a la línea de pobreza, y viceversa, por lo que centrar los objetivos de la nueva agenda exclusivamente en la reducción de la pobreza monetaria puede fallar en la reducción o erradicación de otras formas de pobreza, lo que puede afectar negativamente al potencial desarrollo de estas personas.
En esta línea, considero que se deben centrar los esfuerzos empíricos no solo en la creación de un IPM aguda que complemente al indicador monetario extremo de US$1,25 al día, sino que también se adapte a contextos locales para mejorar la eficiencia del uso de estos indicadores en la política pública de los países. En América Latina y el Caribe (LAC), por ejemplo, esto implica apuntar a umbrales más altos que complementen, por ejemplo, a los indicadores monetarios de $4 al día —el promedio de las líneas de pobreza de LAC—, o en Europa Central y del Este al de US$5 al día. En la misma línea, Ravallion (2013) argumenta que el indicador de US$1,25 es cada vez menos relevante para un número creciente de países cuyas líneas nacionales están muy por encima de este valor. De forma análoga a esto, se podría considerar construir un IPM relativo que se ajuste en la medida en que el bienestar en un país o región también lo haga.
Aumentar los umbrales en LAC significa reconocer que la atención en la pobreza está tendiendo a desaparecer cuando se centra en indicadores muy bajos, olvidándonos que la pobreza es relativa al contexto local y que sus consecuencias van mas allá de la falta de dinero. En el caso de la pobreza monetaria, por ejemplo, según el indicador internacional de pobreza extrema de US$1,25 apenas 6,5% de la población regional se encuentra en esta situación. En su lugar, se emplean actualmente dos indicadores más altos: de US$2,5 al día para pobreza extrema, y de US$4 al día para pobreza total según los cuales el 17 y 30% de personas en la región se encuentran en estas situaciones, respectivamente.
La Figura 1 ilustra un ejemplo similar para el caso multidimensional. Al utilizar el actual IPM que incluye indicadores de carencia aguda en las dimensiones de educación, salud, y estándar de vida, la incidencia alcanza 2,7%, 28% y 1,7% en Brasil, Nicaragua y Uruguay, respectivamente, pero se eleva a 27%, 64% y 6%, respectivamente, si se emplean, para las mismas dimensiones, indicadores más demandantes. Por ejemplo, en la dimensión de estándar de vida el actual IPM aguda considera como privaciones del hogar: no tener acceso a electricidad; usar estiércol, madera o carbón como combustibles para cocinar; tener piso de tierra; no contar con servicio sanitario mejorado o propio; no contar con agua limpia para consumo, o bien las fuentes para conseguirla están a más de 30 minutos de distancia al caminar; y no posee más de un bien básico —radio, TV, teléfono, bicicleta o motocicleta—, y no posee auto o tractor. Por su parte, en el ‘IPM específico de LAC’ incluyó como privaciones: no tener conexión de agua potable dentro de la vivienda; no tener sanitario con descarga directa de agua; tener materiales precarios en pisos, techos y muros de la vivienda; y no poseer auto o camioneta.
Indicadores como los utilizados en el denominado ‘IPM específico de LAC’ pueden o no ser representativos del nivel de vida de otras regiones —o de LAC misma—, por lo que son necesarios esfuerzos empíricos adicionales para determinar el tipo de indicadores relevantes en cada país o región, y sus umbrales de privación. En este sentido, los ejemplos de Colombia, México, y a nivel sub-nacional Brasil y El Salvador, o la propuesta de Alkire y Sumner de impulsar procesos participativos en donde ‘las voces de los pobres y marginados’ guíen las decisiones, son muy relevantes.
El desarrollo de un IPM con umbrales más altos que respondan a contextos específicos, de la mano con los indicadores monetarios existentes, podría proveernos de una visión diferente sobre cómo la pobreza y sus dimensiones evolucionan en el tiempo para ampliar la historia de ‘menor pobreza debido a crecimiento y redistribución’ a una de ‘menores carencias sociales debido a política social comprehensiva’.
*Esta columna fue publicada originalmente en la revista Hmanum del PNUD.
