Hace cuatro años escribí una serie de columnas sobre la despenalización de las drogas. Creo muy pertinente reproducir algunos extractos de las conclusiones de la última de esas columnas, especialmente a la luz de las reacciones que las declaraciones del presidente Pérez Molina suscitaran por su intención de proponer ante la próxima reunión de gobernantes de Centroamérica una posición unida para despenalizar las drogas. No son pocos los columnistas y editorialistas que le han dedicado espacio a la legalización de las drogas.

Al analizar los factores más importantes que gravitan alrededor de esta epidemia, se hace evidente que las ventajas superan con creces los aspectos negativos de la despenalización.

Muchos lectores me enviaron en esa oportunidad sus comentarios; la mayoría, coincidiendo en que la sociedad está pagando un precio muy alto en el combate de las drogas y el problema no solo no se resuelve, sino se agudiza. La guerra mundial antidrogas tiene un costo estratosférico de 40 millardos, y sin embargo la proliferación de fuentes de producción, transporte y distribución aumenta a una velocidad imparable. La oferta de heroína de la más pura de Afganistán ha crecido en una cuarta parte, presionado los precios hacia abajo a nivel mundial. Los talibanes han seguido el ejemplo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), participando en las utilidades del narcotráfico a cambio de brindar protección a los campesinos y mayoristas. El conflicto en Afganistán es, pues, una realidad y ha escalado a una guerra frontal contra el Ejército afgano.

A pesar del cuantioso gasto antidrogas de casi US$40 billones, la inversión dedicada a la rehabilitación y prevención de la drogadicción a nivel mundial es casi nula e ilustra una dicotomía vergonzante en la estrategia promulgada hace diez años desde las Naciones Unidas.

Pero en este tema se tiene que ser realista. El contexto internacional antidrogas se mueve dentro de una lógica geopolítica de la cual Guatemala no puede sustraerse. Existen acuerdos vigentes firmados con los Estados Unidos a través de la DEA, Drug Enforcement Agency. Una agencia, por cierto, a la cual se le ha criticado, dada su estrategia de infiltrar en los grandes carteles a agentes encubiertos, los cuales, para ganarse la confianza de los mandos superiores, deben “operar” como cualquier narcotraficante, hacer compras significativas y hasta vender a los distribuidores mayoristas como uno de ellos. Es una contradicción inmoral que en no pocas ocasiones ha levantado las cejas de los mismos funcionarios estadounidenses. Este comentario no pretende demeritar el heroico esfuerzo de los agentes que se juegan la vida a diario y la larga lista de caídos que ya existe en el combate antidroga. Solo ilustra el enorme precio que está en juego a todo nivel.

En medio de todo esto se firman convenios como el Plan Mérida, en el cual no pasan desapercibido los montos tan insignificantes de recursos financieros para el combate antidroga destinados para los países puente como Guatemala. Sumas ridículamente insuficientes para enfrentar el desafío con alguna posibilidad de éxito. Lo cual retrata lo que ya se ha dicho en no pocas ocasiones referente a que el propio gobierno estadounidense está dando muestras de cansancio en la guerra antidroga. En la última reunión, Hillary Clinton hizo propuestas de contribución de la relación de pago de tres a uno. Es decir que por cada dólar que aportase Estados Unidos los contribuyentes centroamericanos deberían aportar tres. El solo hecho de proponer tal división ilustra la divergencia de criterios existente entre los EE.UU. y la región centroamericana.

En conclusión, son los países que generan el 90% de la demanda de drogas los que deben legalizar la producción, distribución y uso de las mismas. Y destinar los 40 millardos que cuesta la guerra antidrogas en prevención y tratamiento. Un cambio que, como insisten tantos intelectuales, beneficiaría al mundo entero.

Es hora de rectificar.

*Esta columna fue publicada originalmente en PrensaLibre.com.