Es una vergüenza para un país como Colombia que, está a pocos pasos de convertirse en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un selecto club de 35 países que reúne las economías más de desarrolladas del mundo, continúe teniendo altos índices de pobreza y desigualdad en regiones como la costa Pacífica.

La ciudad de Buenaventura, el principal puerto marítimo del país, y el Chocó, el único departamento con costas en ambos océanos, concentran los índices de pobreza y desigualdad más altos en la tercera nación en Latinoamericana, esa que está a las puertas de entrar al privilegiado club de países más desarrollados del planeta.

No deja de ser insólito que en el puerto de Buenaventura, que mueve el 60% del comercio exterior de país y genera recaudos tributarios anuales por $ 5,47 billones, lo que corresponden al 27% del recaudo de la Aduana Nacional por comercio exterior, sus habitantes vivan en medio de la pobreza más espantosa en el país. Una cifra que contrasta con los niveles de pobreza e ingreso de sus habitantes, dado que el 95% viven en la pobreza. Resulta inexplicable que con tanta riqueza que genera el puerto, el índice de desempleo en ciudad sea del 62% y el empleo informal 90,3%. Además que tenga un índice de pobreza del 91% en la zona rural, del 64% en la zona urbana y una pobreza multidimensional del 66%.

En Buenaventura se vive una tragedia humana de altas proporciones. De sus 407.539 habitantes, 162.512 mil son víctimas del conflicto armado y en la ciudad el déficit de vivienda alcanza la astronómica estadística de un 54%. Los problemas del puerto son de una complejidad que el país todavía no alcanza a dimensionar, dado que se suman otras tragedias debido a que gran parte de las cuencas hidrográficas están contaminadas de mercurio por la minería, la Bahía está cada vez más contaminada por las aguas residuales, crecen los desalojos territoriales y el control de la vida en el territorio colectivo de las comunidades negras, por parte de los actores armados ilegales y el Estado, solo agudiza estas tragedias.

Pese que el gobierno ha extremado los niveles de seguridad y la tasa de homicidios ha disminuido, sigue siendo una ciudad sitiada y controlada por el crimen organizado. Buenaventura es un polvorín social, en virtud de que es el centro de operaciones del narcotráfico que se mueve el andén del Pacífico y desde allí se controla todo el mundo criminal que se mueve en los cuatros departamentos costaneros hacia el exterior.

La situación es complicada y no se resuelve con políticas estatales cortoplacistas. De allí que los líderes del paro exigen al gobierno nacional como medida de choque la declaración de una emergencia económica, social y ecológica que permita abordar con instrumentos jurídicos excepcionales los problemas estructurales que afronta la ciudad.

Entre tanto en el Chocó, la tragedia de la pobreza, la desigualdad y la marginalidad son capítulos aparte en el país. Sus índices desbordan las estadísticas nacionales, un departamento marginado de los grandes centros de producción del país. Sus habitantes llevan más de quince días en las calles de sus principales poblaciones, exigiendo las obras públicas por las que luchan desde hace más de 90 años.

En el Chocó se vive un genocidio que ni el país ni el mundo alcanza a dimensionar su magnitud, un genocidio que oficializó un fallo la Corte Constitucional (T-622 de 2016) sobre la contaminación con mercurio de las aguas de la Cuenca del río Atrato. De allí la urgencia de que el gobierno decrete una emergencia económica, social y ecológica, tanto en el Chocó como en el resto de la Costa Pacífica para no solo atender los desbordados índices de pobreza, sino el genocidio por las contaminaciones con mercurio de las aguas de las cuencas de los ríos Atrato, San Juan, Dagua, Timbiquí, Patía y Mira.

Cuencas donde se abastecen de aguas los pueblos de la región. Los casos de los ríos Quito, afluente del Atrato en el Chocó y El Sambingo en el Cauca, tributario del Patía, son dos casos emblemáticos de la contaminación con mercurio, la destrucción de sus cauces y de sus ecosistemas por la minería.

La contaminación con mercurio de los ríos del Pacífico está generando consecuencias catastróficas e irreversibles en el medio ambiente y en la vida de sus habitantes. La Defensoría del Pueblo ha denunciado desde hace varios años que en el Chocó el consumo de aguas contaminadas con mercurio está generando proliferaciones de enfermedades crónicas y centenares de muertes. La Contraloría General de la Nación también ha llamado la atención sobre los casos en Santander de Quilichao, Caloto, Caldono y Toribío en el Cauca.

En el Chocó el genocidio es enorme dado que la sola cuenca del río Atrato tiene 150 ríos y 300 mil quebradas y abarca una área de 40.000 km2, más del 90% del territorio chocoano. Un departamento donde el 82,8% de sus habitantes sufre de necesidades básicas insatisfechas y más del 58,7% vive en condición de pobreza extrema. En conclusión: en la Costa Pacífica colombiana la mayoría de sus habitantes están unidos por el color de la piel y las desdichas de los altos índices de pobreza, marginalidad y exclusión del Estado.