Cuando hace algunos meses el presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti confirmaron a la prensa que el alcalde de Antigua Guatemala, Adolfo Vivar, había sido expulsado del partido oficial, algunas voces presagiaron una nueva era en la Ciudad Colonial.

Se esperaba que el jefe edil corrigiera algunos aspectos administrativos que le criticaban sus opositores, y que se concentrara más en servir a la localidad que lo había reelegido para guiar la corporación municipal. Lejos de ello, Vivar continuó haciendo cosas que en la última semana han hecho noticia.

Él y una decena de personas están ligados a proceso penal, bajo cargos que van desde el lavado de activos hasta defraudación especial, pasando por asociación ilícita y obstrucción a la justicia. Todo un historial que al ser comprobado los llevará a prisión por algún tiempo, pues su denuncia, captura, juicio y sentencia será uno de los procesos más importantes en la lucha contra la corrupción a nivel nacional.

A Vivar se le percibe como una expresión más de la actividad mafiosa a nivel nacional. El crimen organizado se ha posicionado de tal manera en nuestra sociedad que las riquezas malhabidas son cada vez más evidentes, en particular cuando estas forman el patrimonio que dilapidan funcionarios públicos.

La sonrisa sardónica de Vivar reflejada en las fotografías periodísticas del día de su arresto, así como la socarrona declaración de que pronto saldría libre, no fueron sino evidencias de la prepotencia con que actúa el crimen organizado.

Para quienes están involucrados en ese tema, la ley no es sino una herramienta para controlar a los demás, pues a los mafiosos no les intimida ni inhibe. Así que sonríen y campean a sus anchas, dejando el temor al orden social para quienes no se sienten poderosos y superiores a todos.

Dentro de esa lógica, al crimen organizado le cuesta entender que ni la estupidez ni la riqueza fácil se pueden ocultar. Hacen contratos fácilmente desenmascarables si la ley los quiere investigar, y se reparten fortunas que no tienen una razón digna de ser expuesta en público sin causar desazón entre quienes escuchan los cuentos de estos modernos piratas de la sociedad.

Vivar falló en todo el sentido de la palabra y debe ser sometido al más riguroso proceso de investigación. Los cargos que le imputan deben ser exhaustivamente analizados y, si se puede, elevarlos al tema de condena, porque no podemos vivir en un país donde la autoridad se mofa de la ley y saquea el erario.

Esos tiempos han pasado. Aún en el gobierno anterior se reportaron excesos que finalmente fueron documentados y esperan proceso judicial. Muchos juicios están en la larga fila de espera, mientras otros han surgido a luz pública y ya se ventilan en las instancias correspondientes.

Mi primera pregunta ante estos hechos va hacia la sociedad en conjunto. Abstrayéndonos de que el imputado sea un funcionario público, vale preguntarnos como sociedad: ¿hasta dónde toleraremos que las mafias se burlen de la ley que la mayoría respetamos?

En lo personal creo que debemos ser cada vez menos tolerantes y enjuiciar a los Vivar, a los Portillo y a todos aquellos que han hecho del saqueo algo menos que un deporte popular.

El desparpajo de este polémico alcalde, y el cinismo que exhibe y vanagloria ante la sociedad, es intolerable. No critico su irreverencia, sino la mofa con que se dirige a quienes somos víctimas porque se está robando el dinero que le hemos confiado para desarrollar su ciudad.

*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com